Asesoría en vivienda para el proceso de reinserción en Colombia

Abstract

The NGO Fedevivienda, a sectoral federation with national level representation, was contracted to implement a presidential program for the reinsertation of the ex-guerillas of the CRS (Corriente de Renovación Socialista) through housing policies and strategies in the reinsertion process. The program had an impact on housing policy: regulations were developed to deal with exceptional cases before INURBE, and decisive contributions were made towards a future policy of insertion through housing. The program benefited approximately 5000 families, of which 483 involved reinsertions.


Resumen ejecutivo

En el país desde 1990 se ha venido desarrollando un proceso de concertación entre los gobiernos nacionales y los grupos alzados en armas. Producto de ello, han sido la firma de varios Acuerdos de Paz, en los cuales se establecen las condiciones mínimas para garantizar la entrega de armas y la inserción de los miembros de estos grupos a vida civil.

El proceso de reinserción es un intento por permitir la expresión de otras formas de ver el país. Y por lo tanto de pensar en construir mejor y más justo. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la pacificación del país está próxima, tampoco por las acciones emprendidas se puede hablar de una verdadera política de paz, que materialice las intenciones de resolver, por la vía de la negociación, los conflictos sociales.

El gobierno nacional para enfrentar estos procesos ha tenido diversas iniciativas que han permitido la negociación con algunos grupos de alzados de armas, y para atender los acuerdos pactados decidió conformar el Programa Presidencial para la Reinserción, como una oficina encargada de asumir el desarrollo de los contenidos de los mismos, estableciendo para ello, coordinación con diversas entidades que pudieran apoyar al cumplimiento de los Acuerdos en materia de salud, educación, empleo, vivienda.

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista, incluye en su capítulo 4 los contenidos del Programas de Reinserción, el que es entendido como «el conjunto de beneficios que en diferentes aspectos, se acuerda con los representantes de la CRS orientados a posibilitar, de una manera real y concreta, el proceso de reincorporación a la vida económica y social de los miembros de la misma»(1)

Este programa define las acciones a seguir en materia de salud, educación, aspectos psicosociales, capacitación y asistencia técnica, aspectos culturales, proyectos productivos, programas de tierras, promoción del proceso de paz y vivienda. En este último aspecto el gobierno se comprometió a:

  • Apoyar con capacitación a los reinsertados en el proceso de constitución de empresas orientadas al desarrollo de programas de vivienda.
  • Apoyar con capacitación orientada a la elaboración de planes de vivienda comunitaria.
  • Apoyar, mediante gestión conjunta con las organizaciones de los reinsertados, que se constituyan para la ejecución de planes de vivienda, la realización la realización de los mismos ante las entidades del Estado responsables de estos programas. Para estos efectos el gobierno concederá los subsidios para vivienda de interés social a los reinsertados y apoyará con gestión para la consecución de los subsidios a los miembros de la comunidad que se involucren en los programas específicos de vivienda.

Igualmente en lo referente a la consecución de créditos para financiar la construcción de vivienda, el gobierno acompañará la gestión que en este campo adelanten los reinsertados.»

Es en este contexto que la Federación entra a tomar parte del proceso, específicamente para atender necesidades de asistencia técnica del grupo Corriente de Renovación Socialista (CRS), buscando con ello realizar una etapa previa de diagnostico e identificación de acciones, en la perspectiva de proveer de vivienda a las familias del grupo de desmovilizados. Así en una primera fase se levantó el diagnóstico de las familias y en una segunda, se hizo el perfilamiento de los distintos programas de vivienda en los cuales los miembros de la CRS han decidido tomar parte.

En este sentido, se desarrollo una experiencia que permitió a Fedevivienda tener un acercamiento al tema de reinserción y dentro de ella, conocer las posibilidades que el sector vivienda ofrece al grupo de desmovilizados como aglutinador de procesos organizativos y con potencialidades para desarrollar procesos de participación política a nivel local.

