PRESENTACIÓN
Las tensiones entre mercado y Estado -empresarios e interés colectivo subieron de intensidad en este período.
Entre la vuelta de vacaciones y la instalación de la mesa de diálogo
con los estudiantes, la atención del gobierno estuvo fundamentalmente
centrada en cómo enfrentar la multiclasista e intergeneracional
movilización encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile
(CONFECH) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES),
la que cuestionó las bases de la organización económica y política del
país. Asediado por una insatisfactoria gestión, el aumento del disenso
en la Alianza y el derrumbe de su aprobación pública, el Ejecutivo se
vio obligado a incrementar la presencia de históricos líderes UDI en su
gabinete. Sin un diseño público claro, continuó su política de
protección de los consumidores y privatizaciones, y propuso reformas
políticas parciales escabullendo el cambio efectivo del binomina
l. En su entorno se reiteraron los conflictos de interés, la mala
conducta empresarial y los proyectos amenazadores del medio ambiente. La
relación del gobierno con la oposición parlamentaria fue errática y la
Concertación vivió sus peores momentos internos y frente a la
ciudadanía.
En este contexto político la evolución positiva de los indicadores
económicos resultó más transitoria de lo que se esperaba. En julio y
agosto el crecimiento se desplomó desde 7% a 4% anual, y el mercado
laboral continuó siendo estrecho y las remuneraciones se estancaron,
echando un balde de agua fría al optimismo futuro. La reconstrucción
fue lenta y la ejecución presupuestaria débil, de modo que la
incertidumbre no sólo se incrementó por la crisis financiera global,
sino también por los riesgos que afectan a pequeños accionistas y
trabajadores en sus fondos de pensiones.
Dificultades similares se observaron en materia de política social. Las
extraordinarias ganancias de la ISAPRES junto con las alzas de precios
de sus planes, la ley corta y el proyecto de ley que reforma el
sistema de salud abrieron el debate sobre este derecho y el lucro en el
sistema. En el área previsional las rentabilidades para los últimos
seis años pusieron un signo de duda sobre el futuro de quienes están
por jubilar. Estos problemas mostraron la crisis del modelo mercadista
en la provisión de educación, salud y protección social, reabriendo la
discusión tanto en el gobierno como en la oposición sobre la
construcción de un moderno Estado de bienestar.
La atención pública centrada en la movilización estudiantil y sus
demandas, silenció los temas de género, pueblos originarios y
comunicación, ante lo cual el gobierno sacó partido. Así, los derechos y
situación de la mujer perdieron su condición de sujeto prioritario de
la política pública y las iniciativas presentadas apuntaron a la
familia, núcleo idealizado, homogéneo y armónico, con el cual se
intenta fusionar la imagen de la mujer-madre-trabajadora, aliada
incondicional de la gestión estatal. Desde la perspectiva de género se
observó la progresiva pérdida del liderazgo institucional de Sernam y
sus temas originarios han terminado desapareciendo de la agenda
gubernamental. Con todo, desde el Congreso se observó una nueva energía
concertacionista al reabrir el debate valórico en torno al aborto
terapéuti
co.
De igual forma, la situación de los pueblos indígenas quedó subsumida
en la dinámica de la movilización estudiantil aun cuando lograron estar
presente en la calle, donde diversos grupos de indígenas y no
indígenas expresaron sus demandas por justicia, territorio y
autodeterminación, así como en la organización de una Federación propia
incluida como actor en las demandas estudiantiles
Otra silenciosa gestión se ha observado en la transición hacia la
televisión digital terrestre, desarrollada desde una perspectiva
tecnocrática y evitando el debate sobre qué modelo de TV se le quiere
dar al país y cuan garantizado debe estar el derecho a la comunicación.
Con todo, organizaciones de la sociedad civil 8 pudieron presentar
algunas propuestas al Senado y al gobierno al respecto, pero sin
seguridad que estas serán escuchadas.
A diferencia de estos silencios, el ámbito urbano estuvo tan agitado
como el estudiantil. Más de 70 protestas en diferentes ciudades del
país organizadas por movimientos y organizaciones sociales configuraron
un espacio de conflicto asociado tanto a la reconstrucción
subsidiaria, como a la caritativa, impulsadas también por la
incapacidad del Estado subsidiario para asegurar el derecho a la
vivienda y evitar el manejo patrimonial del Minvu en los meses
posterremoto, período en el cual las tareas de la reconstrucción
habrían requerido una institución fuerte, efectivamente protectora de
los bienes públicos.
Igualmente conflictivos han sido los temas ambientales. Junto con el
envío de un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas y otro para crear el Servicio Nacional Forestal, se
aprobaron los proyectos Mina Invierno en Isla Riesco (Magallanes) y la
central termoeléctrica Castilla (Atacama), pese al amplio rechazo
ciudadano que incluso alcanzó a la posible instalación de centrales
nucleares. La contaminación de la escuela de La Greda en la bahía de
Quintero, la aprobación de los proyectos termoeléctricos Pacífico y
Patache (Iquique) e HidroAysén, coexistió con la aprobación del
Convenio UPOV 91. Todos estos conflictos han demorado la elaboración de
propuestas ciudadanas para una nueva matriz eléctrica.
En el campo de la cultura se ha continuado dándole protagonismo al
sector privado con el proyecto que modifica la Ley de Donaciones
Culturales, el que ampliaría el tipo de exenciones y actividades para
apoyar. Por el contrario, cuando se trata de darle un perfil más nítido
a la acción del Estado, como sería la creación del Ministerio de la
Cultura y el Patrimonio o el establecer una buena relación con los
funcionarios del Consejo Nacional de Cultura, las cosas no han avanzado
de misma forma. Las posibles acusaciones de fraude por parte de la
Contraloría complicarían aún más la gestión cultural del gobierno desde
el Estado.
La dinámica política que se abrirá junto al inicio del próximo período
electoral estará estrechamente ligada a los temas puestos por los
estudiantes, quienes cambiaron radicalmente el escenario político
nacional. La masiva aprobación de sus planteamientos abrió un nuevo
espacio para una propuesta política progresista. La posibilidad 9 de
una mayor democratización del país dependerá de la capacidad de la
oposición para reorganizarse y proyectar creativamente esta energía. En
el peor de los casos, las banderas de lucha estudiantil han redefinido
la dinámica política nacional y pareciera que están para quedarse.
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