
Número 58,
noviembre de 2014
Nthabiseng Pheko y ocupantes del asentamiento informal
Bapsfontein c. Municipalidad Metropolitana de Ekurhuleni, Corte Constitucional
de Sudáfrica, 6 de diciembre de 2011
Ese caso se refiere a una sentencia de la
Corte Constitucional que armoniza el derecho de una municipalidad a evacuar
ciudadanos de una extensión de terreno considerada «área de
desastre». Aquí, la Corte sostuvo que la evacuación de los residentes
propuesta por la municipalidad sin orden judicial estaba en conflicto con el
artículo 26(3) de la Constitución y creó un fuerte baluarte en contra la
tendencia judicial previa a aceptar sin críticas el diagnóstico y la
prescripción del Estado respecto de condiciones de vida inseguras,
independientemente de cuán perjudiciales fueran para las personas afectadas.
Pheko deja claro que el grado de peligro
planteado por las condiciones de vida inseguras debe ser considerado por un
tribunal que considere todo el contexto de las propuestas efectuadas para
aliviarlas. Más específicamente, la Corte determinó que se debe analizar una
amplia gama de «circunstancias pertinentes”, incluso cuando el desalojo está
autorizado por una notificación no cuestionada expedida en términos de una ley
vigente, si era posible reacondicionar el barrio, si existía un plan de gestión
de desastre adecuado, si había habido alguna pérdida real de vida, si se habían
puesto o era razonablemente posible poner a disposición tierras alternativas, y
cuánto tiempo habían vivido los residentes en el barrio. La Corte, por lo
tanto, siguió los argumentos afirmados por SERI, una organización miembro de la
Red-DESC, en su amicus curiae.
De manera significativa, la Corte siguió
supervisando la implementación de la decisión después de 2011. En marzo de
2014, la Corte ordenó que se presentara otro informe sobre los avances logrados
respecto de la comunidad N 12 Highway Park, incluyendo las medidas tomadas a
fin de (i) asegurar la compra de las tierras identificadas para la reubicación;
(ii) proporcionar viviendas permanentes a la comunidad; (iii) asegurar que las
tierras designadas sean adecuadas para las viviendas; (iv) garantizar que se
cuente con servicios de ingeniería; (v) asegurar que todas las parcelas de tierra
tengan acceso a caminos; y (vi) garantizar que todas las parcelas de tierra
estén conectadas a las redes nacionales de agua potable y cloacas.
Para más información acerca del resumen
del caso, de la sentencia y otros documentos relacionados, por favor visite http://www.escr-net.org/es/node/365677 o
contacte con Daniela Ikawa (dikawa@escr-net.org).
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