Los principios arriba abordados son los mismos planteados de manera explícita en los principales tratados internacionales de derechos humanos. A la vez, podemos considerar principios y conceptos adicionales que también orientan la aplicación del derecho humano a la vivienda adecuada. Estos surgen de la jurisprudencia internacional del monitoreo de Estados Partes individuales llevado a cabo por los Comités encargados, así como sus Observaciones y Recomendaciones Generales. También vienen de reclamos de movimientos populares, de las resoluciones políticas de las organizaciones multilaterales, de opiniones expertas tomadas de la literatura legal, y de la experiencia en constante evolución en la realización de los derechos humanos. Tres de estos principios de aplicación para nuestra consideración se conocen como la “indivisibilidad de los derechos”, las “obligaciones esenciales mínimas” y la “universalidad”.
Indivisibilidad
El concepto de todos los derechos humanos como indivisibles es tanto práctico como teórico. Surge de la realización de que, al desenvolver los contenidos de un derecho, encontramos allí entremezclados aspectos de los otros derechos.
Considere, por ejemplo, el elemento de “habitabilidad” contenido en el derecho humano a la vivienda adecuada. El deterioro de los elementos estructurales de una casa deja a sus habitantes expuestos a los elementos o la contaminación del entorno inmediato del hogar, afectando sin duda al disfrute del derecho humano a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,” como reconoce el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (DUDH), y codificado como “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” en Artículo 12 del Pacto DESC de 1966.
Así también, la condición de estar sin techo es sinónimo con la negación del derecho al voto en la mayoría de los Estados, ya que el registro y el acto de votar requieren domicile fixe. Así que el derecho humano a la vivienda adecuada se vincula con el derecho de todos a “a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos,” como establecido en la DUDH (Artículo 21) y codificado en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, como el derecho de todos a “[p]articipar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos” (Artículo 25). Incorporando la experiencia de los miembros de HIC y otros alrededor del mundo, se ha vuelto claro que nuestra metodología de monitoreo también enfoca importancia en el derecho humano “congruente” de participación y auto-expresión entre los elementos constitutivos del derecho humano a la vivienda adecuada.
El ejercicio de ordenar, categorizar y distinguir objetos de cualquier tipo puede ser útil ya que permite manejar la complejidad y facilitar la comprensión. Así ocurre con los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, encontramos que los derechos humanos son interdependientes, y la separación categórica puede ser artificial y de hecho, obstruir el entendimiento. Un ejemplo es en la división de los derechos humanos contenidos en la DUDH en dos Pactos separados. La razón de esta separación se atribuye en gran medida a las ideologías divergentes de la época de la Guerra Fría que dominaban la Asamblea General al momento de la adopción de los Pactos en 1966. Factores de ideología también explican porqué uno de los Estados más grandes y ricos sigue sin ratificar el Pacto DESC hasta la fecha, y la ideología también ganó para excluir “el derecho humano a poseer propiedad” del Pacto, a pesar de la inclusión de dicho derecho en la DUDH (Artículo 17). A pesar de la impresión equivocada que dejan los Pactos al dividir a los derechos humanos en dos campos, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce en su preámbulo que:
… con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Sin apreciar el principio absoluto de indivisibilidad, pueden surgir otras distorsiones también. Dado el mayor grado de atención dedicada a los derechos civiles y políticos en comparación con los DESC (coincidiendo con algunas preferencias occidentales), algunos autores han propuesto que consideremos “generaciones” de derechos.[1][1] El hecho de así pretender priorizar derechos distintos sólo sirve para perpetuar la negligencia histórica hacia los DESC y promueve una lógica que puede culminar en violaciones de dichos derechos. El nominar a los derechos civiles y políticos en un orden jerárquico como derechos de “primera generación” deja a los DESC como secundarios: la “segunda generación” de derechos. Los derechos de grupos, distinguidos de los derechos individuales, como los derechos ambientales y en algunos casos de autodeterminación, así se quedan relegados como de “tercera generación”. Esta perspectiva se mantiene viva por un sencillo malentendido sobre la realización “progresiva”, requerido en el Pacto DESC, sugiriendo que la realización pausada de los DESC sea aceptable y por lo tanto que todos los aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales estén sujetos a implementación gradual. La indivisibilidad de los derechos humanos desmiente estas nociones gradualistas o generacionales. Así que este Juego de Herramientas no puede tolerar el enfoque divisivo y generacional de los derechos humanos no por razones de ideología sino por la razón de que las teorías que segregan limpiamente a los derechos no se sostienen en la práctica.
