Argentina: La función social de la propiedad

Un conjunto de organizaciones sociales,
gremiales, políticas y académicas realizó ayer una conferencia de prensa en el
Anexo de la Cámara de Diputados para reclamar la inclusión de la función social
de la propiedad en el nuevo Código Civil. Los referentes reclamaron la
reincorporación del concepto eliminado en el dictamen de mayoría y que se
incluyan otras herramientas jurídicas que permitan mejorar el acceso al suelo,
el territorio y la vivienda adecuada.

Con la presencia de una gran cantidad de organizaciones, el
presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky,
enfatizó en la apertura que «el acceso a la tierra urbana y rural es el
problema social más grave que tiene la Argentina y es irracional prestar tanta
atención a sus consecuencias, como la inseguridad, la violencia y el comercio
de narcóticos y no ocuparse de la causa, que son las condiciones intolerables
de vida de millones de personas”.

Distintos referentes hicieron uso de la palabra en
representación de distintas organizaciones que adhirieron al planteo. Entre
otras, Habitar Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena, CTA,
Movimiento Evita, Curas en Opción por los Pobres, Instituto del Conurbano de la
Universidad de General Sarmiento, Foro de Organizaciones de Tierra e
Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Las intervenciones resaltaron la relación que existe entre
las dificultades del acceso al suelo, la tierra y la vivienda y otro tipo de
conflictos sociales que generan violencia y exclusión. Javier Goldín, de la Red
Habitar, apuntó que esta falta de regulación por parte del Estado deja
huérfanos a los sectores populares que se vuelven más vulnerables frente a los
mercados informales. «Pueden decidir no atenderlos, pero los pobres en algún lado
tienen que vivir”, afirmó.

El diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, se
refirió al peso de la falta de tierra y vivienda para los sectores de menores
recursos en las barriadas del conurbano. También remarcó el compromiso de
seguir generando espacios de debate para que el código se enfoque en la
inclusión de las necesidades de los sectores populares. Raúl Fernández Wagner,
del Instituto del Conurbano (UNGS), subrayó la necesidad de incorporar medidas
como, por ejemplo, en Brasil, con impuestos progresivos al suelo ocioso y una
prescripción adquisitiva reducida a 5 años. Por su parte, desde el Movimiento
Nacional Campesino Indígena, Victoria Gauna sostuvo que «de la función social
de la propiedad depende que el campesinado siga existiendo en la Argentina”.