SANTIAGO, julio 12, 2005.- A esta hora un grupo de hijos de las mujeres deudoras habitacionales en huelga de hambre inician una manifestación pacífica para llamar la atención de las autoridades y lograr una mesa de negociación que les permita solucionar sus problemas.
Son once los dirigentes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, ANDHA CHILE, que se mantienen en huelga desde el sábado 2 de julio, reaccionando a lo que denunciaron como una política que, si bien el Gobierno ha asegurado que va en beneficio de los pobres, sólo ha logrado mantenerlos en esa condición.
Es por eso que, en una medida desesperada, serán los niños los que se dirigirán desde la sede de la huelga de hambre de (Pasaje Ayacucho con Monjitas), hacia La Moneda para entregar una carta «sobre el estado de sus padres y el derecho que tienen de vivir con dignidad».
Inicialmente eran doce las personas en huelga, 1 hombre y 11 mujeres, pero una de ellas, Eva Cantero, pobladora de Peñaflor, de 56 años, debió retirarse el pasado sábado, luego que fuera trasladada hasta la Posta Central, aquejada de sangramiento por problemas intestinales y una intensa arritmia cardíaca.
Juana Silva, una de las dirigentes de este movimiento, expresó a Agencia UPI que concretamente están pidiendo una «mesa de trabajo para negociar y que se dé un beneficio con la clasificación actual, descontando el puntaje de la vivienda. También pedimos que exista una condonación inmediata de la deuda de los ancianos, como también de los enfermos catastróficos, porque esta es una pelea, no por sacar provecho, ni ganar más, porque si no pagamos no es porque queramos las cosas fáciles, es porque no tenemos plata y el Gobierno no nos escucha», sentenció.
La mujer resaltó que «todo lo que se ha ganado se lo hemos sacado con esfuerzo al Gobierno. No tenemos nada que agradecerle a nadie. Ha sido ganado con el sacrificio de nuestra gente. Nos ha costado lágrimas, alegrías, sacrificios (…) merecemos una vida digna», expresó, tras lo cual aseguró que las huelgas de hambre no se detendrán, ni tampoco las movilizaciones.
Si bien la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales ANDHA CHILE valoró los nuevos anuncios hechos por el Ejecutivo, insistió en que ellos sólo se han alcanzado por la presión de la gente.
«El gobierno ha dado un paso atrás en el cobro de un año de dividendos para entregar los beneficios. Ahora no será necesario pagar un año de dividendos para recibir el beneficio del subsidio. Otro anuncio importante es que se va a incorporar al beneficio de la condonación a todos los deudores que provengan del programa Chile Barrio. La cantidad de estas familias llega a 15.800, según cifras del Ministerio (de Vivienda) a noviembre del año pasado. Esto significa un avance de la lucha, y no es una concesión gratuita del Gobierno».
La dirigente insistió en que la actividad «será solamente de niños, acompañados por algunos adultos a cargo y no será acompañada de ninguna otra manifestación para garantizar la integridad física de los niños. No tendrá ningún sentido político y tendrá un carácter pacífico por lo que hemos solicitado a la Intendencia de Santiago que, por un asunto de tranquilidad sicológica de los niños, no hayan Carabineros cerca de la manifestación».
Cobro de Interés
La molestia de los dirigentes se basa en que si bien el Gobierno realizó cambios en el sistema, lo hizo desconocimiento la realidad por la que atraviesan los deudores habitacionales, «lanzando soluciones de parche y resguardando el interés de la empresa que realiza las cobranzas».
Para Eduardo Leiva, otro de los voceros de ANDHA CHILE, el Ministerio de Vivienda planteó «las cosas como si nos hubieran entregado una tremenda solución y eso no es verdad porque lo que nos garantizaron es más deuda y a más largo plazo, Ni hablar que antes nos cobraban un 8,5%. Como gran solución bajaron a un 5% de interés, y en los bancos te cobran menos de 3%, ¿Eso se puede entender como ayuda para los pobres?».
Leiva recalcó que el Gobierno no está pensando en que, «para poder optar al beneficio automático de vivienda, nos hacen firmar un convenio de repactación con Inverca a más años y cuotas que nos aseguraron que van a ser más bajas, pero la Unidad de Fomento (U.F.) sube y al final se alarga la deuda, al final nos están aumentando la deuda. El remedio salió peor que la enfermedad».
La reevaluación de quienes fueron clasificados a través de la Ficha CAS es otro punto de conflicto. Según Leiva «las comunas no dan a vasto para hacer las encuestas, como es el caso de La Pintana, que tiene que hacer más de 5 mil encuestas antes del 30 de septiembre (plazo final apara reevaluarse). Eso es imposible, ya que al mes se pueden hacer unas 200 encuestas. Esto nos preocupa porque con estas medidas logran bajar el calor de los ánimos y luego vuelta a tener que pedir que nos tomen en cuenta».
