Campaña de lo-as candidato-as para las elección del (de la) Presidente-a de HIC 2011 – 2015 : documento integral de las propuestas de la campaña de Lorena Zárate

Proceso electoral para la Presidencia de HIC (2011-2015)

Desafíos, motivaciones y propuestas

En menos de un siglo, el mundo que nos rodea ha cambiado más
que en toda su historia anterior. Cuándo eran jóvenes, mis abuelos vivían en el
campo, tres horas al noroeste de Buenos Aires, en el corazón de la pampa húmeda
argentina. Mis padres nacieron en localidades más cercanas a la capital pero
todavía saben cómo cultivar algunos alimentos básicos (cada vez que la visito,
mi madre me muestra orgullosa las hortalizas y especias de su huerto de
traspatio en las afueras de La Plata). Yo nací y crecí en una ciudad, y me
moriría de hambre si tuviera que vivir de lo que soy capaz de obtener a partir
de un pedazo de tierra. Aunque siempre trabajaron para mantener a sus familias,
mis abuelas nunca aprendieron a encender una computadora, mientras que yo tengo
que hacer un gran esfuerzo para sentirme productiva varias horas seguidas sólo
con lápiz y papel (con una caligrafía ilegible, que avergonzaría a mis
antepasados que no terminaron la escuela primaria) durante los cortes de luz.

Hace 35 años, cuando lo que hoy es HIC comenzaba a gestarse,
en mi casa había sólo un televisor pequeño en el que la programación se
interrumpía varias veces al día para dejarnos sin aliento con comunicados en
blanco y negro (tanto en su forma como en su contenido) de la junta militar que
controlaba el destino del país en uno de los períodos más criminales y nefastos
de su historia. No podría asegurar ahora que era parte de un acto consciente de
rebeldía, pero recuerdo claramente mis esfuerzos por resistirme a ir al
doctrinario jardín de infantes (nombre vernáculo y traducción literal del «kindergarten”).

En aquel momento, con los ecos siempre presentes de la
barbarie del nazismo y la segunda guerra mundial -que todavía nos espantan con
sus irrupciones violentas, como la matanza reciente en Noruega-, las redes
globales de la sociedad civil podían contarse con los dedos de la mano (hoy son
muchos miles como sabemos). La denuncia de los abusos de los estados y de todo
tipo de autoritarismos (en las oficinas de gobierno, en las cárceles, en los
hospitales, en las aulas, en los medios de comunicación, hoy más vigente que
nunca en los países árabes) se cruzaban ya en varios lugares con un
cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo económico, que intentaba
disimular con adjetivos (desde «humano” hasta «sustentable”, pasando por
comunitario, interno, nacional…) sus evidentes contenidos materialistas y
destructivos. En una década en que el discurso ecologista cobraba fuerza frente
a la imposición irracional del mito del crecimiento perpetuo en un plantea
finito, HIC nace llamando la atención sobre la dimensión territorial de estos
procesos y planteando la necesidad de entender las características y desafíos
específicos del hábitat popular. Como demostró el encuentro en Vancouver ’76, había
ya para entonces varias organizaciones, tanto del norte como del sur, que
llevaban tiempo trabajando en este campo y tenían planteamientos claros y
experiencias concretas que compartir.

Lo que en un inicio fue el Consejo Internacional para el
Hábitat (Habitat International Council) -que nucleaba a un conjunto de
ONG, sobre todo europeas y norteamericanas, activas en el área de los
asentamientos humanos- se convirtió pronto en Coalición (sin cambiar las
siglas), para enfatizar su carácter político, permitir una membresía más amplia
y diversa (incorporando formalmente organizaciones y movimientos sociales, así
como académicos y activistas en derechos humanos) y una estructura plural y
horizontal que diera más peso a las voces de África, Asia y América Latina. La
Declaración de Limuru fue seguida entre 1987 y 1995 por un intenso y
participativo proceso con encuentros varios en Berlín, Nueva Delhi, Cartagena
de Indias, Manila, Ginebra, Manchester, Cuernavaca y La Habana, que resultaron
en documentos fundantes de nuestra identidad, varios de cuyos elementos están
recogidos en la Constitución de 1997 que todavía nos rige[1].

HIC nunca fue una ONG internacional (homogénea, centralista,
vertical, jerárquica, burocrática) como otras que conocemos. Al contrario,
durante todas estas décadas ha hecho esfuerzos constantes y explícitos por
impulsar valores que la acercan más a una entidad federativa: diversidad,
flexibilidad, descentralización, participación, solidaridad, autonomía. Valores
que plantean enormes desafíos para hacerlos una realidad cotidiana y que exigen
buscar equilibrios delicados y cambiantes para lograr actuar en conjunto.
Decenas de personas, hombres y mujeres, de todo el mundo han pasado por sus
cargos directivos y han formado parte activa de puntos focales, comités
temáticos y grupos de trabajo a lo largo de estos años.

El cambio de sede del Secretariado General a Sudáfrica en
1999 nos mostró las dificultades de llevar adelante la imprescindible alternancia
de la democracia, lo que desencadenó una crisis interna que ha sido sólo lentamente
superada a partir de 2003-2004 con la selección de la Secretaría actual en
Santiago de Chile. Dos años más tarde, HIC pasó por una exhaustiva evaluación
institucional externa que, recogiendo las voces de integrantes de las
estructuras y cuerpos temáticos, organizaciones miembro y amigos, así como de
aliados en otras redes, gobiernos y organismos de la ONU frente a los que incidimos,
nos señaló claramente nuestros logros, desafíos y oportunidades, y ha sido un
insumo y una guía fundamental para el período que siguió.