Hoy después de concluida esta experiencia, se reconoce que el tema de la vivienda ha generado en particular en este grupo, una actividad organizativa y una dinámica de gestión que motivó a los reinsertados a vincularse más estrechamente tanto en las comunidades como en la vida de los distintos municipios donde se encuentran localizados

Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de trabajo desarrollada entre la Federación y el grupo de CRS, abrió para este último, una perspectiva importante de actuación en el tema de la vivienda, articulada a la participación que como movimiento social fue adquiriendo en el escenario político social

El tema de la vivienda, es el que se considera de mayor relevancia para CRS, pues ofrece la posibilidad de vincular sus miembros a las comunidades de las zonas donde se ubicaron, de generar alternativas de tipo político y social, intentando con ello aportar a la resolución de los problemas habitacionales.

Si bien es cierto, el proceso de reinserción no ha sido fácil, en parte debido a las faltas de políticas claras en lo referente a la paz, de procedimientos eficientes, de experiencia de negociación tanto del gobierno como de la guerrilla y de quienes trabajamos en las organizaciones de apoyo, si ha permitido espacios para que, por un lado, los grupos desmovilizados asuman su propio desarrollo como parte del movimiento social y, por otro, para que se establezcan procesos de interrelación e intercambio con otros actores tanto públicos como privados.

Respecto al tema de la vivienda, los grupos desmovilizados han asumido diversas iniciativas que han empezado a producir resultados muy concretos y positivos en un contexto en el cual se propicia el desarrollo local y la participación ciudadana, como aspectos fundamentales para la consolidación de la democracia. Ejemplo de ella es la constitución y desarrollo de organizaciones populares de vivienda, lideradas por miembros de grupos desmovilizados y su participación en espacios como las juntas Directivas de los Fondos Municipales de Vivienda, en algunos municipios del país.

Esto ha enriquecido tanto el desarrollo de la política de vivienda en el nivel nacional, como el movimiento social por la vivienda, que ha encontrado nuevos actores que han venido a dinamizarlo. En este sentido, con sistematización de esta experiencia, se fortaleció aún más el proceso de dialogo y apoyo con CRS. La metodología planteada para el desarrollo del Ciclo de Conferencia permitió profundizar algunos temas relacionados con la vivienda, llegando a identificar aspectos básicos, para continuar trabajando conjuntamente y con la participación de otros actores. Estos son:

Sobre el derecho a la vivienda – papel del estado

Al respecto se consideró indispensable avanzar en los siguientes puntos.

  • Desarrollo del precepto constitucional del Derecho a la vivienda desagregando sus contenidos como un derecho civil, político, humano y sus implicaciones en términos de derechos ciudadanos relacionados con los aspectos administrativos.
  • Desarrollo del concepto de justicia para el derecho a la vivienda y el establecimiento de indicadores para los casos en que se considere que existe una violación al derecho a la vivienda.
  • Desarrollar una metodología, unos instrumentos y unos indicadores para hacer visible y relevante el aporte a los ciudadanos de sectores populares en el desarrollo de los asentamientos humanos. Estos indicadores deberán facilitar las negociaciones del sector de vivienda de interés social dentro de las negociaciones macro-económicas que se dan en los niveles superiores de decisión y sustentar las propuestas presentadas a estos niveles.
  • Formulación de una plataforma reivindicativa del trabajo conjunto de la sociedad civil para la destinación de recursos de cumplimiento obligatorio del presupuesto nacional para superar los problemas de vivienda y habitabilidad de los sectores populares.
  • Reivindicar el papel constitucional del estado central de establecer, a corto plazo, un programa intenso de desarrollo institucional de todos y cada uno de los actores que intervienen en la gestión de los distintos procesos de los asentamientos humanos (producción, mejoramiento y mantenimiento).
  • La gestión de los diferentes procesos que se dan de los asentamientos humanos debe ser considerada, siempre, como un proceso permanente, dinámico e histórico en el que intervienen diferentes actores de la sociedad que esperan que el estado, como articulador de políticas, propicie estrategias que prioricen a los sectores de la población más vulnerable y que involucre, en sus diferentes etapas, la participación activa de los ciudadanos.
  • En particular deberá darse atención al desarrollo institucional de los municipios, para mejorar su capacidad de gestión del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda para que se optimicen los recursos locales de todo orden.
  • La tierra como recurso básico para la generación de proyectos de vivienda no puede estar sujeta al mercado especulativo. El estado debe intervenir en este mercado de tierra apta para la generación de asentamientos humanos populares. En la definición sobre su uso, debe primar antes que cualquier otra consideración, el bien común y la racionalidad en el desarrollo de los asentamientos humanos y el crecimiento de las ciudades.
  • La función del estado central en materia de vivienda y desarrollo urbano, debe estar focalizada en la asistencia técnica y el cofinanciamiento de planes y programas. Las autoridades centrales deberán definir en acuerdo con las autoridades regionales, las prioridades para la focalización de recursos y acciones de nivel central para sus territorios.
  • Los planes y programas del sector deberán incorporar como componente, la producción de bienes y servicios, fomentando y estimulando a los agentes locales.

