La producción social del hábitat versus el subsidio habitacional

La producción social del hábitat versus el subsidio habitacional

(Transcripción editada de una charla[1])

Ana Sugranyes

Arquitecta y Doctora

Secretaria General de la Coalición
Internacional del Hábitat (HIC)

En este Diplomado, ustedes
han visto temas de políticas públicas desde la perspectiva de los movimientos
sociales y obreros. El propósito de esta charla es de pensar el hábitat –la
vivienda en su entorno– en el mismo enfoque, a partir de sus habitantes, sus
derechos individuales y colectivos, y en función de las políticas de vivienda y
de ciudad. Este ejercicio lo haremos analizando la producción social del
hábitat y el subsidio habitacional chileno, su desarrollo y sus impactos.

En primer lugar quiero compartir
unas reflexiones sobre las distintas formas de comprender una política
habitacional. Luego explicaré con mayor detalle qué es el subsidio
habitacional, y cómo es la política de financiamiento de la vivienda que existe
en Chile desde hace 30 años y que marca la realidad de la vivienda popular de
este país.

La producción social del hábitat

La «producción social del
hábitat”, PSH, es el enfoque de la vivienda en función de sus habitantes, lo que quieren, lo que necesitan y lo que
pueden aportar en el proceso habitacional. Acá en Chile, pareciera que las políticas de
vivienda, desde hace mucho tiempo, se han olvidado por completo de la gente,
sus aspiraciones sociales y sus capacidades autogestionarias.

Desde los años 70 en
América Latina, entendemos por PSH, «todos aquellos procesos generadores de
espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el
control de auto-productores y otros agentes sociales que operan sin fines
lucrativos. La PSH pasa por la autoproducción individual espontánea de vivienda,
la producción colectiva con un alto nivel organizativo de los participantes y
puede llegar a procesos complejos de producción y gestión de otros componentes
del hábitat” –como nos lo explica Enrique Ortiz desde México–.

En América Latina, existen
muchas experiencias de procesos participativos para la producción de la
vivienda y del barrio, en procesos autogestionarios, con productos de muy buena
calidad y con niveles de convivencia armónica entre los vecinos. Estoy pensando
en las cooperativas de vivienda –yendo
de norte al sur– en México, Brasil, Uruguay
y Argentina; o en los procesos de reconstrucción pos desastre natural en
Colombia; la radicación de grandes
campamentos en Venezuela

En Chile, la PSH sigue
vigente y oculta. El estado no la reconoce, los municipios tampoco, las
empresas mucho menos. Los movimientos sociales y otros actores sociales deben
volver a promoverla para incidir en un cambio de las políticas vigentes.

Las políticas de vivienda

El subsidio habitacional es
un mecanismo de financiamiento, donde convergen muchos actores e intereses. No es una política
habitacional. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como lo aprendimos
del doctor Moreno.

Una política pública se refiere
a los programas o intervenciones del estado en materia social, ya sea empleo,
alimentación, salud, educación o vivienda que, entre otros, impactan el
territorio también. Desgraciadamente cuando vemos el tema de la vivienda en Chile, la política pública
se restringe al anhelo y acceso a la casa propia, que estado y empresas nos han
metido en la cabeza hace unos 30 años. La casa
–las cuatro paredes y el techo– es uno de los elementos del hábitat que
conlleva todo el entorno necesario de un lugar donde vivir en paz y dignidad,
como lo define el derecho a la vivienda. No hay vivienda que se pueda abstraer
del barrio, del pueblo, la aldea y la ciudad.

Otro elemento importante es
el enfoque de derecho en la aproximación de la política pública. En Chile, a
principios de los años 90, el estado suscribió
los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Sin embargo, después de firmarlos, suele olvidarlos. A menudo, funcionarios y
autoridades desconocen estos tratados. Pareciera que los gobiernos no tienen el
respeto al contenido de estos tratados de derechos humanos entre sus
obligaciones políticas.

El Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, BM, desde hace 50 años, vienen definiendo
los temas económicos de la mayoría de los países. El BM, en 1993 publicó el documento
«Hacer vivienda ayudando al mercado”, difundiendo el modelo ya estaba vigente
en Chile desde mediados de la década de los 80. Es así como el BM internalizó
la experiencia neoliberal chilena en materia de vivienda para difundirla en todo
el mundo: el estado subsidia el sector de la construcción para estabilizarlo en
el proyecto macroeconómico; y de paso, da techo a los pobres. Cepal, a pesar de
su larga tradición de políticas públicas de bienestar –en respuesta a las demandas y promoviendo las
capacidades de los sectores populares – también ha adoptado la teoría y el
discurso del subsidio habitacional y contribuye a difundirlo en toda la región.

En contraposición, hay otra
forma de pensar la política pública de vivienda: desde la comunidad, las
familias y el territorio, sea el barrio,
la aldea o la ciudad. Pensar la política habitacional desde la sociedad y la
ciudad. Planificar, ejecutar y evaluar la política en función del producto y no
simplemente desde la abstracción de la estadística de cuánto se produce.

Resulta de sentido común
que las políticas públicas correspondan a los procesos sociales, a la capacidad
participativa de la gente y a los recursos o activos que la gente invierte en la
producción del hábitat. Pero perdimos este enfoque en Chile. Aquí, la política
de vivienda nada tiene que ver con la gente, con los habitantes, con las
capacidades de las familias de construir barrio, de hacer ciudad. Todo está
entregado al mercado y al discurso del chorreo que, supuestamente, resolverá
todos los problemas de la pobreza.

De lo que todas y todos
conocemos de las villas Serviu, de las poblaciones, de las aldeas – también las
de emergencia– y de todas las ciudades a lo largo de Chile, ¿dónde está el
enfoque de la producción social del hábitat?

Estoy convencida de que la
vida en muchas poblaciones, barrios y cités sí corresponde al ideal y a la práctica
de la PSH. A pesar de graves problemas de hacinamiento y precariedad en estos
barrios populares, los pobladores siguen siendo los protagonistas de su
hábitat. En el caso de las villas Serviu, es mucho más difícil que los
habitantes logren identificarse con su barrio y apropiarse de su espacio
habitacional. El subsidio habitacional ha consolidado una mentalidad de casa–mercancía, de aspiración individual y familiar,
haciendo perder la conciencia de que el hábitat –de la misma forma que la vida,
el trabajo, la educación, la salud y las pensiones– es un hecho social que se
construye en solidaridad.

El subsidio habitacional a la chilena

El subsidio habitacional
existe en Chile desde finales de los 70. En los demás países de América Latina,
este modelo neoliberal poco a poco ha ido difundiéndose, pero –como veremos a
continuación– no es nada fácil exportar esta modalidad a la chilena a otros
países.

Veamos cómo ha sido posible
este modelo en Chile. Tenemos una tradición de intervención del estado en
materia de vivienda desde hace más de cien años. Esto es una cosa bastante
excepcional. Chile, por muchas razones que no viene al caso analizar aquí,
tiene una fuerte tradición institucional, como en el caso del Minvu que existe
hace más de 40 años. Esto no se ve en ningún otro país de América Latina, no
existe tanta estabilidad institucional. Otra cosa es que en Chile, a diferencia
de otros países, tenemos una larga trayectoria de ahorro y préstamo, que nos ha
llevado al sistema muy afianzado del crédito hipotecario individual, que pasa
por encima de las prácticas solidarias y de otras formas de garantías
colectivas. Son trayectorias de política neoliberal, creadas durante la dictadura,
consolidadas por los gobiernos de la Concertación y, por supuesto, vigentes
ahora también en el gobierno de Piñera.

El subsidio habitacional se
definió al calor del ajuste estructural en plena dictadura a finales de los
años 70, asesorado por los Chicago Boys. El ajuste estructural, como el que se
hizo en Chile, no sería posible en tiempos de gobierno democrático, ya que
exige una intervención políticamente incorrecta y un desprecio a las demandas
sociales. El ajuste estructural a la chilena se realizó a punta de fusil. Dos ensayos nos explican cómo el
neoliberalismo, aplicado en el mundo en los 80, ha sido inicialmente ensayado
en Chile: él de Naomi Klein en «La doctrina del shock” y de David Harvey en «La
Historia del neoliberalismo”.

