Día Mundial del Hábitat
¡No más lucro! Por nuestro derecho a la tierra, a
la vivienda y a la ciudad
En los últimos años, documentos de todo tipo no se
cansan de repetir un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia de
la humanidad la mitad de la población global del planeta, unos 3 mil 400
millones de personas, vive en ciudades. Se espera que en cuarenta años ese
porcentaje llegue a las tres cuartas partes, por supuesto con muchas
diferencias entre regiones y países.
La tendencia a la concentración de la población no
sólo no se cuestiona sino que se presenta como irreversible, y se insiste en
hablar de nuestro «futuro urbano”. Visiones pendulares, extremas, que no
alcanzan para explicar bien la realidad que nos rodea: de los aforismos que
hacen apología de la vida en las ciudades y su rol en relación a las áreas
rurales como «motores del desarrollo” o «imanes de esperanza”, a la
apocalíptica denuncia de que vamos camino a tener un «planeta de tugurios”. En
ambos casos, poco se dice de la responsabilidad diferenciada de los actores
sociales, de la relación entre el mundo urbano y el rural, y de los matices y
posibilidades para transformar el proceso.
La concentración del poder económico y político,
ciertamente agravado a partir de la dogmática y reiterativa aplicación de las
salvajes políticas neoliberales surgidas del Consenso de Washington, es un
fenómeno de explotación, despojo, desigualdad, exclusión y discriminación cuyas
dimensiones espaciales son claramente visibles: ciudades duales, de lujo y
miseria, vecinas y amuralladas; miles de inmuebles vacíos y miles de personas
sin un lugar decente donde vivir; tierra sin campesinos, sometidas a
agro-negocios, privatización y acumulación acelerada y concentrada en pocas
manos de los bienes comunes y la riqueza generada colectivamente. Muchas
décadas de falta de apoyos a la producción familiar rural en pequeña escala y
propaganda cada vez más agresiva que ensalza el consumismo urbano siguen
expulsando a millones de mujeres y hombres jóvenes de sus lugares de origen y
dejándolos sin opciones viables.
Las
condiciones y reglas que nuestras sociedades han creado están condenando a la
mitad de las y los habitantes del mundo a vivir en absoluta miseria, mientras
la desigualdad crece tanto en el norte como en el sur. En algunos países de
América Latina y África los asentamientos populares y precarios son hogar de
más del 60% de la población.
Lo que encontramos en el territorio es consecuencia
de acciones y omisiones de diversos actores (las decisiones tomadas por
pequeños grupos afectan la vida de las mayorías); pero, al mismo tiempo, es
posibilidad y condición para la reproducción y/o transformación de procesos y
relaciones sociales complejas, para la profundización o la disminución de las
desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que tienen a
nuestras sociedades partidas en dos.
¿Qué oportunidades estamos ofreciendo a las y los
jóvenes si el 85% de los nuevos empleos a nivel global se crean en el llamado
sector informal de la economía? ¿Qué clase de ciudadanos y de democracia están
produciendo estas macro políticas y sus consecuencias territoriales? La
ciudad-negocio para unos pocos vale más que el derecho a la ciudad para tod@s. El
apartheid, en sus varias dimensiones, sigue visiblemente vigente entre
nosotros.
No es una novedad para nadie que, especialmente en los
últimos 30 años, muchos gobiernos han prácticamente abandonado su
responsabilidad frente a la planea planeación urbano-regional, permitiendo una
especulación escandalosa y la acumulación de ganancias exponenciales de parte
del sector inmobiliario. Al mismo tiempo, las políticas vigentes ignoran o
incluso criminalizan los esfuerzos individuales y colectivos de la población de
menores ingresos por obtener un lugar digno donde vivir. Según afirman diversos
estudios, entre el 50 y el 75% de los espacios habitables -no sólo viviendas
sino incluso barrios enteros- del sur del mundo son resultado de las
iniciativas y esfuerzos de la gente, sin o con muy poco apoyo de los gobiernos
y otros actores sociales.
Hace ya mucho tiempo que venimos hablando de la
urgente necesidad de una reforma urbana, solidaria de la reforma agraria. Los
principales componentes de nuevos paradigmas y prácticas sociales alternativas
de producción y disfrute de los asentamientos humanos, democráticos, incluyentes,
sustentables, productivos, educadores, habitables y seguros, han sido parte de
los debates, propuestas y experiencias concretas de movimientos sociales, redes
nacionales e internacionales, sindicatos, profesionales y técnicos,
instituciones académicas y activistas de derechos humanos en diversos países en
los últimos 50 años.
Miles de personas y decenas de organizaciones y
redes han participado de los debates, elaboración, firma y difusión de la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Declaración
de los Derechos de Campesinas y Campesinos, evidenciando no habrá derecho a
vivir dignamente en las ciudades sin el derecho a vivir dignamente en el campo.
Considerando que esas categorías no son estáticas -y hoy más que nunca se están
viendo cuestionadas por yuxtaposiciones y mixturas varias-, el derecho a la
ciudad nos obliga a mirar el territorio y los lugares donde vivimos de una
manera más integral y compleja. Los fenómenos ambientales (ecosistemas,
cuencas, climas, etc.), sociales (migraciones), económicos (circuitos de
producción, distribución, consumo y desecho), políticas (marcos legales,
políticas y programas) y culturales (idiomas, tradiciones, imaginarios)
entretejen relaciones y procesos que los vinculan estrechamente. Nuestras
luchas no pueden ser cómplices de una visión dualista que los mantiene
separados y enfrentados, en una relación que es más de competencia y
explotación que de complementariedad y equilibrio.
Debemos retomar y profundizar esta perspectiva si
queremos que la reforma urbana avance como propuesta de cambio de paradigma
frente a lo que muchos no dudan en llamar una «crisis civilizatoria”. Tal y
como lo estamos planteando, creemos que los valores y propuestas que contiene
el derecho a la ciudad presentan varios puntos en común con las cosmovisiones
milenarias del buen vivir que han cobrado particular relevancia política
y programática en la última década. Así, ambas propuestas ponen a los seres
humanos y las relaciones entre sí y con la naturaleza (entendidos como parte de
ella, y ella como algo sagrado) en el centro de nuestras reflexiones y
acciones; consideran la tierra, la vivienda, el hábitat y la ciudad como
derechos, no como mercancías, priorizando la función social de la propiedad y
el bien común definido colectivamente, contra la especulación, el acaparamiento
y los megaproyectos; profundizan la concepción y el ejercicio de la democracia,
no sólo representativa sino también y sobre todo directa, participativa y
comunitaria; impulsan los derechos colectivos y no sólo los individuales; conciben
y alimentan un hábitat productivo y una economía para la vida y para la
comunidad, y no para las ganancias de unos pocos; ejercitan la
complementariedad y la solidaridad, no la competencia salvaje; respetan,
fomentan y garantizan la multiculturalidad y la diversidad, contra la
discriminación y la imposición de modelos homogeneizantes.
Ni las personas ni el planeta aguantan más. Está
claro que es necesario un cambio radical en los modos de producir, distribuir y
consumir, pero también en los referentes simbólicos y los valores que rigen
nuestra vida en sociedad si de verdad queremos hacer posible el buen vivir para
tod@s en nuestras ciudades, pueblos y comunidades.
Lorena Zárate
Presidenta de HIC
1° de octubre de 2012
Habitat International Coalition (HIC) – Presidencia
Tacuba #53, 1er.
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