Sobre la política nacional de vivienda

Partiendo del reconocimiento básico sobre la existencia de un marco jurídico legal (ley 9ª., ley 3ª., Art. 51 de la Constitución Nacional), que en nuestra opinión es amplio, progresista y potencialmente democrático, consideramos:

1. Es necesario desarrollar el Sistema Nacional de Vivienda. Para ello se debe mejorar la capacidad de liderazgo del gobierno nacional, dándole mayor jerarquía al problema de la vivienda y el desarrollo urbano.

2. La política de subsidio debe ser ajustada con base en la experiencia de los últimos tres años, buscando focalizar los recursos en la población carente de vivienda o de calidad en la misma, y que percibe ingresos familiares inferiores a dos salarios mínimos (US 284).
Con el mismo sentido de focalización es indispensable que los planes y programas se desarrollen en gestión cofinanciada con los municipios y otros agentes de la política de vivienda de manera preferencial para los aspectos colectivos del derecho a la vivienda.

3. Nuestra opinión es que Subsidio Familiar de Vivienda como instrumento ha sido una iniciativa positiva aunque su montaje y posterior desarrollo ha estado marcado por múltiples dificultades que lo han convertido en un verdadero «vía crucis»
El diseño del trámite para la obtención del Subsidio en el Inurbe es aparentemente simple, pero la ejecución durante los últimos años ha demostrado que existen demasiadas complicaciones en los procedimientos, teniendo en cuenta que en el proceso intervienen diferentes actores: la propia población, empresas constructoras, organizaciones de vivienda, notarias y oficinas de registro, fiduciarias, bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, cooperativas, oficinas de atención de desastres, entre otros.

Esta situación es agravada si se tiene en cuenta que actualmente las expectativas generadas por este instrumento, no han sido satisfechas como se esperaba debido al escaso presupuesto asignado para atender la política de vivienda, dificultad de acceso a crédito por la inoperancia del subsistema de financiación y la escasa o nula función de subsistema de asistencia técnica.

De conformidad con lo anterior, es indispensable transformar radicalmente el sistema y los requisitos para los procesos de postulación, elegibilidad, asignación y entrega de subsidios, teniendo en claro que se debe privilegiar los procesos asociativos sin ánimo de lucro y considerando que dichos programas requieren el subsidio estatal, nacional y municipal, para la autogestión (producción), de los procesos conducentes a la solución de los problemas habitacionales. Lo importante en este caso es que siendo el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe, el centro de este proceso, debe tomar la iniciativa con energía para lograr que su producto sea oportuno y eficiente.

