
Desde el primer momento en que nos contactamos con Ana Sugranyes, tuvo
total disposición para ser entrevistada. En un día lluvioso y acompañados
de un té de jengibre, nos recibió cordialmente en las oficinas de HIC para
conversar distendidamente sobre las políticas habitacionales y el derecho a la
ciudad.
¿Qué entienden ustedes como organización
respecto al «derecho a la ciudad”?
La ciudad es un proceso de cambio, en el
cual la ciudadanía tiene el derecho de recuperar la ganancia que produce la
ciudad. El «derecho a la ciudad” es entonces una bandera de lucha por la
redistribución de los bienes comunes; es un tema de ciudadanía, de hacer
ciudades que correspondan al «buen vivir”. Para más antecedentes, puedes
consultar nuestro libro «Ciudades para todos: por el derecho a la ciudad,
propuestas y experiencias”.
La primera persona que formuló el concepto de «derecho a la ciudad” fue Henry
Lefebvre en el contexto francés del 68´. Desde finales de los años ‘80, desde
HIC (Habitat International Coalition) –una red de 300 organizaciones de la
sociedad civil en 120 países luchando por los derechos al hábitat y la justicia
social– lo hemos venido trabajando, sobre todo con contribuciones de Brasil.
Allí había una lucha muy amplia en la
que coincidían pobladores, sindicatos, la Iglesia con un papel muy importante,
el Partido de los Trabajadores (PT), que era de oposición en ese entonces. Se
retomó la idea de pensar la ciudad en función de los derechos económicos,
sociales y culturales, DESC, entre los cuales está el derecho a la vivienda.
Estos derechos son indivisibles e interdependientes: el derecho a la vivienda
cruza el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a la movilidad;
hablamos entonces de los derechos de todas y todos de hacer ciudad.
La lucha por el derecho a la ciudad en
Brasil, entre los años 80´y 90´, logró la aprobación de un conjunto de leyes,
el Estatuto de la Ciudad, donde entre muchos aspectos, sobresale la
participación ciudadana, con mecanismos de participación vinculante de la
población en las decisiones de la ciudad; un desafío, del cual distamos mucho
aquí en Chile.
Posteriormente, en el marco del
Foro Social Mundial, formulamos la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad, basada en la función democrática de la ciudad, la función social de la
propiedad y del suelo –tema complejo en Chile–, el reconocimiento de la
participación ciudadana vinculante –tema ausente en Chile–t y otros aspectos
relacionados a los derechos humanos colectivos del «buen vivir” en el
territorio.
¿Cómo se aplica hoy el concepto de
«derecho a la ciudad”?
En la práctica, se ha logrado colocar esta dimensión territorial de derechos
humanos la formulación de las Constituciones de Ecuador y Bolivia; también
existe ahora la Carta por el Derecho a la Ciudad en el D.F. de México y sus
veinte millones de habitantes.
Un geógrafo connotado, David Harvey, dos
veces nos lo ha venido a explicar aquí en Santiago. De las enseñanzas de
Harvey, hemos aprendido que, a final de cuenta, la construcción del derecho a
la ciudad es un tema de ciudadanía; llegar a los instrumentos legales que
garanticen el derecho a la ciudad es un proceso largo que depende, ante todo,
del poder en la calle.
En Chile, el tema del derecho a la ciudad es un discurso más, que está usado
por unos y otras. Los primeros en considerarlo fueron los de Ciudad Viva, y lo
llamaron los «derechos urbanos.”
Es una lucha de largo aliento, porque
estamos enfrentados a una falacia: las políticas públicas y especialmente las
que tienen una connotación territorial no tienen en cuenta el enfoque de los
derechos humanos. Creo que en materia de salud, con el Auge, algo está pasando;
en materia de educación, con los estudiantes en la calle, también pasa algo.
Sin embargo, en los temas de vivienda,
territorio y ciudad, no pasa nada. La consagración total de la propiedad
privada como eje constitucional se contradice a todo enfoque de derechos
humanos colectivos. Pero vamos avanzando. Es así como ya por segunda vez
estamos realizando estudios para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en
el que se precisa el alcance y estándar del derecho a la vivienda en Chile.
Primero se hizo un estudio para entender dónde la normativa cruza, o no cruza,
la especificidad del derecho a la vivienda adecuada; ahora, con la Corporación
SUR, otro estudio para caracterizar los sectores vulnerables al derecho a la
vivienda en Chile. Estos son pasos; hay otros, sociales, políticos y técnicos
en los que vamos avanzando en distintos frentes.
Desde hace años ya, hemos puesto el tema
en el tapete: consideramos que el concepto subsidiario de la supuesta «política
habitacional” responde a criterios de de una política de financiamiento para el
acceso individual a la vivienda, pero no guarda relación alguna con todos los
elementos necesarios de una política habitacional: el territorio, la sociedad,
las condiciones de vida de las colectividades en el territorio.
Las políticas de vivienda han sido
definidas por el subsidio habitacional desde hace 35 años ya, en tiempos de la
dictadura con los primeros ensayos de la erradicación de los campamentos, no
siendo ésta una política de vivienda sino que de ciudad: a principios de los
80´, el Estado definió la ciudad que conocemos hoy, esta ciudad segregada, ya
sea en términos políticos, de gobernanza y de calidad de vida de cada
habitante.
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