HIC tampoco es un «club de amigos” en el sentido negativo que
se da al término; es decir, de grupo exclusivo, cerrado, egoísta y mezquino con
los que no pertenecen. Pero ciertamente, como toda instancia organizativa, está
constituida por personas que -se conozcan o no, desde hace décadas o sólo en un
encuentro fugaz- comparten principios y objetivos. Seres humanos que, para poder
sentirse unidos y trabajar juntos, deben construir confianza mutua, con un
lenguaje común y una historia que los identifique y vincule. Así, un gran
número de eventos y documentos dan cuenta de iniciativas muy conscientes por
ampliar, diversificar y fortalecer la membresía, ejercer la reflexión y la autocrítica
permanentes y profundizar el ejercicio de la democracia interna, planteando y
replanteando su filosofía, objetivos, políticas, estructura organizativa,
lineamientos y mecanismos de funcionamiento.

Hoy, después de más de tres décadas de historia,
muchas voces coinciden en la necesidad de construir y dar lugar a nuevos
liderazgos dentro de HIC, tarea impostergable tanto en sus oficinas de
coordinación regional y temática como en sus miembros y en las comunidades y
colectivos con los que trabajamos si queremos que los procesos que hemos venido
impulsando se fortalezcan. Para ello, como señalan varios comentarios desde que
inició este proceso electoral, habrá que seguir cuidando especialmente los equilibrios
y alternancias de género y regionales, a la vez que incorporar con más fuerza
el potencial de la dimensión intergeneracional y por supuesto dar mayor cabida
y relevancia política a los movimientos sociales que integran la Coalición.

En un mundo en el que el poder del dinero se desvela por
mercantilizar todas las formas de vida y por mantenernos fragmentados -ignorantes
de las realidades y utopías de l@s otr@s, atacando sistemáticamente cualquier
posibilidad de acción colectiva transformadora- e
l trabajo en red, la
capacidad de reflexionar y actuar, tanto en el nivel local como a escala
global, quizás sean hoy más imprescindibles que nunca.
En un mundo cada vez más interconectado, en el que
virtualidad y realidad se redefinen e interactúan de las más variadas formas,
construir visiones compartidas y espacios -digitales y materiales- para
debatirlas y ponerlas en práctica sigue siendo una tarea necesaria y urgente.
Las barreras
y retos que eso nos presenta desde la mítica Torre de Babel -no sólo por la diversidad
de idiomas sino y tal vez sobre todo por la especificidad de los referentes
culturales- sin duda están lejos de ser superados. Pero las posibilidades de
acercamiento y las herramientas de comunicación de las que hoy disponemos nos
animan y nos dejan sin excusas para asumir colectivamente la tarea de enfrentar
las injusticias y fortalecer las utopías y realidades de la construcción de
otros mundos posibles, en nuestros barrios, nuestros pueblos y el planeta
entero.

A continuación pongo
a su consideración un conjunto de reflexiones sobre los desafíos, motivaciones
y propuestas para los próximos años, ordenadas en función de la misión y los
objetivos estratégicos de la Coalición. Han sido elaboradas re
tomando comentarios, propuestas y acuerdos de diversos
foros, reuniones y procesos regionales y globales en los que he tenido
posibilidad de participar desde la coordinación de la oficina de HIC para
América Latina en esta última década[2]. Espero que logren recoger
sus inquietudes y seguir alimentando un amplio y participativo debate que
oriente y defina la gestión de la Presidencia para el período 2011-2015.

I.- Fortalecer los actores y procesos
sociales

La posibilidad de reconocer, valorar, apoyar, sistematizar,
articular y difundir procesos sociales y autogestionarios de vivienda y hábitat
popular exigen la construcción de visiones compartidas de los problemas y sus
posibles soluciones, así como del rol y responsabilidades de los diversos
actores y de la voluntad concreta de trabajar coordinadamente.

Junto con las comunidades y aliados con los que se
relaciona, HIC ha dedicado gran parte de su historia a la definición y
promoción de conceptos claves para las transformaciones que se propone. La
defensa y realización del derecho a la vivienda y a la tierra, la producción y
gestión social del hábitat y el derecho a la ciudad, con el importante
desarrollo de contenidos específicos desde la mirada de género, hoy son
referentes fundamentales para nuestras actividades en los distintos los niveles.

En el accionar diverso y complejo de HIC y sus miembros esto
se combina con la atención a llamados de solidaridad, la denuncia internacional
y la defensa jurídica de casos paradigmáticos de violación de los derechos
vinculados al hábitat (una mirada integral que necesariamente combina los derechos
civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales). Construcción de
infraestructura para el transporte, la producción de energía o de alimentos
industrializados y agrocombustibles, la realización
de grandes eventos culturales y deportivos, o bien la imposición arbitraria -sin
consulta ni participación de las personas involucradas- de proyectos de
«embellecimiento urbano” y gentrificación, son algunos de los
megaproyectos que en la ciudad y el campo afectan gravemente los derechos de
las comunidades, con consecuencias a la vez catastróficas para el
medioambiente. Miembros y cuerpos temáticos de HIC han trabajado arduamente
desde hace más de veinte años en la definición de las obligaciones específicas
del Estado en la materia y han avanzado herramientas concretas de monitoreo y
prevención[3].

