Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

PREÁMBULO

Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el
2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran
riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en
que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.

Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la
mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de
poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos
migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del
espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de
pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población
urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales,
étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las
políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de
ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves consecuencias de esto son los desalojos masivos, la
segregación y el consecuente deterioro de la convivencia social.

Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social y político, son aún
fragmentadas e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo vigente.

Frente a esta realidad, y la necesidad de contrarrestar sus tendencias organizaciones y movimientos urbanos
articulados desde el I Foro Social Mundial (2001), han discutido y asumido el desafío de construir un modelo
sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y
justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo
rural. Desde entonces, un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con
las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, están construyendo una Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por
la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que
todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas
centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como
un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de
urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos
regionales e internacionales de derechos humanos,

En la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es
exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como
forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes del proceso de
urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta
urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos,
especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante todo, un instrumento
dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada a constituirse en plataforma
capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores – públicos, sociales y privados – interesados en darle
plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento legal,
implementación, regulación y puesta en práctica.

* Para ver el PDF, haga clic aquí.

Declaración del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias

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En el marco del U20, organizaciones sociales, movimientos populares, redes de la sociedad civil, integrantes de la academia y autoridades locales comprometidas con la igualdad, los derechos humanos y la sustentabilidad se reunieron en Buenos Aires para proponer un compromiso común por Ciudades Igualitarias.

A un año de los sismos: el proyecto de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

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El 7 de septiembre de 2017 un sismo con magnitud de 8.2 con epicentro en Chiapas, afectó gravemente comunidades de ese estado, así como de Oaxaca. En el segundo caso, los principales daños ocurrieron en el Istmo de Tehuantepec, Ixtaltepec, Juchitan, Ixtepec y muchas de las comunidades Binnizá (Zapotecas) e Ikoot (Huaves) fueron seriamente afectadas. El 23 de septiembre del mismo año, un nuevo sismo de magnitud 6.3 con epicentro en Ixtepec agravó el problema.