
El derecho a la ciudad es
una respuesta democrática que integra a la vez los derechos de los ciudadanos y
los criterios urbanísticos que hacen
posible su ejercicio, en especial la concepción del espacio público.
La calidad del espacio
público es un test fundamental para evaluar la democracia ciudadana. Es en el
espacio público donde se expresan los avances y los retrocesos de la democracia
tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales. El espacio
público entendido como espacio de uso colectivo es el marco en el que se tejen
las solidaridades y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las
demandas y las aspiraciones y se contrastan con las políticas públicas y las
iniciativas privadas. Y es en el espacio público en el que se hacen visibles,
por presencia o por ausencia, los
efectos disolutorios o excluyentes de las
dinámicas urbanas actuales.
¿Qué se reivindica o se
denuncia en el espacio público?
Todo. La demanda de
vivienda y la oposición a los desalojos. El agua (o su coste) y el transporte.
Equipamientos culturales o deportivos y escuela. Limpieza y seguridad.
Transporte y aire limpio. Plazas y espacios verdes y buena imagen del barrio.
Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y animación urbana. Todo junto.
Si falta alguno de estos elementos, y otros no citados, los que se poseen se
descualifican. ¿A caso podemos ejercer
de ciudadanos si vivimos en un polígono lejos de todo o en un barrio degradado
y criminalizado? O sin acceso a un transporte público que nos permita ejercer
nuestro derecho a la movilidad?
Pero también en el espacio
público se reivindican derechos no específicamente urbanos (en sentido físico),
también derechos de otra índole, sociales, económicos, culturales, políticos.
El empleo, la denuncia de la precariedad, la renta básica y la formación
continuada. El acceso a la educación y sanidad públicas, a la cultura y a la
comunicación (incluida la virtual). La identidad cultural barrial y étnica, la
diversidad de orientación sexual y religiosa. La igualdad político-jurídica de
todos los residentes en la ciudad, es decir la «ciudadanía por residencia” (no
únicamente por nacionalidad).
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