Regresando a los temas de
vivienda, cuando el Minvu habla de subsidio, siempre lo señala como un subsidio
a la demanda, para que cada familia tenga acceso a la casa propia. Es
importante entender esto en función del discurso político. El subsidio
habitacional es ante todo un mecanismo financiero de apoyo al sector
empresarial de la construcción. Para el estado en los años 80, la primera
prioridad era de estabilizar este sector, que mostraba altibajos peligrosos para
la macroeconomía del país. A tal efecto, el estado en primera instancia privatizó
todo el aparato de producción de vivienda. Pero no funcionó porque el sector
privado no se metía en la construcción de viviendas para los pobres. Ahí es
cuando se montó la maquinaria del subsidio al sector privado para que las empresas
sacaran buena ganancia, sin competencia ni riesgo, sin preocupación sobre la
calidad y la localización del producto, y sin el menor conocimiento sobre las
características de los usuarios. A mediados de los 80, cuando ya empezó a
funcionar bien el subsidio habitacional, fue cuando entró el discurso del
subsidio a la demanda y la reducción del déficit habitacional acumulado.

Para ilustrar este enlace
estrecho entre los intereses políticos de los gobiernos y las aspiraciones de
ganancia de las empresas constructoras, les explico el dato siguiente: Entre 2001 y 2002, llevamos a cabo un estudio
para analizar el impacto de la vivienda social en las villas Serviu de
Santiago, Concepción, Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Ovalle. Descubrimos que
toda la información, tanto en el Minvu como en la Cámara Chilena de la
Construcción era la misma, con los mismos cuadros, hechos por los mismos
ingenieros y todo indicaba cómo unas pocas empresas se repartían el pastel de
la vivienda social.

Una alianza como la que unió
y sigue uniendo el Minvu y la Cámara Chilena de la Construcción se da en todos
los países del mundo. Varios estudios, por ejemplo en Italia y Francia, nos
demostraron cómo el estado y el sector privado logran en un común acuerdo
definir las modalidades de producción de la vivienda. En cuanto a la capacidad
de las demandas sociales de incidir en estas políticas, pues depende de la
presión política ejercida por los movimientos sociales. En el caso de Chile y
de su tradición subsidiaria del estado, debemos reconocer que el subsidio
habitacional ha logrado acallar las demandas sociales durante muchos años.
¿Será que ahora se avecinan nuevos tiempos con nuevas capacidades de
movilización social, con propuestas que correspondan a la producción social del
hábitat? Creo que sí. Las capacidades de movilización y de negociación de la
Federación Nacional de los Pobladores así lo indican.

La historia del subsidio habitacional

La primera vez que se
aplicó el subsidio habitacional en Santiago fue para la erradicación de los
campamentos. A principios de los años 80, coincidiendo con las medidas
adoptadas por el gobierno de Pinochet para
«poner orden” en la ciudad, para garantizar la plusvalía de los terrenos en el
nororiente y en el centro (especialmente en Las Condes, Santiago y Providencia)
y para dividir el resto de la ciudad en unidades administrativas homogéneas.
Así se erradicaron a más de 100.000 personas, dispersando a la gente y a las
organizaciones sociales que existían en los campamentos. Sin embargo, esta erradicación
a la chilena dio vivienda a cada familia desalojada; ver por ejemplo en El
Castillo (La Pintana) o en Huamachuco (Renca). Es importante entenderlo, porque
en estos mismos años, en Buenos Aires, el Intendente pasaba la «topadora” por
las «villas” y dejaba las familias en la calle, todo en nombre de que «la
ciudad es de quien se la merece”. La
limpieza de asentamientos «informales” (nunca me gusta esta palabra, porque no
logro entender qué define los límites de la formalidad y porque demasiado sé
quiénes la definen) ha sido efectiva: según las estadísticas, en Chile, 1% de
la población vive en campamentos; usando parámetros más o menos comparables de
análisis, ONU-Hábitat identifica de 10 al 50 % para los países de América
Latina.