Además alertó respecto a que la reevaluación no garantiza nada, considerando que el Gobierno «no va a querer reconocer que hay más pobres en el país y por lo tanto, no esperamos que muchos más puedan acceder a una vivienda a través de reclasificación de la (Ficha) CAS».
Son 270 mil los deudores habitaciones de casas de hasta 500 U.F., 83 mil familias se vieron beneficiados (con rebaja de U.F. y aportes por 13 y hasta 80 U.F. para financiamiento) con los anuncios del Presidente Ricardo Lagos del 17 de mayo, pero otros 170 mil quedaron fuera.
Luego de pedir un detalle al Ministerio de Vivienda sobre la relación contractual de la cartera con Inverca y el fundamento para el cobro de intereses altos a deudores, que además corresponden al estrato más pobre del país, respondieron que «los créditos hipotecarios otorgados por los SERVIU se asimilan en plazo y tasa de interés a las condiciones promedio disponibles en el mercado financiero para operaciones de montos de crédito similares».
Aunque insistieron en que «la tasa de interés promedio de la cartera es a la fecha del orden del 8,5% la que, una vez aplicada las nuevas medidas, se verá reducida en promedio a un 5%».
Explicaron además que los ingresos provenientes del pago mensual de los dividendos realizados por los deudores, constituyen la recaudación mensual de los SERVIU por recuperación de los créditos otorgados.
Respecto de la adjudicación a Inverca, «el 29 de Septiembre de 1999 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por mandato de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo, llama por medio de publicaciones en El Mercurio y Diario Oficial a Licitación Pública Nacional para la Administración de la Cartera Hipotecaria de los SERVIU», explicaron.
«En cumplimiento de los mandatos recibidos, luego de elaborar las bases del llamado a propuesta pública y analizar las propuestas de cinco empresas participantes en la licitación, el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo eligió la oferta más conveniente para los SERVIU, correspondiente al de menor costo por deudor administrado. La elección correspondió a la Empresa INVERCA S.A., en función del criterio expuesto. El contrato de administración se inició el día 1ª de Julio de 2000. El plazo de acuerdo a las Bases tiene una duración de 7 años, prorrogable por 2 años adicionales, previo acuerdo entre las partes. Los términos y condiciones de los créditos otorgados por los SERVIU constan en las escrituras de compraventa de las viviendas».
De esta forma, Inverca quedó a cargo de cualquier evento, desde que un deudor contrae un crédito hasta que deje de ser deudor, con un control a través de sus 56 sucursales -desde Arica a Puerto Natales- y 300 personas trabajando, con conexión en línea.
Las denucnias contra INVERCA
Los deudores apuntan a que tras la dilación de soluciones se encuentra otro interés, el de resguardar las ganancias de Inverca, que es la empresa privada a cargo de realizar las labores propias de un ente administrador del proceso de cobros.
Esto es, registrar los créditos, actualizar su estado, emitir y distribuir los boletines de pago mensuales, recibir los pagos rindiendo diariamente cuenta de lo recaudado a los SERVIU, envío de información del proceso mensual a los SERVIU con el reporte del Estado de los créditos que componen la cartera.
En tanto, la cobranza prejudicial y judicial la realiza la empresa administradora por instrucción expresa del Director de cada SERVIU.
Lo que preocupa a los deudores es ver -según Eduardo Leiva- que hay otros intereses por que «uno de los miembros del directorio de Inverca es Matías de la Fuente, familiar del Presidente de la República. O sea, si estamos viendo lo de los temas familiares, ahí estamos viendo algo que nosotros venimos denunciando del año pasado», recalcó.
Leiva se basa en «un artículo publicado por la revista Qué Pasa el 3 de marzo de 2003, cuando De la Fuente salió del gabinete del Presidente Lagos para asumir en la empresa privada Inverca».
Afirmó además que ANDHA Chile entregó documentos que avalan estas «injusticias a todos los candidatos, a la Presidencia de la República, a la Comisión de Vivienda, además de autoridades de todos lados, incluyendo a la oposición» y anunció que mañana miércoles irán al Congreso para insistir con sus denuncias.
Inverca. S.A., aseguró a Agencia UPI que De la Fuente nunca perteneció a la empresa y lo que hizo fue realizar una asesoría para el holding -con inversiones en los sectores de turismo, navieras, consultorías y desarrollo de sistemas-, en el que se incluye a dicha entidad.
Puntualmente Matías De la Fuente participó en el proyecto Wereld Australis, destinado a apoyar a exportadores, iniciativa que se inició en 2004, pero que finalmente fracasó.