Por otro lado, según hemos estudiado, más del 50 y hasta el
75% de los espacios habitables del sur del mundo son resultado de las
iniciativas y esfuerzos de la gente, sin o con muy poco apoyo de los gobiernos
y otros actores sociales, y en muchos casos incluso contra las varias barreras
oficiales. La Coalición ha
dedicado más de tres décadas a sistematizar y
apoyar estos procesos de producción y mejoramiento no sólo de viviendas sino incluso
de barrios enteros en diversos países, promoviendo otra mirada al hábitat
popular que ya ha influenciado programas, políticas, leyes y Constituciones,
así como documentos internacionales relevantes
[4]. A partir de la recopilación y análisis de cientos de casos
concretos en todas las regiones (que incluyen actividades generadoras de
ingreso u orientadas al fortalecimiento de la economía popular; el uso de ecotécnicas,
la educación ambiental y la gestión de proyectos ecológicos; acciones
encaminadas a mejorar la salud, el consumo o la seguridad; la atención de
grupos en situación de vulnerabilidad; la promoción de la equidad de género dentro
de organizaciones y comunidades; el fomento de la cultura y el deporte; la
participación activa en la negociación de políticas, el fortalecimiento de las
luchas democráticas y el desarrollo del poder local) hemos logrado demostrar la
diversidad de experiencias que vienen de la población organizada, sin
limitarnos a la difusión de buenas prácticas aisladas sino concentrando
esfuerzos en la elaboración de propuestas integrales de política pública que las
reconozcan y amplíen su repercusión y escala.

En paralelo, se han desarrollado acciones de capacitación y
formación que buscan articular los saberes diversos de poblador@s,
profesionales, técnicos, académicos y activistas, no simplemente como
encuentros ocasionales sino como parte de líneas de acción y programas
sistemáticos de trabajo (que incluyen desde escuelas autogestionarias hasta
módulos y títulos de postgrado en universidades públicas y privadas de muchos
países). La producción exhaustiva de materiales de todo tipo (desde folletos,
manuales, documentos de análisis y fichas de casos hasta programas de radio) ha
permitido llegar a miles de personas de todas las edades desde Bolivia hasta la
India. En otras palabras, un proceso de producción y gestión social y colectiva
del conocimiento que debemos ser capaces de enlazar y poner a disposición de
organizaciones e individuos dentro y fuera de nuestra Coalición. La iniciativa
de la HICAdemia, que recoge en sus planteamientos varios elementos y
propuestas que miembros y estructuras ya venían trabajando en diferentes
regiones, se propone como plataforma plural e interactiva para avanzar en este
camino. Con secciones específicas para el intercambio y elaboración
colaborativa de documentos, términos y conceptos relevantes, así como
oportunidades y recursos educativos y de asistencia técnica, es sin duda una
herramienta muy poderosa en nuestras manos que requiere del involucramiento y
la participación activa de tod@s ustedes para alcanzar su verdadero potencial.
Gracias al esfuerzo y dedicación del equipo del Secretariado General durante
los últimos largos meses (porque ha exigido una reestructuración profunda de los
contenidos de la página web institucional), ya se puede utilizar una versión de
prueba que está esperando sus observaciones y comentarios para ser mejorada. Como
sabemos, la sintonía conceptual, el acercamiento de saberes y el intercambio de
experiencias son elementos fundamentales para reforzar y dar escala nueva al
ejercicio de nuestros valores de horizontalidad, solidaridad y complementariedad
en la diversidad.

La lucha por la promoción, defensa y realización del derecho
de todas las personas a la tierra y la vivienda, a un hábitat digno y
productivo, en condiciones de equidad, justicia y paz, en el campo y la ciudad,
sigue siendo tan necesaria y estando tan presente como hace cuatro décadas. En
ese sentido, frente a un mundo en cambio acelerado constante, debemos seguir
profundizando, en la teoría y la práctica, la relación estrecha entre la
perspectiva de derechos humanos y las diversas alternativas para su plena
implementación. Por otro lado, las visiones integradoras y complejas
representan un enorme desafío pero son a la vez un esfuerzo imprescindible para
superar la fragmentación temática y sectorial (presente tanto en la academia
como en las estructuras de gobierno) y fortalecer las articulaciones con otros
movimientos sociales.

Hace ya mucho tiempo que venimos hablando de la urgente
necesidad de una reforma urbana, solidaria de la reforma agraria. Los
principales componentes de nuevos paradigmas y prácticas sociales alternativas
de producción y disfrute de los asentamientos humanos (una ciudad democrática,
incluyente, sustentable, productiva, educadora, habitable y segura) han sido
parte de los debates, propuestas y experiencias concretas de movimientos
sociales, plataformas nacionales e internacionales de la llamada sociedad
civil, sindicatos, profesionales y técnicos, instituciones académicas y
activistas de derechos humanos por más de medio siglo. La reforma urbana y el
derecho a la ciudad están hoy presentes -explícita o implícitamente- en los
marcos teóricos y legales y como plataforma para la acción en varias regiones
del mundo[5].

La Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992),
Hábitat II (Estambul, 1997) y la Asamblea
Mundial de Pobladores Repensando la Ciudad desde la Gente
(Ciudad
de México, 2000) fueron momentos relevantes en la articulación de fuerzas y la
formulación de propuestas concretas. Sin duda, ese proceso ha podido ampliar
sus dimensiones y contenidos desde 2001 en el marco del Foro Social Mundial y
el Foro Social de las Américas. Miles de personas y decenas de organizaciones y
redes han participado desde entonces de los debates, elaboración, firma y
difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (definido como
el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social), concibiéndola
sobre todo como una herramienta política de articulación de luchas, que
fortalezca las reivindicaciones colectivas contra la injusticia, la
discriminación social y la segregación territorial. Fuera del FSM, hoy en día
no es difícil ver el lema del derecho a la ciudad en marchas, eventos,
investigaciones y publicaciones de todo tipo.

Ahora
bien, en este punto es necesario decirlo fuerte y con todas las letras: no
habrá derecho a vivir dignamente en las ciudades sin el derecho a vivir
dignamente en el campo. Considerando que esas categorías no son estáticas -y
hoy más que nunca se están viendo cuestionadas por las yuxtaposiciones,
convivencias y mixturas varias que se dan entre ellas-, el derecho a la ciudad
nos obliga a mirar el territorio y los lugares donde vivimos de una manera más
integral y compleja. Aunque diversos análisis y políticas se empeñen en
presentarlas como realidades más o menos autónomas y desvinculadas, lo cierto
es que campo y ciudad no pueden entenderse –y por lo tanto tampoco transformarse-
uno sin la otra y viceversa. Los elementos ambientales (ecosistemas, cuencas,
climas, etc.), sociales (migraciones), económicos (circuitos de producción,
distribución, consumo y desecho), políticos (marcos legales, políticas y
programas) y culturales (idiomas, tradiciones, imaginarios) entretejen
relaciones y procesos que los vinculan estrechamente. Nuestras luchas no pueden
ser cómplices de una visión dualista que los mantiene separados y enfrentados,
en una relación que es más de competencia y explotación que de
complementariedad y equilibrio. A la vez, no parece que ciudades superpobladas
y campos vacíos sea lo que el planeta está preparado para soportar, ni la mejor
alternativa para la construcción de una vida digna en sociedades más justas.
Muchas décadas de falta de apoyos a la producción familiar rural en pequeña
escala y propaganda más o menos agresiva que ensalza el consumismo urbano siguen
expulsando a millones de jóvenes de sus lugares de origen y dejándolos sin
opciones. Por otro lado, la alternativa de «volver al campo” se ha vuelto una
especie de privilegio, reservado a los sectores de mayores ingresos.

Sin duda, muchos de los contenidos de este nuevo derecho se
encuentran en cosmovisiones y prácticas anteriores al capitalismo y muchas de
ellas son, en esencia, no sólo distintas sino incluso contrarias a él. Debemos
retomar y profundizar esta perspectiva si queremos que la reforma urbana avance
como propuesta de cambio de paradigma frente a lo que muchos no dudan en llamar
una crisis civilizatoria. Tal y como lo estamos planteando, creemos que los
principios y propuestas del derecho a la ciudad presentan varios puntos en
común con las cosmovisiones milenarias del buen vivir (Sumak Kawsay
quechua) y el vivir bien (Suma Qamaña aymara)[6],
que han cobrado particular relevancia política y programática en la última
década. Entre otros elementos, vale la pena mencionar que ambos ponen a los
seres humanos y las relaciones entre sí y con la naturaleza (entendidos como
parte de ella, y ella como algo sagrado) en el centro de nuestras reflexiones y
acciones; consideran la tierra, la vivienda, el hábitat y la ciudad como
derechos, no como mercancías; profundizan la concepción y el ejercicio de la
democracia (no sólo representativa sino también y sobre todo distributiva, participativa
y comunitaria); impulsan los derechos colectivos y no sólo los individuales;
conciben y alimentan una economía para la vida y para la comunidad; ejercitan
la complementariedad y no la competencia; respetan, fomentan y garantizan la
multiculturalidad y la diversidad.

En términos más amplios, podría afirmarse que en los dos
casos se libra también una lucha epistemológica, ya que se trata de procesos
colectivos de construcción de sentido (conceptos y discursos, a la vez que prácticas)
–y que por lo tanto corren los mismos riesgos, como tantas otras propuestas
antes, de ser cooptados y vaciados de contenido. Paralelamente, el buen vivir y
el derecho a la ciudad destacan el rol fundamental del Estado (en sus distintos
niveles) en la redistribución y en la construcción de comunidades más justas y
equitativas (garantías normativas, capacidad institucional, recursos públicos),
a la vez que enfatizan la relevancia de fortalecer procesos autogestionarios y
de construcción de poder popular.

Está claro que, hoy más que nunca (cuando los llamados de
atención de la naturaleza parecen querer limitarse a discursos de moda y nuevas
excusas para hacer negocios, ahora pintados de verde), es necesario un cambio
cultural radical en nuestros modos de producir, distribuir y consumir, pero
también en nuestros referentes simbólicos y los valores que rigen nuestra vida
en sociedad, si de verdad queremos hacer posible el buen vivir para tod@s. Uno de los desafíos más grandes que tenemos
por delante consiste en encontrar las palabras y los lugares que nos permitan
seguir acercando más estas visiones, profundizando debates y articulando
experiencias diversas que, en el campo y la ciudad, están resistiendo y a la
vez construyendo esos otros mundos posibles, tan necesarios y urgentes.

