Miles de soldados ocuparon el Complejo da
Maré, en una zona estratégica de Rio de Janeiro, donde viven 130 mil personas
en quince favelas. Los
uniformados permanecerán hasta el 31 de julio para garantizar la «paz social”
durante la Copa del Mundo.
Cuando se cumplíamedio siglo del golpe de Estado que
irradió autoritarismo la región, dos mil soldados de la Marina y el Ejército a
bordo de dieciséis blindados ingresaron en el Complejo da Maré transportando
unidades del Batallón de Operaciones Especiales (bope) de la Policía Militar. Helicópteros tripulados con
tiradores de elite sobrevolaron la zona con vuelos rasantes dando cobertura a
las fuerzas de tierra en una operación acordada por los tres poderes de Brasil:
municipal, estatal y federal.
El operativo fue anunciado muchas veces y
se realizó con amplia cobertura mediática permitiendo que muchos milicianos del
narcotráfico emigraran hacia otras favelas donde la presencia policial es menor. En pocas horas detuvieron a 118
personas, incautaron fusiles de asalto, ametralladoras y droga, además de motos
y coches robados.
Los soldados peinaron algunas zonas casa
por casa pero debieron disparar al aire cuando una multitud se opuso al
trasladado de un joven herido de bala, mostrando las limitaciones de ese tipo
de intervenciones. El objetivo es implantar una Unidad de Policía Pacificadora
(upp) que estará integrada por
1.500 policías como ya se ha hecho en otras zonas. Sin embargo, el periodista
del diario El País señala que además las autoridades deberán«reforzar otras áreas que últimamente
parecen hacer escapado del control policial, como el Complejo de Alemán,
ocupado en 2010, y la favela Rocinha”.
Paz Olímpica
El Complexo da Maré es la mayor favela de
Rio. Pero a diferencia de las que se levantan en las laderas de los morros,
ocupa tierras planas ganadas a la bahía de Guanabara con rellenos y
nivelaciones. Son 15 comunidades con 130 mil habitantes entre tres grandes vías
de comunicación: la avenida Brasil, ocho carriles de intenso tránsito, las
Líneas Amarrilla y Roja. Un sitio estratégico por donde pasan las tres vías
rápidas de la ciudad que conecta con el aeropuerto internacional Antonio Carlos
Jobim (ex Galeão), lugar de arribo de miles de turistas para el Mundial y las
Olimpíadas.
La Maré combina las viviendas
autoconstruidas, típicas de las favelas, con edificios
precarios en malas condiciones. En Nueva Holanda predominan los conjuntos
habitaciones construidos por el Estado en la década de 1960, que se favelizaron por la pobreza,
la sobrepoblación y la falta de servicios.
Pese a la elevada densidad poblacional y
la abundancia de jóvenes, no hay lugares de esparcimiento ni equipamiento
cultural. Un desierto para pobres apilados.Maré, marea en portugués, se construyó en terrenos inundables poco aptos
para la especulación inmobiliaria. Dos bandas de narcotraficantes, Comando
Vermelho y Amigos dos Amigos, se disputan el territorio pero son los pequeños
transas, siempre adolescentes, las víctimas predilectas de la policía militar.
Escaldados por décadas de malos tratos,
los vecinos desconfían. «No va a mejorar nada, ya que en otras favelas lasuppfueron un fracaso”, dice un
comerciante. El coordinador de la ONG Observatorio de Favelas, Mario Simão,
asegura que «la población desconfía de las fuerzas policiales ya que están
asociadas a agresiones y falta de respeto” (El País, 30 de marzo de 2014).
A la larga lista de agresiones de la
Policía Militar contra la poblaciónfavelada, deben sumarse
antecedentes cercanos que avalan los temores. En 2007, en el marco de la
preparación de la ciudad para los Juegos Panamericanos, la ocupación militar
del Complejo de Alemán se saldó con la muerte de 43 personas y 81 heridos. En
junio de 2013, cuando millones de personas se manifestaban en las principales
ciudades sin que se produjera un solo muerto, el bope entró en el
Complejo da Maré persiguiendo a pequeños delincuentes. Mataron a un joven y un
sargento fue muerto por gente del barrio.
