Nota de prensa de HIC AL: Declarada inconstitucional la ley de desarrollo rural en Colombia

Heidelberg/Ciudad de México, 24/03/2009. – La Corte Constitucional colombiana declaró inexequible la ley 1152 de 2007, también conocida como Estatuto de Desarrollo Rural (EDR), por no haber consultado previamente a los pueblos indígenas y las comunidades afro-colombianas. En su sentencia C-175/09 del 18 de marzo del año en curso, la Corte concluyó que (i) al margen de la validez material de los procesos de participación efectuados, éstos fueron llevados a cabo en forma inoportuna y por ende, contraria al principio de buena fe previsto en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT ratificado por Colombia; y (ii) no existe evidencia alguna del cumplimiento de procedimientos pre-consultivos, a través de los cuales las autoridades gubernamentales y las comunidades tradicionales acordaran las reglas del trámite de consulta previa.


El EDR había sido el blanco de una fuerte movilización social de oposición por parte de los pueblos indígenas, las comunidades afro-colombianas, las organizaciones campesinas y de desplazados, y los sindicatos de trabajadores rurales debido a su carácter regresivo y violatorio de derechos sociales. El EDR contenía normas que prohibían, por ejemplo, reconocer nuevos resguardos indígenas o sanear los existentes en ciertas regiones del país; que legalizaban escrituras de propiedad fabricadas para encubrir el despojo de tierras, y que no realizaban efectivamente una reforma agraria, entre otras múltiples.


La Gran Minga de Resistencia contra esta ley, presentó tres demandas contra ella: la que corresponde a la sentencia recién emitida por no haber consultado previamente a los pueblos indígenas y las comunidades afro-colombianas; otra demanda por vicios en el trámite de la ley; y una tercera demanda por el carácter regresivo de la ley y por violar el derecho a la alimentación, a la tierra y al territorio de la población rural. FIAN Internacional y la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina Regional para América Latina (HIC-AL) apoyaron esta tercera demanda con una coadyuvancia internacional. La sentencia sobre ésta todavía se encontraba pendiente. Con la anulación de la ley a causa del fallo sobre la primera demanda, la Corte se declara inhibida para continuar con las otras dos demandas.


FIAN Internacional y la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina Regional para América Latina saludan el fallo de la Corte y esperan que el gobierno colombiano inicie un proceso real de consulta con los sectores sociales más marginados para adoptar una ley de desarrollo rural que garantice y cumpla los derechos sociales.

Declaración del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias

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A un año de los sismos: el proyecto de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

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