II.- Incidir en las políticas públicas

Como saben por su trabajo cotidiano las organizaciones e
individuos que integran HIC, el incidir en las políticas públicas y lograr
cambios sustantivos y de largo aliento exige un esfuerzo enorme por atender
diversas dimensiones y niveles, casi siempre al mismo tiempo. Porque para conquistar
leyes, programas y presupuestos que apoyen la vivienda y el hábitat popular es
necesario afrontar desafíos y tareas aún más grandes: ser capaces de modificar
las ideas, los prejuicios, los temores… En otras palabras, (re)construir una
suerte de sentido común en torno a estas problemáticas y sus posibles
soluciones.

Aunque es un paso fundamental (en muchos países todavía
pendiente) sabemos que no alcanza con el reconocimiento formal de derechos y ni
siquiera con que autoridades y ciudadan@s los conozcan; debemos sobre todo insistir
en la posibilidad de que su concreción se lleve a cabo a través del
fortalecimiento de las dimensiones colectiva, pública y comunitaria de la vida
social y no de los intereses y las ganancias exorbitantes de unos pocos.

En ese sentido, deberemos tener presente, como nos recuerdan
académicos y activistas[7], que la obsesión con la
propiedad privada individual y su imposición como única alternativa para
satisfacer la necesidad de un techo tiene una historia relativamente reciente
(aunque, ¿por efecto de magia?, parece opacar casi por completo todo lo
anterior). Más precisamente, podría afirmarse que como proyecto político
explícito nace durante el mandato de Margaret Thatcher en la década de los 80.
Así, en el marco de la apuesta neoliberal, la vivienda quedó inmersa en la
lógica de un bien de consumo que el mercado provee y al que acceden los que
puedan pagarla, dejando fuera de toda alternativa a grandes sectores de la
población (las mayorías en muchos países). Se impuso la lógica del déficit y
estalló entonces la construcción masiva de conjuntos habitacionales, gracias al
otorgamiento irresponsable de subsidios y créditos para la adquisición de
vivienda nueva terminada, de dimensiones mínimas y condiciones inhabitables. En
mayor o menor medida, la gran parte de los gobiernos del mundo suscribieron y
se esforzaron por cumplir al pie de la letra estos mandamientos, responsables
directos como sabemos de la burbuja inmobiliaria y la profunda crisis
financiera, económica, social y ambiental que provocó su estallido hace casi
tres años.

Resultado de estas políticas (en realidad programas)
presentadas como «exitosas”, tenemos hoy millones de casas vacías mientras
millones de personas -particularmente jóvenes, migrantes y en general los
sectores empobrecidos y de menores ingresos- siguen sin poder acceder a un
lugar digno donde vivir. Millones de viviendas edificadas a costa de tierras de
cultivo, bosques y zonas de recarga de acuíferos, violentando las dinámicas y
posibilidades de supervivencia de pequeños pueblos originarios. Miles de casas
nuevas, autorizadas por funcionarios públicos y construidas por el sector
privado, aun en contra de los ordenamientos y disposiciones legales y
administrativas, en zonas de alto riesgo geológico y ambiental, con graves
problemas estructurales y de convivencia social. Miles de casas nuevas, en
teoría «formales» pero sin todos los servicios (agua potable, saneamiento,
energía, transporte y comunicaciones) ni equipamientos necesarios para la vida
social y comunitaria (escuelas, hospitales, mercados, centros de recreación y
reunión, áreas verdes y deportivas, etc.), y en las periferias cada vez más
alejadas de las fuentes de trabajo y las oportunidades que las ciudades
ofrecen. En otras palabras, una política que se reduce[8] a atender las dimensiones
macro-económica y micro-social de la problemática y que, olvidando lo
macro-social y lo micro-económico, acaba resultando en el empobrecimiento
masivo y acelerado de sectores populares y clases medias.

La tendencia a la concentración de la población no sólo no
se cuestiona sino que se presenta como irreversible (nuestro «futuro urbano”).
Visiones extremas, que no alcanzan para explicar bien la realidad que nos
rodea: de los aforismos que hacen apología de la vida en las ciudades y su rol
(«motores del desarrollo”, «imanes de esperanza”) en relación a las áreas
rurales, a la apocalíptica denuncia de que vamos camino a tener un «planeta de
tugurios”. En ambos casos, poco se dice de la responsabilidad diferenciada de
los diversos actores sociales, de la relación entre el mundo urbano y el rural,
o de los matices y posibilidades para transformar el proceso.

No es una novedad para nadie que,
especialmente en los últimos 25 años, los gobiernos han prácticamente
abandonado su responsabilidad frente a la planeación urbano-regional,
permitiendo una especulación escandalosa y la acumulación de ganancias
exponenciales de parte del sector inmobiliario. De hecho, y al contrario, los
Estados nacionales han jugado un papel prominente como responsables de la
última crisis financiera y luego –y todavía- implementando urgentes rescates de
las grandes instituciones privadas de crédito, operando una transferencia
masiva de recursos públicos (y/o de fondos de ahorro y planes de retiro de
trabajadores) y poniendo a cientos de miles de familias bajo la brutal amenaza
e impacto de los desalojos, sin ninguna alternativa y con efectos particularmente
devastadores para mujeres y niños
[9].

