Fuente: Adital, COHRE
Ha sido una preocupacin constante de diversas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que participan del Foro Nacional de la Reforma Urbana (FNRU), entre ellas el Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE), Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda (MNLM), Central de Movimientos Populares (CMP), Unin Nacional por la Vivienda Popular (UNMP), Confederacin Nacional de las Asociaciones de Moradores (CONAM), Instituto POLIS, ONG Tierra de Derechos, Centro Gaspar Garca de Derechos Humanos y ONG Bento Rubio, el aumento sistemtico de desalojos forzados de poblaciones de baja renta que viven en reas informales de vivienda en todo el pas. Los desalojos son emprendidos por los gobiernos federal, estatal y municipal, por propietarios y empresas privadas y por polticas de desarrollo financiadas por los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo.
El FNRU ha emprendido una lucha de apoyo a la poblacin afectada, mediante el desarrollo de campaas pblicas, apoyo y asesora jurdica, denuncias a los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, acciones de formacin y capacitacin para prevencin de desalojos, etc. Adems, el FNRU ha actuado junto al Ministerio de las Ciudades y Concejo de las Ciudades para discutir la promocin de polticas apuntando a la prevencin de desalojos forzados.
El 18/3/2005, el Concejo de las Ciudades aprob la Resolucin N 31 que propone el establecimiento de un proceso de discusin entre los rganos del Poder Judicial e instituciones esenciales a la justicia y el Concejo de las Ciudades en lo que toca a la actuacin del Judicial en conflictos relativos a los traslados y desalojos de gran impacto social, y tambin la creacin de un grupo en el mbito del Comit Tcnico de Habitacin con la participacin de representantes del Comit de Planeamiento Territorial Urbano con la finalidad de mapear los conflictos relativos a traslados y desalojos en el pas y sugerir soluciones estructurales.
La propuesta objetiva propone, al referido grupo de trabajo, lneas de accin, actividades y medidas concretas a ser adoptadas apuntando a la prevencin de desalojos forzados en Brasil, teniendo como base la legislacin internacional de derechos humanos.
El Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos ha documentado casos involucrando a cerca de 4,3 millones de personas en 63 pases que fueron desalojadas forzadamente de sus casas en el perodo de 1998-2000. Frecuentemente esos desalojos son acompaados de violencia severa, con vctimas detenidas, presas, golpeadas, torturadas y, en algunos casos, hasta muertas. Pocas naciones – incluyendo las que son fuertes defensoras de los derechos humanos donde el imperio de la ley prevalece – han tenido xito en la proteccin de la multiplicidad de personas que ilegal, arbitraria o injustamente son desalojadas.
El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera los desalojos forzados, prima facie, incompatibles con los requerimientos del Pacto y solamente pueden ser justificados en las ms excepcionales circunsta0ncias, y de acuerdo con los principios relevantes de la legislacin internacional. En ese sentido la legislacin internacional crea obligaciones legales particulares para los Estados y derechos para las personas amenazadas de desalojo.
En el caso de las ciudades brasileas, los desalojos forzados resultan de la falta de aplicacin de instrumentos y polticas que garanticen la seguridad de la posesin de las poblaciones que viven en los asentamientos informales de baja renta. Las principales causas de los desalojos forzados son: falta de seguridad en la posesin por los moradores de asentamientos informales de baja renta; no efectivizacin de la obligacin legal de regularizacin territorial y urbanizacin de asentamientos informales de baja renta para fines de vivienda por el Estado Brasileo; desarrollo de proyectos de infraestructura (Por ej.: represas y caminos); eventos/equipamientos internacionales de prestigio (Ej.: olimpadas, base espacial); proyectos de desarrollo o embellecimiento urbanos; conflictos de tierras y de derecho de propiedad; remocin o reduccin de subsidios para grupos de baja renta; transferencia forzadas de poblacin y reasentamientos forzados en el contexto de conflictos armados; separacin de grupos tnicos o raciales; movimientos de refugiados; y reivindicacin de tierras pblicas.




