
Llegan noticias
de los que viven de y en el campo. De tierra adentro. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC) Vía Campesina (VC) difundió este viernes un comunicado para celebrar
los 20 años de la rebelión zapatista en Chiapas. Y al día siguiente difundió un
manual para jueces sobre la protección de los derechos de los campesinos. Este
material fue elaborado en conjunto con la oficina regional de la Coalición Internacional del
Hábitat, FoodFirst
Information and Action Network (FIAN) Internacional y la Red Iberoamericana de Jueces.
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Video: Gobierna EZLN a 200.000 indígenas.
Empecemos por la
carta de CLOC-VC a los campesinos de Chiapas, del resto de México y de otras
partes del mundo. «Aquel 1994 navegaba en tiempos donde germinaban y
fructificaban luchas en América Latina (sembradas y cultivas durante muchos
años), a pesar de la ofensiva neoliberal que azotaba (y azota) a los pueblos
del mundo”, dice la secretaría operativa de la organización. En aquel tiempo México ingresaba al área de libre comercio de
América del Norte, con EE UU y Canadá. «No caben dudas de lo que
significó para nosotras y nosotros el digno y rebelde alzamiento zapatista de
enero de 1994, destelló iluminando nuestras luchas allí donde estuviéramos,
fortaleció y agrandó nuestras esperanzas, allí en la trinchera o el camino, la
montaña o la selva, el barrio o la villa, la comunidad, el cantón, el
campamento o asentamiento, sea en el campo o la ciudad, en las fincas, en el
arduo trabajo rural, o en las aulas de las universidades, en fábricas, en las
cárceles, en el monte… en todos los rincones fue oxígeno rebelde, con el que se
avivaron las llamas de las luchas populares y aun las brasitas y cenizas de luchas
pasadas que algunos creían (o deseaban) apagadas”, señala la CLOC-VC. En 1999
llegaría al poder en Venezuela Hugo Chávez, que emprendió una reforma agraria y
que es reivindicado por la organización campesina latinoamericana. En 2003,
accedería al Gobierno brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los
Trabajadores (PT), que aceleraría una tibia redistribución de tierras, que
continúa su correligionaria Dilma Rousseff. En 2006 comenzó en Bolivia la
administración del campesino Evo Morales, que emprendió su reforma. Al año
siguiente fue el turno en Ecuador de Rafael Correa, que aún están por lanzar la
suya.
Pero la lucha
campesina aún es ardua en todo el continente, incluidos los países mencionados.
El manual para guiar a los jueces les recuerda los derechos de los que trabajan
la tierra y analiza 25 casos judiciales de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Guatemala y México. En el primer capítulo, Sofía Monsalve
Suárez, de FIAN Internacional, pregunta y responde «por qué es necesario
aumentar la protección judicial de los derechos humanos de las campesinas y
campesinos”. Comienza contando que en el mundo hay 1.200 millones de
campesinos, de los cuales el 10% es de Latinoamérica. En esta región se
emplazan 17,5 millones de explotaciones: 11 millones de subsistencia, 6
millones de agricultura comercial y medio millón de agricultura empresarial. En
el país más extenso de América Latina, Brasil, los campesinos producen el 70%
del frijol, poroto o judía, el 46% del maíz, el 58% de la leche, el 34% del
arroz, el 59% de la cría de cerdos y la mitad de la de aves, es decir, son
clave para la alimentación básica.
Pero Monsalve
advierte de que los campesinos han sido «deliberadamente invisibilizados y
condenados a desaparecer a medida que avanza el desarrollo y la modernización”
de las sociedades. «Las violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos,
raramente percibidas por los gobiernos, la justicia y la opinión pública en
general, son quizá la muestra más flagrante de la opresión social, económica y
cultural a la que prácticamente todas las sociedades contemporáneas han
sometido al campesinado”, añade la autora.
De los 120 millones de campesinos latinoamericanos, 62 millones
son pobres y 35 millones no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación.
De los 53 millones de latinoamericanos con hambre, dos tercios viven en el
campo. El comité asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha buscado
razones: la expropiación de tierras, desalojos y desplazamientos forzosos, la
discriminación sexual, la ausencia de reforma agraria y de políticas de
desarrollo rural, incluidos los sistemas de riesgo y de semillas –cita a Cuba,
Japón, China y Taiwán como ejemplos positivos-, la falta de salarios mínimos y
de seguridad social, los escasos ingresos de los campesinos no asalariados y la
represión y penalización de los movimientos de defensa de los derechos de las personas
que trabajan en zonas rurales, como en Brasil, donde entre 2001 y 2010 ha
habido más de 10.000 conflictos territoriales, con 6 millones de agricultores
afectados, 360 de ellos asesinados, según la Comisión Pastoral de la Tierra.
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Video: comunidades indígenas celebran el 20 aniversario del EZLN en Chiapas.
Monsalve añade una
lista de problemas específicos de los campesinos en el acceso a la justicia. En
eso influyen la distancia física de los tribunales, los costes de los litigios,
la ausencia de tribunales agrarios en muchos países, la morosidad para impartir
justicia, la reciente incorporación de los derechos sociales a las normas
constitucionales y su falta de comprensión e interpretación jurídica sobre cómo
aplicarlos a las cuestiones agrarias, las lagunas en la legislación agraria
para proteger los derechos de los campesinos, la existencia de legislaciones
contrarias a sus derechos –nombra a Ecuador y Bolivia como países que han
reformado este tipo de normas- e impunidad «rampante” de los responsables de crímenes –en el
estado brasileño de Pará, en la Amazonia, entre 1982 y 2008 unos 687 campesinos
fueron asesinados, pero solo en 259 casos la Policía los investigó, en 144 se
abrieron procesos penales y 18 terminaron en condenas contra 18 sicarios y nueve
autores intelectuales, pero ninguno de estos nueve ha ido a prisión porque está
prófugo o ha apelado la sentencia-. También alerta sobre la penalización de
la protesta social y lasviolaciones de los derechos humanos por la
discriminación en el acceso a la justicia y por las relaciones de poder
altamente desiguales en las zonas rurales.
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