A mediados de los ochenta,
comenzó una presión muy grande por producir mucho más, porque unas empresas ya
se habían especializado en el rubro –descubriendo una buena fuente de ganancia–,
y porque había que llevar a la práctica el discurso del déficit habitacional y
alcanzar el objetivo del subsidio. El estado y la cámara de la construcción en
una unión perfecta comenzaron a producir viviendas diminutas como las
poblaciones Las Viñitas (Cerro Navia) o El Maule (Renca). El programa de
vivienda básica, PVB, bajó el estándar, por ejemplo, con viviendas duplex de 28
metros cuadrados, es decir, 14 metros cuadrados por piso, con un valor de 200 UF, por debajo
de lo que había sido el subsidio para la erradicación. Una casa muy pequeña en
la cual viven 4 a 5 personas y que no contempla la posibilidad de una
ampliación. Luego vino la «crème des crèmes”, un invento político de Pinochet, después
de haber perdido el referéndum y tratando de ir ganando votos entre sectores medio-bajos
para las elecciones de 1989: el programa especial de los trabajadores, PET, con
una calidad superior a la vivienda básica, pero
–como lo aprendimos más tarde del movimiento Andah-Chile– con graves
problemas relacionados a los créditos hipotecarios, que fueron entregados sin
tener realmente en cuenta la capacidad de pago de los beneficiarios –algo como el problema de las «subprime” en
los Estados Unidos que llevaron a la crisis financiera del 2008–.

En los años noventa, en los
tiempos de la transición democrática, se mantuvo todo igual: las políticas
neoliberales y el subsidio habitacional. Las autoridades del Minvu en tiempos
del gobierno de Aylwin explican esta continuidad a partir de dos problemas
percibidos: un pronóstico de posibles tomas de terrenos que pudieran amenazar
el frágil equilibrio democrático de la transición y la necesidad de seguir
bajando el déficit habitacional. Para paliar la amenaza de las tomas, el ministro
de vivienda fue a visitar los comités de
allegados, uno a uno, para convencerlos
de que se insertasen en el sistema vigente de subsidios. Por las expectativas
de la transición tan deseada, la gente de los comités aceptó. El gobierno
también intentó hacer algo distinto, el programa de vivienda progresiva, PVP,
que rescataba algunos de los elementos de la producción social del hábitat, y
de las capacidades de los sujetos para ampliar y mejorar su vivienda gracias a
sus propias capacidades. El PVP duró apenas cinco años y la Cámara Chilena de
la Construcción nunca lo aceptó.

Otra innovación que se
ensayó a partir de 1990 fue el intento
de involucrar a otros actores sociales –no solo a las empresas– en el proceso
de producción de la vivienda social. Así surgió el programa de asistencia
técnica (PAT), para financiar profesionales que acompañaran los procesos
sociales en la postulación, la
planificación y la ejecución de las obras. Más tarde surgieron las Entidades de
Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que, aprovechando las condiciones de
desregulación imperantes, se desvirtuaron y perdieron su rol de intermediación
entre el estado y los pobladores; muchas EGIS terminaron siendo más cercanas a
las empresas constructoras que a los postulantes al subsidio. De ahí que este
modelo esté ahora otra vez en el tablero.

De 1990 a 1997, el MINVU logró
construir tantas viviendas como se construía en Alemania después de la Guerra
Mundial, alcanzando una tasa anual muy excepcional de 10 viviendas por cada
1000 habitantes. Es un record que se mantuvo varios años seguidos, que permitió
reducir las estimaciones de déficit y que logró dar un techo en propiedad a la
mayoría de los postulantes del primer y segundo quintil. Es algo inédito en América Latina, ya que el modelo chileno del
subsidio habitacional aplicado en otros países de la región no logra esta
pericia sostenida de focalización social.