El subsidio para el mejoramiento de vivienda debe ser completamente reformulado de manera que, se oriente hacia el concepto de mejoramiento barrial. En particular, deberá atender las necesidades básicas como los servicios públicos domiciliarios y su postulación será de carácter obligatorio para los municipios, quienes a su vez deberán asumir parte del financiamiento, ya sea vía municipal (con recursos propios) o vía crédito.

4. El Inurbe, debe concentrar su esfuerzo en el diseño y puesta en marcha de los programas de asistencia técnica y capacitación, para que los agentes ejecutores de la política de vivienda de los distintos niveles, funcionales y operativos desarrollen y mejoren su capacidad de gestión.

En este aspecto las acciones políticas de vivienda han sido lentas y ineficientes o mejor, inexistentes. Si bien es cierto, hemos señalado que existe una protección a través de algunas Organizaciones no Gubernamentales, las Federaciones Nacionales de Vivienda y algunas entidades privadas, queremos recordar que siempre hemos hablado e insistimos que existe un potencial que requiere de apoyo estructural como financiación de capital de trabajo y para desarrollo institucional, además de su inserción en un sistema de crédito que le permita prestar servicios de esta naturaleza.

5. Es importante que el gobierno nacional considere que los programas de subsidio denominados excepcionales (entre los que se encuentran los destinados para los desmovilizados), dada su cantidad, magnitud e implicaciones, no deben competir con los recursos ordinarios del subsidio. Esto implica que cada programa excepcional deberá ser de asignación de recursos también excepcionales.

6. Un énfasis particular ha de ser puesto en la instrumentación y aplicación de la Reforma Urbana, que como instrumento, es en su mayor porcentaje de aplicación municipal y contempla numerosas herramientas muy concretas para que los administradores locales, dependiendo de sus circunstancias particulares, intervengan en el desarrollo urbano, el uso del suelo, la regularización de asentamientos subnormales, etc. Incluso, le da a los municipios alguna posibilidad de emitir títulos de deuda pública para el financiamiento de estas nuevas responsabilidades.

7. La asistencia técnica brindada por el estado debe ser orientada íntegramente al desarrollo institucional de las administraciones locales y sus instrumentos para mejorar en cantidad y calidad su capacidad de gestión y administración de los procesos de desarrollo urbano, planificación, fomento y ejecución de procesos de vivienda de interés social y mejoramiento de asentamientos subnormales.

Sobre la acción de la CRS en el tema vivienda

Teniendo en cuenta la importancia dada por CRS al tema vivienda, consideramos que existen dos aspectos fundamentales para ser atendidos con prioridad.

El primero de ellos, la necesidad de profundizar el desarrollo de la democracia participativa al interior de las organizaciones comprometidas en el desarrollo urbano y en la promoción de los programas de construcción de viviendas y mejoramiento, que pasa por la necesidad de redefinir estratégicamente su misión, su identidad, sus objetivos, estrategias, metas, etc, para diseñar y configurar estructuras funcionales y operativas que propicien y estimulen la participación y el crecimiento colectivo, partiendo de la realidad de individuos no educados, ni estimulados para la solidaridad.

El segundo aspecto, consecuencia del anterior, es la necesidad de capacitarse en diagnóstico, planificación diseño, gestión y administración de procesos de producción y mejoramiento del habitat en general. No se habla exclusivamente de capacitación profesional, sino, de niveles técnicos y básicos, incluso de alfabetización sobre las implicaciones de lo urbano, los derechos que de ello se derivan, las responsabilidades individuales y colectivas, la dimensión e implicaciones de lo público en lo local, una nueva educación cívica, no orientada a propiciar o sugerir modelos únicos y perfectos, sino a crear las condiciones mínimas para una participación eficiente, que incluya las habilidades básicas para juzgar, negociar y concertar con otros actores la mejor manera de ejecutar y controlar las acciones y tareas que se definan.