El derecho a la vivienda, en el sentido amplio que lo
entendemos (más allá de las paredes y el techo, según ha quedado definido en la
Observación General Nº 4 y otros instrumentos internacionales relevantes), es
mucho más que el derecho a una casa propia. Es más, como demuestran claramente
los resultados de la política chilena (tomada de ejemplar e impulsada en todo
el mundo por el Banco Mundial desde la década de los 90) y sus pares escandalosos
en México y España, el título de propiedad individual puede ser lo menos
importante y hasta lo más peligroso (una hipoteca impagable de por vida a
cambio de un lugar que no se puede habitar) si se descuidan todos los demás
elementos:
disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos adecuados al
nivel de ingreso, habitabilidad, accesibilidad por parte de todos los grupos
sociales sin discriminación, lugar adecuado y adecuación cultural
.

Será fundamental entonces promover con todas nuestras
fuerzas un discurso y unas propuestas que tomen a la seguridad de tenencia como
prioritaria, abriendo diversas alternativas de posesión, uso y goce,
reconsiderando el peso de la vivienda en alquiler, fortaleciendo las
cooperativas y otras formas de propiedad colectiva, pensando siempre en la
necesidad de contar, más que con un papel que nos haga dueñ@s de algo, en una
serie de instrumentos jurídicos y administrativos que nos protejan contra los
desalojos y nos garanticen un lugar digno y adecuado que disfrutar a lo largo
de toda la vida.

A la vez, será fundamental insistir en las precisiones y
marcar las diferencias sustantivas entre la producción social de vivienda (procesos
generadores de espacios habitables controlados por autoproductores, espontáneos
u organizados, que operan sin fines de lucro) y la producción de vivienda
social (aquella a cargo de los organismos públicos -casi inexistente en estos
días- y/o del sector privado, la más barata que puede construir para que
todavía siga siendo un negocio). Aunque pueda parecer un detalle sintáctico
menor, la ubicación del adjetivo «social” tiene una serie de implicancias
claves en la relación del derecho a la vivienda y las formas para concretarlo
y, por lo tanto, en los contenidos que impulsan y los que deberían impulsar las
políticas públicas para estar en concordancia con los compromisos adquiridos al
suscribir pactos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Como hemos aprendido, para exigir los apoyos diversos que
esto requiere (una política de estado que integre un sistema coherente de
instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos, financieros, de
inducción y fomento) es necesario primero que esa realidad sea vista, medida y
valorada en sus justas dimensiones -tanto en términos cualitativos (hoy
estigmatizada y menospreciada) como cuantitativos (hoy no cuenta en las
estadísticas oficiales)- por investigadores, expertos y tomadores de
decisiones, más allá de la etiqueta de la informalidad (¿quién la define?,
¿quién la alimenta?, ¿para qué se usa?, ¿a quién beneficia?, ¿a cuántos y
quiénes excluye?).

Necesitamos que en nuestras
constituciones se reconozca el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra y
el derecho a la ciudad; que nuestras leyes lo detallen y que incluyan
claramente a la producción social de la vivienda y hábitat como una de las
formas para concretarlos. Pero también y sobre todo hacen falta programas de construcción
y mejoramiento de vivienda y hábitat (incluyendo servicios y equipamientos
comunitarios) que orienten los esfuerzos espontáneos y organizados de la gente
con una clara y decidida política de suelo (que privilegie la función social de la propiedad y
recupere las plusvalías generadas por la inversión pública); asesoría técnica
para evitar aumentar la vulnerabilidad y condiciones inseguras de vida;
recursos públicos con diversidad y flexibilidad de esquemas financieros
(incluyendo el uso ‘pedagógico’ de los subsidios) que sepan cómo aprovechar la
amplia gama de recursos que es capaz de movilizar la población.

Sabemos que no alcanza con que todo esto esté reconocido en
los papeles.
A la vez, hay
que trabajar arduamente en la formación de todos los actores involucrados,
tanto de las organizaciones sociales como de los profesionales y técnicos (
mayor incidencia en planes de estudio de enseñanza técnica y
superior
) y por
supuesto de los funcionarios en diferentes esferas de la administración.

En paralelo, debemos ser capaces de
identificar, sistematizar y vi
sibilizar
de manera más eficaz los avances y las mejores políticas en marcha. En diversas
regiones, tenemos delante el gran desafío de lograr la continuidad y
profundización de procesos transformadores que están en marcha a pesar de los
cambios coyunturales en la política local y nacional, así como en contextos
relativamente favorables (progresistas en varios campos) pero con visiones
neoliberales y tecnocráticas muy afianzadas en materia de vivienda y hábitat
(los ejemplos abundan en América Latina).