Al delegar el estado la
localización de las viviendas a las empresas, se han formado unos manchones,
con concentraciones homogéneas de pobreza en las ciudades. Es muy complicado
revertir estas situaciones de estigmatización de la pobreza. Algo se intentó
con el programa Quiero mi Barrio del gobierno de Bachelet, pero los resultados
son mínimos.

A partir de 1997 el
subsidio habitacional comenzó a hacer crisis por distintas razones. Por un lado
las casas de nylon en varias villas Serviu. Los medios de comunicación y la
apreciación popular culparon a la constructora de este problema. Pero hay que
ver las cosas como son: a mediados de los 90, las licitaciones de vivienda
básica con terrenos ya no funcionaban como antes; las constructoras tenían el
negocio puesto en viviendas de más alto estándar; para que las empresas siguieran participando en
los llamados del Serviu, el Minvu tomó
dos decisiones que contribuyeron a bajar, aún más, la calidad de las viviendas
de bajo costo. La primera fue subir artificialmente el valor del subsidio.
Desde entonces el valor del subsidio a la vivienda social no ha dejado de subir
(de 140 UF en 1991 para el PVB y el PVP, llegamos en 2010 a casi 700UF para el
programa Fondo Solidario; un aumento que no guarda relación con la subida de los
costos de construcción). La segunda decisión grave fue la de bajar las
especificaciones técnicas, que dio pie a que la empresa colocase menos cemento
y materiales impermeables en los blocks, dando como resultado lo que ya todos
sabemos.

El subsidio habitacional
sufrió otra forma de stress. Por la presión de la producción masiva y de la
correspondiente ejecución del presupuesto anual, los Serviu no daban de sí; no
tenían la capacidad de seguimiento y control a los avances de plata facilitados
a empresas para la construcción de la vivienda básica. Este fue el caso la
empresa Bilbao, en la Región del Bío Bío, también en 1997. Desde entonces, la
maquinaria ministerial y de los Serviu anda tambaleante.

Entre las casas de nylon y
el escándalo Bilbao, podemos decir que finalizó la era de oro del subsidio
habitacional. Pero el sistema sigue, se alarga; también se deforma. Es un
chicle de muy buena resistencia, que sigue protegiendo a las empresas y a los
bancos; sigue sin considerar a la gente, sus necesidades y sus capacidades.

A partir del 2000, en la
trama urbana de las grandes ciudades, ya casi no se construyeron viviendas
sociales. Para Santiago, ¿dónde se construyen los conjuntos del actual Fondo
Solidario? en Buin, Padre Hurtado, Lampa, lejos de la ciudad; más algunos
proyectos chicos en las comunas periféricas del Gran Santiago, más la
erradicación del campamento en la orilla del Mapocho de la comuna de Lo
Barnechea, que se trasladó del otro lado del río en la villa San Antonio
Ermita, por cierto de buena calidad y espacialmente bien separado de los
barrios vecinos residenciales.

Apareció el subsidio a la localización, que no puede
funcionar porque la política de desarrollo urbano no lo secunda. En otras
palabras, no se puede realizar una producción masiva de viviendas sin pensar en
su impacto territorial y urbano. Hablar de «localización de la vivienda” es
hablar de la ciudad. No se puede dejar la localización en manos del interés de
unas empresas. La ciudad es de todas y todos.

Apareció otro problema con la
distribución de subsidios para viviendas usadas, sin la regulación necesaria.
Gran parte del valor de estos subsidios fue a parar en manos del «retail” y,
claro, la cámara chilena de la construcción puso orden; y paró el asunto. Esto
contribuyó sobre todo a que las viviendas sociales que mantenían un precio
alrededor de los seis millones de pesos, de pronto llegaran a veinte millones
en el mercado. Es un elemento más en el proceso de la inflación de la burbuja inmobiliaria creada por el estado
y su intención de resolver el problema de la localización de los pobres en la
ciudad.

Moraleja: El negocio de la
construcción está bien estable en la economía nacional. Los nichos de las
inmobiliarias/constructoras se han trasladado de la periferia al centro: como
ya lo mencionamos, las decenas de miles de subsidios que han ido a parar en los
blocks de viviendas tan diminutas como las sociales, pero insertas en el
negocio del suelo urbano como en la comuna de Santiago. Y los conjuntos de
vivienda social en la periferia quedan un nuevo problema para los beneficiarios
y para las ciudades.

