Construcción de Presa El Zapotillo Implica Violaciones a Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a una Vivienda Adecuada, e Incumple Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


México DF, a 24 de abril de 2014

La Coalición Internacional para el
Hábitat
, Oficina para América Latina (HIC-AL) [1] denuncia la violación al derecho a una
vivienda adecuada [2] que, entre otros derechos humanos, causaría el desalojo forzoso de los habitantes
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo afectados por la imposición de la presa El
Zapotillo en los altos de Jalisco (México). Este derecho se encuentra
reconocido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4º), en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11.1) y en la Ley de Vivienda (artículo
2). La Observación General (OG) nº 7 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU, define el desalojo forzoso como:
«El
hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares y/o las
tierras que ocupan, en forma
permanente o provisional, sin ofrecerles medios
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a
ello”.[3]
En los Principios y Directrices sobre los
desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo
[4], que retoman y amplían previsiones establecidas
en la OG nº 7, se establecen una serie
de garantías procesales que las autoridades deberían respetar al llevar a cabo
un desalojo como último recurso.

En las múltiples vistas que HIC-AL ha llevado a cabo a Temacapulín ha
podido constatar de primera mano que estas garantías no han sido respetadas por
parte de las autoridades. Un ejemplo muy evidente de ello tiene que ver con lo
que los documentos internacionales antes mencionados prevén en relación con la
necesidad de que los agentes del Estado demuestren
que el desalojo es
inevitable, lo que deberá ser sustentado a través de una

justificación detallada de la decisión, en particular sobre la ausencia de
alternativas razonables al proyecto. Si bien representantes de las poblaciones
afectadas por el proyecto han estado participando en numerosas mesas de trabajo
con el gobierno del Estado para lograr que la cortina de la presa quedara de 80
metros, lo que evitaría el desalojo, el 10 de abril de 2014 a través de un
boletín de prensa el Gobierno de Jalisco informó de manera escueta que
reubicará e indemnizará a los afectados debido al hecho que esta propuesta es
inviable y que la cortina deberá llegar a 105 metros de altura. Lo anterior
deriva de una determinación de la Comisión Nacional del Agua que tampoco ha
sido motivada de manera detallada. Esta decisión además contraviene
la
Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 11 de
octubre de 2013, derivada de la Controversia Constitucional 93/2012 presentada
por el Congreso del estado de Jalisco, que ordena la construcción de la presa a
80 metros de altura.
[5]

Frente a
esta situación, HIC-AL solicita que las
autoridades, que con frecuencia se
ufanan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, pongan en
práctica las obligaciones en la materia y respeten la decisión del máximo tribunal
de la Nación en relación con la altura de la presa El Zapotillo evitando así el
desalojo forzoso de la población afectada.

Nos
solidarizamos con la extenuante lucha de los habitantes de Temacapulín, Acasico
y Palmarejo que por más de nueve años han buscado defender sus hermosos pueblos,
su territorio, sus costumbres y preservar el agua del Río Verde en beneficio de
las generaciones presentes y futuras y del ambiente.

C.C. Raquel Rolnik, Relatora Especial de la ONU
sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada


[1] HIC inició sus actividades en
1976, constituye una red internacional independiente y sin fines de lucro. Hoy
está conformada por más de 350 organizaciones populares y no gubernamentales,
académicos, institutos de investigación y capacitación y activistas en derechos
humanos que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda en alrededor de 120
países de todo el mundo.
Con status consultivo frente a la ONU, trabaja en la promoción, defensa y
concreción del derecho a la vivienda, a la tierra y al agua. Para mayores
informaciones se puede revisar hic-net.org
y www.hic-al.org

[2] El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha determinado que: «Los
casos de desalojos forzosos son prima
facie
incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo podrían
justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los
principios pertinentes del Derecho Internacional”
Por lo
anterior, se prevé que el Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos
forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros (como
empresas privadas) que los efectúen. OG nº 7
, párrafos 1 y 8, disponible aquí.

[3] OG nº 7, párrafo 3.

[4] Los Principios y Directrices son aplicables frente a
«acciones y/u omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o
involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y
los recursos comunes de propiedad que estaban ocupados o de los que éstos
dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un
grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar
particulares, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas
de protección jurídica o de otro tipo” (párrafo 4). Disponibles aquí. 

[5] El texto de la sentencia puede ser descargado aquí.