Hallazgos y recomendaciones preliminares de la Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda / Guayaquil (Ecuador), septiembre 25 y 26 del 2013


BOLETIN DE PRENSA

Guayaquil, septiembre 27 del 2013.- Concluyó en
Guayaquil la Misión Internacional de Verificación (MIV) sobre el Derecho a la
Vivienda Adecuada integrada por la Coalición Internacional para el Hábitat
(HIC, por sus siglas en inglés), el Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Durante dos días, las y los Comisionados tuvieron
oportunidad de reunirse con pobladores de sectores de Monte Sinaí, Nueva
Prosperina e Isla Trinitaria, académicos, estudiantes, profesionales y técnicos
en un foro sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, así como el
responsable regional del MIDUVI (por instrucción de la Gobernadora del Guayas,
a quien se había solicitado audiencia) y el Secretario General del Municipio de
Guayaquil. Durante las visitas, concedieron algunas entrevistas a medios de
comunicación local y nacional (prensa y televisión). A su regreso a Quito,
integrantes de la Misión fueron convocados a las instalaciones de la Asamblea
Nacional para un encuentro con un representante de minoría de la comisión que
está discutiendo una reforma a la Ley 88 de legalización de la tenencia de
tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios en los cantones de
Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.

Las cuatro redes regionales e internacionales de
derechos humanos recogieron testimonios de mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s,
adultos mayores, población refugiada colombiana asentada en barrios afectados y
amenazados con desalojos desde marzo del presente año y algunas de las personas
que han sido reasentadas. Escucharon antecedentes y análisis de la problemática
del acceso y tenencia de la tierra en la región y conocieron informaciones
generales de las motivaciones y acciones que las autoridades nacionales y
municipales están llevando a cabo respecto a los desalojos, la legalización de
la tenencia, los planes de vivienda e introducción de servicios y equipamientos
y el manejo de áreas de reserva y zonas costeras.

De todos estos intercambios ha surgido una enorme
preocupación por las diversas violaciones al derecho a la vivienda y otros
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se han
presentado en estos procesos. Se constata una grave falta de cumplimiento a
normas y procedimientos tanto nacionales como internacionales, entre los que se
puede incluir la omisión de proveer información oportuna y suficiente a la
población afectada, realizar consultas y explicar claramente los planes y
programas para el reasentamiento, compensación e indemnización, la falta de
diálogo y el ofrecimiento de alternativas adecuadas y suficientes para la
población afectada.

A la vez, hay que destacar las evidencias de
despliegue y uso excesivo de la fuerza pública, que ha incluido a miembros de
la fuerza terrestre, marina y vigilantes de tránsito, en los operativos de
desalojo desarrollados entre mayo y julio pasados en los tres sectores antes
mencionados, actos de violencia y prepotencia de autoridades involucradas que
han generado una grave sensación de angustia y que tienen a la población
viviendo en zozobra e inseguridad respecto a su futuro inmediato. Se han
recibido incluso testimonios de criminalización y persecución de las y los
líderes de las comunidades por su oposición y resistencia a estos procesos, así
como denuncia de algunas personas que han sido encarceladas arbitrariamente.

Por su parte, los proyectos de vivienda en los que se
está reasentando a la población desalojada presentan diversos problemas,
incluyendo el reducido tamaño de los espacios ofrecidos (36 m2), la
inadecuación de los materiales empleados (que dan solidez estructural pero no
ofrecen ventilación, iluminación ni temperatura interior apropiada en una zona
de clima caliente), no garantizan acceso regular y de calidad a agua y
saneamiento, y están alejados de los lugares donde antes habitaban algunas de
esas familias. En particular, las nuevas ubicaciones representan un gran reto
social para la convivencia y la reconstrucción del tejido urbano, dado que las
familias provienen de diversos sitios y en la mayoría de los casos no se
conocen; y, al mismo tiempo, una presión económica significativa para personas de
muy escasos recursos, ya que tendrán que afrontar el pago de al menos el 10%
del costo total de la vivienda (unos USD 13,500).

Frente a este panorama, y en función de lo conversado
con los diversos actores y sectores durante la visita, las y los comisionados
adelantaron algunas recomendaciones iniciales que puedan contribuir a resolver
la situación de tensión, zozobra e incertidumbre que hoy afecta a alrededor de
300.000 personas (equivalente al 10% de la población de la zona metropolitana
de Guayaquil) y orientar la actuación de las autoridades en el futuro
inmediato. Entre ellas se encuentran: a) determinar un alto total a los
desalojos y a las prácticas de amenazas y presión a las comunidades de los
sectores mencionados; b) establecer una mesa de diálogo multisectorial que
permita, en pie de igualdad, un acercamiento entre autoridades y población para
compartir información completa, oportuna y veraz de los planes y proyectos de
reasentamiento y vivienda en la zona, se escuchen las preocupaciones y propuestas
de las comunidades y se llegue a acuerdos respecto a las medidas a aplicar,
prestando particular atención a las personas en situación de vulnerabilidad
(mujeres solteras jefas de hogar, niñas y niños, personas de la tercera edad,
personas con capacidades especiales y problemas crónicos de salud, refugiados y
solicitantes de asilo); c) considerar e incluir las propuestas de reforma de
artículos a la Ley 88 que han presentado los pobladores de Monte Sinaí; d)
diseñar y poner en marcha un programa de capacitación a funcionarios públicos
en materia de derechos humanos y políticas urbanas y de vivienda.

Durante los próximos tres meses, la Misión producirá
un informe detallado que será entregado a autoridades nacionales y locales, a
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Relatora
Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada y a ONU-Habitat.

Por la Misión Internacional de Verificación
Billy Navarrete Benavides, Secretario Ejecutivo del CDH

Coordinación Regional, PIDHDD
Quito – Ecuador, www.pidhdd.org

* Para descargar el boletin de prensa en pdf, haga clic aquí.

* Para mayor información, consulte los siguientes enlaces de prensa sobre la misión:

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/41909-miembros-organizaciones-ddhh-visitaron-afectados-monte-sinai

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/26/nota/1497271/mision-ddhh-trabaja-invasiones

http://www.elcomercio.com/pais/desalojos-Guayaquil-obra_social-mision-vivienda_0_1000100043.html

http://m.eluniverso.com/noticias/2013/09/24/nota/1490176/mision-llega-monte-sinai.html

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/item/redes-internacionales-de-dd-hh-verifican-situacion-de-desalojos.html