Poco después volvieron a guerra. Más de
300 policías, el siniestro caveirão (blindado que lleva por distintivo una calavera y sólo se usa en las favelas), helicópteros de apoyo y fusiles.
Dispararon contra los transformadores de luz para provocar apagones y cobijar
la masacre en la oscuridad. Dispararon a todo varón que estuviera en la calle,
entraron a las casas derribando puertas. Esa noche se saldó con diez muertos,
incluyendo al sargento. Todos varones. Todos pobres y casi todos negros. El
mayor tenía 42, los dos menores 16. La propia policía reconoció que hubo «tres muertos
inocentes”, como si los
demás fueran culpables.
Orden Ministerial
En diciembre fue aprobada la Ordenanza
3.461 del Ministerio de Defensa que prevé la utilización de las fuerzas armadas
para mantener el orden interno. La decisión estuvo estrechamente ligada a los
llamados megaeventos, los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial Fútbol. «Vamos a
restablecer la presencia del Estado”, dijo el general Ronaldo Escoto, comandante la llamada Fuerza de
Pacificación. Una de las tareas centrales de los uniformados la definió como «patrullaje de
satruación”.
Según un informe del organismo de derechos
humanos Justicia Global, el 29 de marzo, la víspera de la ocupación, un juez
penal de Rio «expidió una orden colectiva de búsqueda y aprehensión, autorizando a la
Policía a ingresar en las viviendas de la población”. La figura jurídica de la «orden
colectiva” es duramente criticada por juristas y abogados por criminalizar la
pobreza ya que se utiliza sólo en las favelas. La orden
colectiva permite el allanamiento de las casas en dos favelas de Maré, Nova
Holanda y Parque União.
El Observatorio de Favelas informó que el
domingo 30 se realizó en Maré un encuentro entre organizaciones de la sociedad
civil de esa favela en el que se debatió e problema de la «orden colectiva”.
Los participantes entienden que están ante una actuación ilegal del Estado que
será denunciada ante la justicia en los próximos días.
El 31 de marzo el diputado federal Chico
Alencar (psol) criticó la figura
de la orden colectiva por ser«una herramienta jurídica que convierte a todo habitante de una favela
en sospechoso y por extensión ve a la favela como territorio enemigo”. El sociólogo Cândido Grzybowski,
director de Ibase, denunció que «la política de seguridad actual se dedica a proteger a la ciudad de las
favelas y de sus habitantes en vez de garantizar derechos iguales en cuanto a
la seguridad, de no sufrir violencia para todos los que vivimos en Rio de
Janeiro”.
En opinión de Justicia Global, que trabaja
en la denuncia policial y defensa de losfavelados, las prácticas policiales en esos territorios violan los derechos de
las personas utilizando figuras genéricas, para encubrir las ejecuciones
sumarias de la policía, como «auto de resistencia” y «resistencia seguida de muerte”.
En la opinión pública comienza a abrirse
paso la necesidad de desmilitarizar las fuerzas de seguridad. La Policía
Militar surgió a principios del siglo XIX para proteger a la familia real bajo
el nombre División Militar de la Guardia Real de Policía de Rio de Janeiro. Se
consolida como policía justamente después de la abolición de la esclavitud,
cuando se especializa en proteger a las elites de los pobres. Durante la
dictadura militar (1964-1985) el papel de la Policía Militar fue muy destacado
en la persecución de los opositores.
Pero fue a raíz de las manifestaciones de
junio que la Policía Militar volvió a ocupar un lugar destacado en el debate
político. Los organismos de derechos humanos presentaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de laoeamás de 200
casos de violaciones ocurridas desde las protestas de junio de 2013. Brasil es
uno de los pocos países en los que esta policía depende de las fuerzas armadas
y está amarrada a su estatuto militar.
En ese sentido, Justicia Global enfatiza
que la desmilitarización que se reclama no consiste sólo en poner fin a la Policía
Militar como corporación sino, sobre todo, en «enfrentar un modo de funcionamiento,
modos de gobernar, trabajar y vivir” que se arrastran desde el período colonial
esclavista.
–Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y
La Jornada y es colaborador de ALAI.
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