Más de un millón de habitantes en Santo Domingo residen en terrenos reclamados por particulares

Más de un millón 400 mil habitantes de la provincia Santo Domingo viven en terrenos reclamados por particul res, mientras que en el Distrito Nacional el 70 ciento de la población, concentrada especialmente en la parte norte, se encuentra en igual condición.
Ese fenómeno forma parte de la grave situación existente en el país en relación a la tenencia de tierra que, con frecuencia, genera desalojos impulsivos e intranquilidad a las familias, dice
Pedro Franco, asesor del Espacio Urbano Popular y miembro del Consejo de Habitat Internacional Coalition, que junto a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y entidades comunitarias presentarán en la próxima semana un anteproyecto de ley, que busca dar seguridad sobre la propiedad y corregir ese malestar.
La iniciativa busca además, que se declaren de utilidad pública las zonas ocupadas ilegalmente y la creación de un fondo nacional de viviendas, al tiempo que las gentes puedan pagar las propiedades que ocupan.
Según Franco, los desalojos forzozos mantienen a la República Dominicana, como un país muy cuestionado en el ámbito internacional, porque su desarrollo no ha ido a la par con el derecho a la vivienda, consagrado en muchos tratados, y porque las personas viven de espalda a esa realidad.
‘‘En primer lugar hay que buscar la solución para que más del 70 por ciento de la población de la provincia Santo Domingo, que no tiene título de propiedad, tenga seguridad del suelo’’, indicó Franco.
Sostiene que la ley procura el consenso entre distintos sectores, ya que en otras ocasiones se han aprobado otras leyes, pero no han sido promulgadas. Manifestó que sus planteamientos buscan crear un fondo nacional con el apoyo del Gobierno; que se cree una comisión institucional que incluya a funcionarios del Estado, la sociedad civil, las iglesias y otros grupos para que dirijan y velen por la diafanidad del proceso.
Dijo que hay terrenos que deberán ser declarados de utilidad pública, mientras otros que sí lo fueron ahora, antiguos propietarios pretenden aprovechar la fragilidad para cobrar nuevamente.
Citó entre las partes más afectadas con el malestar, la zona norte de la Capital, específicamente los ensanches Luperón, Espaillat, Capotillo y Simón Bolívar, donde la familia Vicini reclama la propiedad de su suelo. En la provincia Santo Domingo, figuran Boca Chica y el ensanche Isabelita, donde el año pasado se produjo el desalojo de 19 familias por parte de una guardia privada que destruyó propiedades de personas que habían pagado por ellas a reclamantes hasta cinco millones de pesos, explicó Franco.
El fenómeno es tan complejo que hay lugares donde aparecen hasta cinco personas reclamando un mismo espacio.
Una misión de Conciliación de Expertos de la ONU sobre desalojos, entidad encabezada por su coordinador mundial Yves Cabanes, visitó recientemente el país con miras a impulsar el anteproyecto de ley.
Existen sectores involucrados e interesados en que se enfrente ese malestar, como son la Comisión Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) y otras. Franco criticó la actitud que mantiene el abogado del Estado, Nelson González, quien ordenó el desalojo masivo de algunos lugares.

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