Dentro de este reconocimiento de la indivisibilidad de los derechos, el Comité DESC observó lo siguiente:
… el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables… el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad. De manera semejante, el derecho a no ser sujeto a interferencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, constituye una dimensión muy importante al definir el derecho a una vivienda adecuada.[2]
Obligaciones esenciales
Aislada, la mención muy general de los derechos humanos en los textos de los tratados, no ofrece la orientación específica necesaria para aclarar sus obligaciones específicas de los Estados Partes alrededor del mundo. Le versión en inglés del Pacto obliga a los Estados a “tomar pasos” (take steps). El texto francés llama a los Estados a “actuar” (s’engage agir), y en español el Pacto manda a los Estados a “tomar medidas”. Pero el Pacto ofrece poco sobre lo que estos pasos/ acciones/ medidas deben ser, sino para decir que deben ser “apropiado”, “progresivo” (no-regresivo/ no-retroceso), no discriminatorio, involucrar cooperación internacional e incluir medidas legislativas (fuerza de ley). Así que los cuerpos de monitoreo cargan con la tarea de emitir Observaciones y Recomendaciones Generales para proveer la especificidad necesaria, basándose en derecho público internacional y la experiencia de implementación de todos los Estados Partes.
En su Observación General No. 3 sobre “La índole de las obligaciones de los Estados Partes” [3][3], el Comité DESC abordó el principio de “obligaciones mínimas”:
…una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de… abrigo y vivienda…, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser.[4][4]
La Observación General, como el Pacto, toma en cuenta las limitaciones materiales de los Estados. No obstante, el Artículo 2 (1) del Pacto obliga a cada Estado Parte a tomar los pasos necesarios “hasta el máximo de los recursos de que disponga,” y el Comité encargado del tratado ha determinado que la naturaleza de las obligaciones pactadas son tales que un Estado tiene el deber firme de demostrar que “ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.”[5]
Las “obligaciones mínimas” también abarcan aquellos pasos apropiados para respetar, defender, promover y cumplir con el derecho humano a la vivienda adecuada, como los demás DESC, como materia de aplicación inmediata. Entre las medidas apropiadas, además de armonizar la legislación doméstica con los derechos pactados, es la de proveer remedios judiciales a las víctimas dentro del sistema jurídico nacional. Esta sería una de las medidas más efectivas para asegurar cumplimiento con las obligaciones de implementar ciertos aspectos de los DESC de manera inmediata, como medio de asegurar la no discriminación. El Comité ha determinado que es “difícil sostener” cualquier sugerencia de que estas obligaciones inmediatas sean intrínsicamente no auto ejecutables. Esta autoridad legal es consecuente con los términos de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados (1969) la cual prevé que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”[6]Los cuerpos encargados de los tratados han ahondado más para aclarar que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos, ni acuerdos con otros actores pueden ser usados para justificar la no implementación de las obligaciones pactadas en materia de derechos humanos.[7]
La no discriminación es quizás la más obvia y urgente de los principios inmediatos en la implementación del derecho humano a la vivienda adecuada. El Comité DESC ofrece orientación específica tal que, entre otras cosas, “Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atencón especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás.”[8]
Las medidas necesarias para el cumplimiento estatal con las obligaciones de aplicación inmediata incluyen obligaciones negativas. O sea, varias de las medidas para la realización del derecho humano a la vivienda adecuada requieren poco más que que el Estado y sus agentes se abstengan de ciertas prácticas dañinas, tales como la demolición arbitraria de viviendas y desalojos forzados, y un compromiso verdadero de facilitar la autoayuda o producción social del hábitat llevado a cabo por grupos necesitados. Tales modificaciones en la conducta del Estado no requieren gastos significativos de recursos públicos.
Universalidad
El principio de la “universalidad” de los derechos humanos se expresa de manera sencilla en el reconocimiento otorgado por la DUDH de que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1). Todo ser humano, sin excepción, goza de los mismos derechos humanos por virtud de ser miembro de la familia humana. Desde un punto de vista moral, la universalidad de los derechos humanos es un principio esencial, sí la civilización humana tiene la esperanza de avanzar hacia un mundo mejor. En derecho internacional, el texto del Pacto DESC también habla de manera coherente sobre el derecho de “todos”, obligando a los Estados a no discriminar en su apego a las obligaciones esenciales mínimas. En el campo de la vivienda, en particular, los Estados están prohibidos a interpretar sus obligaciones esenciales mínimas para aplicación selectiva, o sea, sólo para sus ciudadanos o sólo ciertos ciudadanos, sino también deben asegurar que el derecho humano a la vivienda adecuada sea realizado para “todos” incluyendo residentes, inmigrantes y trabajadores migrantes, etc. La única condición permitida por ley es que los sujetos de derechos humanos se califican como miembros de la familia humana.