Dentro de nuestra relación crítica y autónoma con diversas
instancias de Naciones Unidas (con logros importantes pero no suficientes en el
campo de la definición y reconocimiento de los derechos humanos vinculados al
hábitat), es fundamental dedicar esfuerzos para incidir en los discursos y
políticas oficiales del Programa Hábitat y otros organismos que tienen
competencia sobre estos temas, así como denunciar sus incoherencias y
actuaciones contradictorias (PNUD, Banco Mundial, División de Desarrollo
Sustentable, etc.). A la vez, resulta necesario estudiar más a fondo y debatir
con los actores involucrados los cambios ocurridos en las políticas de
cooperación de agencias y fundaciones internacionales. La visión temática,
sectorial y regional, fragmentada y pendular que sus opciones ponen en
evidencia nos exige reflexionar, denunciar y plantear propuestas desde los
movimientos, plataformas y redes que tiendan a superarla. Programas más o menos
permanentes de atención a cuestiones urbanas y de vivienda parecen haberse
sacrificado en nombre de la «atención humanitaria a los desastres naturales”,
desvirtuando el apoyo a procesos transformadores de largo aliento y priorizando
la ayuda de tipo filantrópica, que desdibuja el rol del estado y la sociedad
civil organizada y en cambio favorece los negocios privados (en muchos casos sólo
de las grandes transnacionales). Abundan los ejemplos recientes en todo el
mundo de problemas urgentes sin atender, después de meses o incluso años de
pasada la catástrofe: millones de personas viviendo en la miseria, la
precariedad y el abandono, mientras existen cantidades considerables de dinero
disponible sin gastar o malgastado, en procesos de reconstrucción que no
consideran a la gente, sus necesidades, derechos y capacidades, y que en cambio
utilizan la destrucción y la emergencia como una excusa más para el despojo de
recursos y tradiciones, y el desplazamiento forzado de comunidades enteras,
aumentando su vulnerabilidad y empobrecimiento.

Finalmente, pero no por eso menos relevante, habrá que
considerar un acercamiento más sistemático a las redes de comunicación popular
y explorar las posibilidades de incidencia en los medios comerciales y masivos.
Pero no sólo en el sentido de entrevistas y boletines de prensa aislados y
esporádicos sino sobre todo como procesos de sensibilización (hace tiempo que
venimos comentando, dentro de HIC y con otras redes, la necesidad de llevar a
cabo actividades específicas en este terreno, incluyendo la realización
conjunta de talleres para periodistas) y establecimiento de contactos permanentes
en función de volvernos referentes claves sobre las áreas que abarca nuestro
trabajo cotidiano. En el marco de nuestras propuestas integrales, tal vez haya
que pensar en campañas puntuales que nos permitan llamar la atención y dar a
conocer nuestros planteamientos y experiencias a partir de ciertos temas concretos
(como resultado de diversos debates con miembros y aliados, durante 2010 circulamos
una iniciativa para debatir la pertinencia de iniciar una campaña global en
torno a la función social de la tierra, la seguridad de tenencia y las diversas
modalidades de propiedad social, pública y comunitaria en el campo y la ciudad,
que podría ser retomada).

III.- Construir una Coalición fuerte

Está claro que no será posible abordar colectivamente los
desafíos y esfuerzos que supone la consecución de los dos objetivos
estratégicos anteriores sin contar con una Coalición fortalecida y dinámica. En
ese sentido, trabajar en la sustentabilidad institucional, financiera y
comunitaria de los procesos que impulsamos es por supuesto una obligación permanente
y necesariamente compartida.

Si queremos que haya HIC por lo menos para otros 35 años se
nos presentan varias tareas urgentes que asumir. Según hemos tenido oportunidad
de compartir tanto en conversaciones previas como durante este proceso electoral,
una de ellas será avanzar intencionadamente en la construcción de liderazgos de
nuevo tipo, considerando que, por el carácter federativo de la Coalición ya
señalado, eso implica tanto a las estructuras como a las organizaciones
miembro, así como a las comunidades y procesos que apoyan. Entre otros
elementos, deberemos generar las condiciones para un proceso de diálogo
intergeneracional global que, aprovechando las oportunidades presenciales y a
distancia, permita reforzar nuestra identidad, incorporando las visiones,
inquietudes y propuestas creativas de las y los jóvenes. Para que sea rico y
productivo, deberá ser un ejercicio no sólo introspectivo sino y sobre todo de
reflexión y construcción conjunta con otras organizaciones, redes y movimientos
sociales: indígenas, campesinas y campesinos, feministas, estudiantes, sindicatos…
Es decir, con todas las expresiones de l@s indignad@s de este mundo.

Así, y gracias a la orientación y apoyo de las sabias y
sabios que nos rodean, podremos recuperar, debatir y dar a conocer los valores,
características, trayectoria y propuestas que hacen de la Coalición una red
única a nivel global. Reescribir y recrear colectivamente su historia, con sus grandes
logros y no pocas frustraciones, pero también las pequeñas anécdotas que sus
integrantes tienen para contar. En otras palabras, deconstruir y volver a construir
nuestros propios mitos y relatos, en el sentido vital, articulador y movilizador
que desde su origen han tenido y tienen en todas las culturas.

Pero también, y siguiendo las recomendaciones específicas
del proceso de evaluación citado al inicio de este texto, deberemos buscar las
mejores formas de visibilizar y apoyar el trabajo realizado por los miembros de
HIC a nivel local y nacional. En particular, habrá que hacer grandes esfuerzos
para establecer mayores lazos de articulación horizontal directa entre los
miembros dentro y entre las regiones, facilitando las oportunidades concretas
para la cooperación y las iniciativas conjuntas. La reformulación reciente del
sitio web institucional anteriormente mencionada, incluyendo la HICAdemia
y otras nuevas aplicaciones, ha tenido éste como uno de sus objetivos
explícitos, buscando propiciar mayor horizontalidad a partir de incorporar
ciertas plataformas de interacción.

Por supuesto será tarea imprescindible elaborar y difundir
coordinadamente posicionamientos comunes en ocasiones relevantes (como el Día
Mundial del Hábitat/Día Mundial de l@s Sin Techo), dando a conocer los
postulados de HIC y otras redes aliadas frente a las violaciones y las
propuestas para la efectiva implementación del derecho a la tierra, la vivienda
y la ciudad en el mundo entero, reforzando nuestra identidad y visibilidad.

