ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAN PONER FIN A LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN

28 de mayo de 2014

Las
organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda
preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de
comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Según
información verificada por las organizaciones locales y nacionales de derechos
humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente
conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de
seguridad privada participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y
El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al
aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En
ambos casos las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo, y
en el caso de la Trinidad incluso procedieron al desalojo violento sin mediar
palabra.

En la finca El Despertar las acciones
violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14 personas
capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que fueron liberados
posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre ellas cuatro
mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por varios días 
1. Cabe anotar que
entre los detenidos también se encuentran Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente
de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente
de Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes
gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión 
 de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014.
Después de su
liberación, los Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento
claro de criminalización y medida que
dificulta el ejercicio de la labor de
defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.

Luego de los desalojos las fuerzas de
seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas,
impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Sólo
después de diligencias 
de organismos nacionales e internacionales
de derechos humanos, el contingente permitió que las familias campesinas
retiraran sus pertenencias personales.

Durante los últimos años, hemos venido
monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del
Bajo Aguán,
inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos
humanos en 
marzo de 2011 2 , una audiencia temática ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, una
audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en
Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012,
3 y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el Compliance
Advisor Ombusman
de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el
caso del Bajo Aguán, en 2013 y 2014 
4. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación
de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una
década.

En el caso de las tres fincas San Isidro,
La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron
la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA , efectuada
en junio de 2012, 
después de un proceso legal de 18 años.
Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los
empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades
campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas
ilegalmente en 1994.
5

Cabe recordar también que el abogado de
los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado exitosamente para
obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
6, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones
Unidas 
7, tres relatores
especiales de Naciones Unidas 
8, la Unión Europea 9, y otras
instituciones condenaron el asesinato de 
Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él
como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido
amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las
autoridades.

En sus comunicaciones escritas y orales
con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo
indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente
relacionadas 
con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

El denominador común que
conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados
sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el
Bajo Aguán sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y
justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el
derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha
campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación,
los crímenes quedan en impunidad 
10.

Esperamos que el retiro de las
armas de fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la
Corporación Dinant el 22 de mayo 
11, ayude a reducir la violencia en la región. Con esto,
responde a la 
presión internacional e implícitamente
admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia anteriores. Al
mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también anunciara que están
construyendo casas para uso domiciliario de militares de la
operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena confusión de roles entre
entidades del Estado e interés corporativo.

En relación con los hechos del 21 de mayo,
las organizaciones firmantes demandamos el retiro de las medidas sustitutivas
dictadas contra las campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la
investigación exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los responsables;
y la garantía de la imparcialidad de la justicia en relación a la restitución
de las tierras de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, a
favor de los 
miembros del Movimiento Auténtico
Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

En relación con la situación general en el
Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años de la
realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de los
derechos humanos de las 
comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de
2012, en Tocoa:

Al Estado hondureño:

· Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos
los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el
Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de
estos hechos.

· Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la
violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.

· Adoptar medidas
efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

· No emprender más
desalojos forzosos.

· Buscar una solución integral, justa, pacífica y
sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las
disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones
campesinas.

· Regular debidamente el funcionamiento de las empresas
de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

A la comunidad internacional:

· Procurar que la cooperación internacional bilateral y
multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas no
contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto
irrestricto de los mismos.

· Revisar los acuerdos de cooperación financiera de la
cooperación internacional y bancos multilaterales con las fuerzas de seguridad
pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia,
hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

· Promover, en el marco de la cooperación, en particular
de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la
promoción de justicia y del pleno respeto de los derechos humanos.

· Suspender la cooperación internacional que promueva la
militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular en el caso
de la asistencia militar de Estados Unidos.

Estas demandas siguen vigentes. Las
organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la
situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario
es el más grave en 
términos del grado de violencia en contra
de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.


1 Las personas detenidas fueron: Jaime Adaly Cabrera Del Cid,; Walter Ernesto Cárcamo Lezama; Silverio Orellana Hernández; Carlos Omar Espinoza Velásquez; Berta Alicia Argueta Ramos; Ceyda Xiomara Alemán Mejía; José Luis Chávez Vásquez; Nolvia Lizeth Berrios Lezama; Yenis Sulay Rodríguez Velásquez.

2 Véase: http://www.fidh.org/IMG/pdf/honduras573ang.pdf

3 Véase: http://www.lawg.org/storage/documents/Honduras/declaration%20international%20public%20hearing%20bajo%20aguan.pdf

4 Véase: http://www.oxfam.org/es/dc/node/35412

5 Véase: http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2012.07.12_Joint_Statement_Honduras_Must_Guarantee_Judicial_Independence_SP.pdf

6 Véase: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2012/121.asp

7 Véase: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12581&LangID=E

8 Véase: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12612&LangID=E

9 Véase: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras/press_corner/all_news/news/2012/20120927_es.htm

10 Véase: http://www.hrw.org/es/news/2014/02/12/honduras-sin-justicia-en-la-ola-de-homicidios-vinculados-conflictos-por-la-tierra

11 Comunicado de la Corporación Dinant, Dinant Removes Firearms from Plantation Security Staff, 22 de mayo de 2014


* Para descargar el pronunciamiento, haga clic aquí.