El subsidio, sus productos e impactos

Aprendimos que la
evaluación de una política pública, más vale realizarla a partir de indicadores
evidentes, que a partir de la abstracción de la estadística.

Si vemos el tema de la
calidad de la vivienda, a través del análisis de los productos, es bueno darse
cuenta que entre los años 80 y 90 se
desarrollaron los blocks de vivienda básica que, lisa y llanamente –según algunos
de sus habitantes-, vienen a ser como vivir en la cárcel, con espacios
diminutos e indignantes. Estos conjuntos de vivienda en altura (dos blocks
paralelos, de tres pisos, con las escaleras cruzada en el patio central) han
sido pensados en la lógica de los condominios, pero nadie explicó a los
beneficiarios del subsidio qué quiere decir vivir en una copropiedad. La
película «El chacotero sentimental” y los programas de televisión en tiempos de
las «casa de nylon” (1997) y más tarde hacia el 2005 nos pusieron en la retina
las condiciones de vida de más de 100 mil familias en los blocks de las villas
Serviu de Santiago, sea en El Volcán (Puente Alto) o en El Valle de la Luna
(Quilicura), además de los conjuntos de La Pintana, San Bernardo o Renca. En la
ciudad de Concepción, los vemos también en Boca Sur, Chiguayante o Talcahuano.
Todas las ciudades del país tienen sus concentraciones homogéneas de conjuntos
de vivienda indignante.

Los conjuntos de vivienda
social han sido diseñados en función de la rentabilidad del proyecto y no en
función de normas básicas de convivencia entre miles de pobladores. Cada
proyecto está cerrado en sí mismo. La distribución de los blocks no facilita el
uso del espacio público. A menudo, las fachadas de los blocks que dan a la
calle son ciegas, no tienen ventanas que permitan al vecino una relación visual
directa hacia quienes pasan por la calle y quienes entran al edificio.

Otros productos son los
«trencitos”, estos conjuntos de vivienda básica adosada y de dos pisos, como
Los Navíos en el sur de La Florida; esta modalidad de vivienda en lote
individual se descontinuó en Santiago a partir de 1996 porque los protagonistas
del subsidio –empresas y estado– argumentaban que el suelo de Santiago no resistía una
inversión inferior a 600 UF.

Bien lo sabemos que esto no es real, una vez más, es discurso,
porque una cosa es el suelo y la resistencia que éste tiene en términos de
inversión; otra cosa es que toda política de desarrollo urbano, que suscribe
objetivos de integración social, debe disponer de instrumentos que faciliten el
acceso al suelo de los sectores populares.
Hace ya muchos años ya que el Minvu se olvidó de tener un banco de
suelo. Ojalá, que la Federación Nacional de Pobladores obtenga
respuesta positiva del Minvu a su iniciativa de banco de proyectos junto a un
banco de terrenos en su propuesta de decreto para la vivienda autogestionaria.
El Serviu, si es que no los vendió, aun debería disponer de muchos terrenos en
las ciudades; lo complejo es que los tiene entregados en concesión a iglesias,
colegios, instituciones de caridad –muy respetables, espero–, pero que no
contribuyen a dar respuesta a la demanda de suelo para la vivienda de los
sectores populares.

La calidad de la vivienda
social en villas Serviu nos llevó a analizar el stock desde su valor de cambio
–un valor mercantil– en contraposición a su valor de uso –
la aptitud que posee una casa para satisfacer la demanda
habitacional
–.
En este sentido, realizamos un estudio con muchas encuestas entre pobladores de
las villas Serviu. De las respuestas surgieron varias preocupaciones. Por un
lado, la mayoría de la gente que vive en conjuntos de vivienda social quiere
salir de ahí, ya sea por miedo a la violencia, ya sea por la imagen que ellos
tienen de su conjunto de vivienda social, o por las dificultades de convivencia
con los vecinos. Sin embargo, nada es simple. A pesar de la intención de irse
de la villa, las familias realizan una inversión constante en el mejoramiento
de la vivienda. Esto lo conocemos, especialmente en Santiago, con las
ampliaciones en palafitos y con la ocupación de los espacios comunes.

