Al igual que la autodeterminación, un derecho humano inalienable común a los principales sistemas legales del mundo, un requisito fundamental de la justicia es la ausencia de discriminación basada en cualquier factor arbitrario. La discriminación resulta típicamente en la privación de necesidades y derechos humanos. Dado su centralidad, el principio de la autodeterminación, por consiguiente, es un principio absoluto de derechos humanos encarnado en los primeros artículos de todos los tratados de derechos humanos. La no discriminación, y la obligación estatal correspondiente de asegurar la no discriminación, están consagradas en los preámbulos de todas las declaraciones y resoluciones relevantes al temas de derechos humanos, gobernabilidad, y relaciones entre Estados, naciones y pueblos. (En el Artículo 2 común a ambos Pactos, la no discriminación sobresale como un principio absoluto con aplicación inmediata a todos los derechos abarcados en estos instrumentos.[1] Los Pactos prohíben el trato arbitrario preferencial o punitivo y obligan a los Estados Partes a tomar pasos para asegurar que los derechos sean ejercidos sin distinción ni discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”[2] La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) define la discriminación como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.[3] El Artículo 5 de dicha Convención ofrece de hecho la primera codificación histórica del derecho humano a la vivienda, con referencia particular al principio absoluto de la no discriminación. Dice: De conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes…(e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: (iii) El derecho a la vivienda … Una distinción importante surge en la Convención y la historia de su negociación: mientras es la obligación de los Estados Partes y sus gobiernos de combatir al “racismo” y la “discriminación racial”, el primero es un estado mental que debe ser erradicado a través de medidas como la educación y otros esfuerzos para promover una transformación cultural y social hacia la anti-discriminación. El segundo, la “discriminación racial”, es la activación del prejuicio, la cual en su manifestación es una violación material del derecho ajeno. Cualquier acción u omisión oficial en practicar o permitir la discriminación racial es una violación de una obligación inmediata del Estado, no sujeta al “logro progresivo”. Esta distinción entre (1) racismo teórico y (2) discriminación racial en la práctica tiene raíces históricas. También se encuentra en sistemas morales, como se refleja en El Corán, que reconoce la existencia del prejuicio, pero sin embargo implora en contra de ponerlo en práctica: “Usted que cree, que es vertical para Dios, los portadores de testigo con la justicia; y permitió no que odio de una personas le incita a no actuar equitativamente. Sea justo, eso es lo más cercano a la observancia del deber [la cosa más cercana a la piedad].[4] Esta distinción moral resultó relevante casi un milenio después, durante la Revolución francesa. En ese entonces, la proclamación revolucionaria y moral a favor de los Derechos Humanos del Hombre y Ciudadano fue “liberté, égalité, fraternité. Mientras las tres cualidades fueron vistas como deseables y necesarias para la construcción de una sociedad nueva y democrática, sólo libertad e igualdad podrían ser legisladas. La fraternidad podría ser desarrollada y promovida por el Estado y la sociedad civil más que aplicada. No obstante, se puede emprender un rango de medidas prácticas hacía la no-discriminación en la práctica actual. Inherente al principio de la no discriminación es el entendimiento de que los programas que atorgan ventajas formales a personas y grupos sujetos históricamente a la discriminación no constituyen discriminación ilegal. Al contrario, el derecho internacional público llama a los Estados a proveer asistencia adicional a las personas y los grupos sujetos en el pasado y/o el presente a la discriminación, como en programas de discriminación correctiva/ positiva o de acción afirmativa que sirven para enmendar patrones anteriores de privación.[5] Aplicado a la seguridad de la tenencia, el principio de no discriminación evita que tanto las personas como los grupos queden privados de oportunidades de acceso a la seguridad de la tenencia, para ello es importante el cumplimiento de la legislación, se dé protección y se realicen acciones de reparación, que no nieguen el derecho a la vivienda por pertenecer a un grupo étnico determinado, por el color de la piel, credo, género, sexo, por la orientación sexual, opiniones políticas, condición social o económica, idioma, discapacidad física, propiedad, tipo de trabajo legítimo, ascendencia o cualquier otra razón o criterio arbitrario. Para los pueblos indígenas, tribus y otros pueblos basados en un territorio, los Estados tienen la obligación de reconocer sus sistemas de tenencia en la legislación y en los asuntos administrativos que les concierne. De igual forma, ningún Estado tiene autoridad legal para discriminar de jure o de facto a ninguna persona o grupo, de manera que ponga en peligro o niegue la seguridad de la tenencia de la tierra, particularmente cuando resulte injustamente ventajoso para un tercero. Esto es válido para prácticas como el nepotismo y otras formas de corrupción que benefician desproporcionadamente a los miembros de la familia o partidarios políticos, asimismo es válido para las preferencias otorgadas a grupos, las cuales son causa de sectarismo o conflictos intercomunitarios. La legislación pública internacional hace un llamado para que los Estados den especial atención a las personas o grupos que han estado sujetos, en el pasado o presente, a la discriminación. Para ello se propone la puesta en marcha de programas de acción afirmativa que compensen los patrones vigentes de privación.[6] Dicha acción afirmativa se encuentra en el centro mismo de los principios legales del CESCR que, en el marco del Artículo 11, señala que los Estados tienen la obligación de “…conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección…”.[7] [1] Para ahondar más sobre las obligaciones legales a la implementación inmediata del principio de la no discriminación aplicada al derecho a la vivienda, véase el informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada E/CN.4/2002/59. [2] ICESCR, Artículo 2.2; ICCPR, Artículo 2.1. [3] Artículo 1, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptado por la Asamblea General, Resolución 2106 (XX) de 21 de diciembre de 1965, entrado en vigor el 2 de enero de 1969. [4] Traducción no oficial. Capítulo 5: The Food [al-Ma’da], Sección 2: “Duty of Uprightness,” verso 8. Maulana Muhammad Ali, transl. The Holy Qur’an (Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam, 1963), p. 243. [5] Véase Marjorie Cohn, “Affirmative Action and the Equality Principle in Human Rights Treaties: United States’ Violation of Its International Obligations,” Virginia Journal of International Law, Vol. 43 (2002), 249–74. [6] Para una guía más completa de las obligaciones legales relativas a la instrumentación inmediata del principio de no discriminación aplicado a los derechos a la vivienda, véase el informe del Special Rapporteur sobre Adequate Housing (Vivienda Adecuada) E/CN.4/2002/59. [7] Observación General núm. 4, “Seguridad jurídica de la tenencia,” op. cit., para. 8 (a).
Aplicada a la Seguridad legal de la tenencia, libertad del desposeimiento
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Declaración del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias
En el marco del U20, organizaciones sociales, movimientos populares, redes de la sociedad civil, integrantes de la academia y autoridades locales comprometidas con la igualdad, los derechos humanos y la sustentabilidad se reunieron en Buenos Aires para proponer un compromiso común por Ciudades Igualitarias.