El acceso a financiamiento es sin duda un asunto crucial
pero sabemos que no es la única -y muchas veces tampoco la mejor- solución a todos
los problemas. Coherentes con nuestros principios, deberemos seguir impulsando
y poniendo en práctica una visión más amplia, diversificada y creativa, que
valore los recursos monetarios y no monetarios con los que contamos y
fortalezca la autogestión, la ayuda mutua y la solidaridad. Deberemos estimular
la implementación de programas y proyectos globales capaces de movilizar a los
miembros en las diversas regiones, con esquemas de gestión que privilegien
coordinaciones locales descentralizadas, múltiples pero articuladas.

Como sabemos, sólo motivando un fuerte compromiso de las
estructuras y los miembros seremos capaces de implementar los acuerdos
colectivos recientes y avanzar en los planes de acción para una verdadera
transversalización de las dimensiones de género y de sostenibilidad medioambiental
en nuestras prácticas y propuestas.

En el corto y mediano plazo, la Coalición tiene por delante
años de cambios y transiciones importantes (incluyendo la selección de nueva
sede y responsable para el Secretariado General) lo que requerirá el
fortalecimiento de la integración y el pleno funcionamiento del Consejo y el
Comité Ejecutivo. Como liderazgo visible en tiempos delicados, la presidencia deberá
ejercer activamente sus funciones de motivación y evaluación permanentes, así
como de colaboración sustantiva en las tareas de administración y gestión.

Quiero agradecer nuevamente todas las manifestaciones de
confianza y apoyo

que he recibido de parte de movimientos sociales, organizaciones de asistencia
técnica, integrantes de instituciones académicas y activistas desde distintas
regiones del mundo en estas semanas. Confío en que las ideas aquí expuestas
puedan contribuir en la siguiente etapa de campaña a profundizar un intercambio
fraterno sobre los desafíos, oportunidades y tareas que HIC tiene por delante.

A la vez, aprovecho
para reconocer muy especialmente a las y los integrantes del Comité Electoral,
así como al muy solidario equipo del Secretariado General, por toda su
colaboración y apoyo para que los documentos relevantes de este proceso estén
disponibles y al alcance de ustedes en diversos idiomas.

M. Lorena
Zárate

Ciudad de México, 26 de julio de 2011



[1] Disponibles en hic-net.org.

[2] Algunas ideas y párrafos incluidos en las
siguientes dos secciones han sido tomados de dos artículos previos: «El derecho
a la ciudad: luchas urbanas por el buen vivir”, en El Derecho a la Ciudad, Serie Derechos Humanos Emergentes, Institut
de Drets Humans de Catalunya, Barcelona (libro en imprenta); y «The Mega-City
Squeeze”, en Amandla! Magazine, Nº 17/18 (Nov-Dec) – versión editada y reducida
del texto original elaborado bajo el título «Spatial Apartheid vs. Right to the
City”.

[3] Para más detalles consultar www.hlrn.org

[4] Entre otros materiales, se pueden consultar:
Enrique Ortiz F. y María Lorena Zárate (compiladores), Vivitos y coleando.
40 años trabajando por el
hábitat popular en América Latina
, Universidad Autónoma Metropolitana y
HIC-AL, México, 2002; De la marginación a la ciudadanía: 38 casos de
producción y gestión social del hábitat,
Fundación Forum Universal de las
Culturas, HIC y HIC-AL, Barcelona, 2005, Rino Torres, La producción social de vivienda en México. Su importancia nacional y
su impacto en la economía de los hogares pobres.
HIC-AL, México, 2006. El Nº 78 de la revista
Trialog está dedicado íntegramente al tema con artículos de varios autores (en
inglés).

[5] Para una compilación reciente
sobre luchas, conquistas y desafíos a nivel global y desde lo local ver Ana
Sugranyes y Charlotte Mathivet (editoras), Ciudades para tod@s. Por el
derecho a la ciudad, propuestas y experiencias
. HIC, Santiago de Chile,
2010. Versión electrónica disponible en
hic-net.org

[6] Incluidos como principios rectores en las
nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador. Para algunos artículos sobre este
tema ver la Revista ALAI,
América Latina en movimiento, Nº 452, febrero 2010, y Nº 462, febrero 2011, Año XXXIV y Año XXXV, II
época.

[7] Entre otros muchos, David Harvey, Naomi Klein y Relatores
de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada (Raquel Rolnik y antes Miloon
Kothari) han insistido en que centrarse
excesivamente en la propiedad de una casa como la única solución para asegurar
el acceso a la vivienda es parte del problema
. Algunos textos
vinculados con el tema están disponibles en la sección de «las crisis a debate”
dentro de www.hic-al.org (en español).

[8] Como señala Enrique Ortiz en su artículo sobre las políticas de vivienda en
México (1997-2007) incluido en el Nº 94 de la revista Trialog (versión en
inglés disponible en
http://www.trialog.architektur.tu-darmstadt.de/).

[9] Para un análisis exhaustivo de la última crisis hipotecaria
y financiera, sus relaciones con las políticas económicas y de vivienda
prevalecientes y su impacto en el derecho a la vivienda adecuada, así como
recomendaciones preliminares, ver el Informe presentado por Raquel Rolnik durante
la 10ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos.
A/HRC/10/7 (4 de febrero de 2009). Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/reports.htm
(varios idiomas).