Para entender las
dificultades de convivencia en los blocks de vivienda social, me referiré a unos
mapas georeferenciados por el ministerio del interior en 2003 sobre la
violencia en Santiago. Al revisar el mapa correspondiente a la violencia
intrafamiliar, nos dimos cuenta que éste coincidía con el de conjuntos de
vivienda social que habíamos mapeado en el 2001-2002.

La calidad de los productos
de la vivienda social nos lleva a preguntar «si la paz política no se obtuvo a
costa de la violencia civil; esto significaría que los y las pobres de la
ciudad, con su inseguridad, estarían pagando los costos de la política de
subsidio a la vivienda social” –como lo señala el antropólogo Juan Carlos
Skewes.

Desafíos hacia una política de vivienda que
responda a la producción social del hábitat

Los temas de la política habitacional
en Chile cubren ahora los siguientes desafíos: la respuesta a quienes aun no
han tenido acceso a la vivienda; la re-intervención en el stock de viviendas
sociales de mala calidad; los temas
pendientes del pago de los créditos hipotecarios; el enlace que nunca llega a
cuajar entre la política de vivienda y de ciudad; y por supuesto también el
gran tema pendiente de la reconstrucción pos terremoto.

A propósito del terremoto y
tsunami del 27F, uno no logra entender cómo es posible que el estado haya
logrado reconstruir prácticamente toda la infraestructura de carreteras y aun
no haya podido concretar la reconstrucción de las casas. Están los planes
maestros de reconstrucción de las áreas afectadas, están proyectos de vivienda,
están los recursos financieros necesarios; sin embargo, no pasa gran cosa. Como
lo sabemos, los damnificados de Dichato siguen esperando una respuesta
concreta. Es muy probable que el problema esté en lo mismo de siempre, que el
modelo «exige” entregar todo a las empresas constructoras, sin embargo, algo ha
cambiado: la práctica del subsidio habitacional se ha dado en un enfoque de
focalización social; ahora, las áreas damnificadas exigen otra modalidad desde
el territorio; las damnificadas y los damnificados exigen ser partícipe del
proceso; el estado espera que el sector privado lo haga todo; y las empresas lo
quieren hacer a su modo. Total, un problema de corte ideológico y político que vuelve
a dejar a la gente en el olvido.

Por otro lado, creo que están
dadas la condiciones para llevar a cabo un buen plan de negociaciones con el
Minvu, –como lo está demostrando la Federación Nacional de Pobladores– que nos
lleven a mejores productos habitacionales, más allá de los instrumentos de financiamiento
de la vivienda, incluyendo una gestión de terrenos para una mejor localización
en la trama urbana, el reconocimiento de los activos y recursos de las pobladoras
y de los pobladores para una gestión autogestionaria del proceso habitacional y
llegar a demostrar procesos habitacionales a partir de la tenencia colectiva
del suelo.

De las experiencias de
viviendas autogestionarias en un enfoque de producción social del hábitat,
aprendimos que existen otras formas de producir la vivienda y los barrios.
Están dadas las condiciones en Chile para poder demostrar al estado y al sector
privado que:

–
la vivienda es un hecho social,

–
la participación de los pobladores en el proceso de producción del
hábitat es el principal garante de la calidad de la vivienda y su entorno,

–
sin el rol regulador del estado, llegaremos a situaciones de indignación
y rebeldía, que suelen resultar políticamente caras,

–
hay alternativas al modelo reinante y podemos construirlas.

Santiago, julio de 2011



[1] Charla impartida en el
Diplomado de especialización «Movimientos sociales latinoamericanos y autogestión comunitarias” del Movimiento de
Pobladores en Lucha, MPL, el 11 de junio de 2011.

Ver
en
http://www.diplomadomovimientossociales.blogspot.com/