Las organizaciones populares de vivienda y de mejoramiento del habitat, deben movilizarse hacia su desarrollo institucional estratégico dentro de la sociedad civil Colombiana y el estado en todos sus niveles funcionales y territoriales, debe propiciar y facilitar las condiciones políticas y materiales para lograrlo, porque de esta forma , se estará contribuyendo eficientemente a la descentralización dekl estado y a incrementar, a través de la participación, las posibilidades de construcción de nuestra versión de democracia plasmada en las aspiraciones por desarrollar de la constitución de 91.

El derecho a una vivienda digna no es sólo el derecho a un lote o una casa, es el derecho de un lugar para habitar y vivir plenamente, y las condiciones políticas y materiales básicas para lograrlo son responsabilidad de nuestras decisiones individuales y colectivas sobre lo público y sobre nuestro destino común, para lo cual deberemos dar el paso de simples habitantes a ciudadanos.

En este sentido, grupos como la CRS permitirán que nuevas formas de expresión, de ver el mundo, se desarrollen en los pueblos, los barrios y las ciudades. Aportarán al fortalecimiento del proceso de reencuentro de grupos de colombianos para realizar un trabajo conjunto, para enfrentar los mismos problemas y lograr a pesar de las múltiples dificultades que a diario enfrentamos, el desarrollo de experiencias concretas hacia un proyecto diferente al que nos ofrece el modelo globalizador.

Sobre La paz

Hablar del tema de la paz en un país como Colombia, que se encuentra travesando una de sus más profundas crisis a nivel político, económico y social, no es algo sencillo. Sin embargo, no hacerlo sería casi como estar dando la espalda a una gran realidad, pero también a un gran compromiso de todos, tanto como individuos como seres colectivos.

Además experiencias como la que hemos descrito, no ha enfrentado a una responsabilidad ineludible en el plano de lo social y político. Ya lo hemos dicho y ahora lo ratificamos , la paz no solamente se construye con el dialogo entre los actores involucrados en el conflicto, también tiene que ver con procesos serios y permanentes de educación para todos los sectores de la sociedad, involucrando temas como la democracia, la participación ciudadana y la necesidad de que las comunidades aporten iniciativas a su propio desarrollo.

Es necesario entonces, renovar viejos valores, tolerancia, solidaridad, respeto por los demás, que nos permita superar el conformismo y la negligencia con la que hemos venido enfrentando y lo más grave aún, aceptando y conviviendo con los muchos y variados fenómenos de violencia. Esto que se sucede en muchas regiones del país, entre diversos protagonistas, por múltiples razones, debe interesarnos y motivarnos a todos, debe tocarnos en lo más profundo de nuestro sentir, pues a todos nos daña.

  • El apoyo a procesos que como la veeduría internacional, que ha venido planteando con insistencia en los últimos meses, particularmente una zona tan conflictiva como la de Urabá (Departamento de Antioquia). Considerada como una estrategia conducente para promover acciones de solidaridad en el campo internacional, para propender por el respeto, la convivencia, la tolerancia y como efecto de ellos, concertar un proceso de dialogo y negociación entre las partes en conflicto.

Dadas las actuales condiciones conflictivas del país, sería idealista pensar que una estrategia como esta, por sí misma, logrará propiciar la resolución del conflicto armado del país. Seguramente que no lo será, pero si podrá ser un instrumento de garantía para que se respeten los derechos humanitarios de quienes no se encuentren directamente involucrados en el conflicto.

  • El fortalecimiento de los procesos organizativos y de participación ciudadana en la solución por las vías pacíficas del conflicto, que colocan a la sociedad civil no como víctima del conflicto, sino como sujeto activo y partícipe dentro de los posibles procesos de negociación.

En este contexto, experiencia como la que hemos presentado, pueden ser una base, un ejemplo de interacción, de búsqueda e intercambio de caminos, de opciones para lograr el consenso. Con este convencimiento, experiencias como esta seguirán siendo apoyadas y promovidas desde nuestro quehacer cotidiano.


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