Anterior a la Declaración Universal, los movimientos sociales, las revoluciones, las luchas en contra de la esclavitud y las contribuciones intelectuales del pasado sirvieron como vehículos para la promoción de los derechos humanos que finalmente han sido incorporados en derecho y práctica local e internacional. Sin embargo, muchos de estos logros renombrados fueron limitados en su sustancia o aplicación, geográfica o socialmente, o fueron sujetos a revocación. La ciencia social y la filosofía han contribuido enormemente al reconocimiento de los derechos humanos, pero no han tenido la fuerza de ley. El reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos supera los defectos dejados por estos logros por lo demás significantes:
Límites en rango de aplicación:
- Los derechos y las éticas contribuidos a través de los sistemas morales del mundo, en particular los originados en las religiones, también están limitados por el hecho de su aplicación a los adscritos a un grupo religioso particular, sin aplicación universal;
- La Magna Carta de 1215 impuso límites sobre la impunidad real, los cuales se tradujeron en derechos nuevos para los ciudadanos, sobre todo los propietarios de tierras. Sin embargo, este logro histórico tuvo apenas aplicación local dentro del reino geográfico del rey de Inglaterra.
Exclusión de sectores sociales y derechos sustantivos:
- La “Revolución Americana” en las colonias británicas que luego constituyeron los Estados Unidos de América originales, realizó el derecho a la autodeterminación como un derecho legal y raison d’état. No obstante, el derecho a la autodeterminación, por inalienable que sea, aplicó en el caso de la Revolución como un derecho limitado sólo a los colonizadores blancos quienes se identificaban como un pueblo distinto. Los pueblos nativos — quienes fueron en mayor medida diezmados y reemplazados por los colonizadores — siguen hasta la fecha sin lograr su autodeterminación;
- La Revolución Francesa, con todos sus logros, realizó derechos para individuos. Campesinos y obreros franceses buscaron reconocimiento de sus derechos colectivos en el contexto de la Revolución, sin embargo su liderazgo rechazó estas nociones expansivas de derechos e implantó liberté, egalité y fraternité con un enfoque individual;
- Los resultados de la Revolución Bolchevique institucionalizaron el reconocimiento de los derechos colectivos de los obreros, etc., pero rechazaron el derecho a la propiedad privada. A pesar de cualquier fundamento ético que se pudiera argumentar para esta omisión, la negación del derecho a la propiedad ha surgido también como un instrumento común para la privación de fuentes de sustento para personas, comunidades y pueblos enteros, así demostrando, por su violación, la importancia de este derecho humano descuidado.
Retrogresión:
El movimiento contra la esclavitud en Haití al final del Siglo 18 resultó en un régimen democrático y una Constitución bajo el liderazgo del ex esclavo y eventual General Toussaint Louverture. Sin embargo, la misma Francia que produjo la Revolución que cambió al mundo sólo 12 años antes, vio al General Napoleón I aplastar a la nueva democracia en 1801 por razones de interés imperial, revertiendo los logros de la democracia haitiana anti-esclavitud, con consecuencias que extienden hasta el presente.
A pesar de sus defectos, estos episodios en el logro paulatino de derechos a través de luchas locales han contribuido todos al acumulo del reconocimiento de los derechos humanos como de aplicación universal. La ley de derechos humanos hoy en día encarna ese reconocimiento acumulativo en una codificación internacional y universal que busca no dejar ningún grupo humano, región geográfica ni necesidad humana sin protección mutua en el régimen legal multilateral.
La universalidad de los derechos humanos ahora significa que es inadmisible menospreciar ciertos derechos como si fueran seleccionados para ciertas culturas, como si las personas de otras culturas merecieran un estándar inferior. La universalidad también significa que ningún Estado o gobierno está exento de sus obligaciones, ni por razones de legislación local como aclara la Convención de Viena, ni para mantener prácticas tradicionales que violen derechos o sus principios absolutos de aplicación.
La interpretación de los derechos en congruencia con la cultura propia (como en la adecuación cultural de la vivienda) significa aplicar opciones específicas locales y expresiones idiomáticas consecuentes con el marco de derechos humanos. Sin embargo, las prácticas que mantienen o permiten derechos no equitativos a la seguridad de tenencia, herencia, u otros elementos del derecho humano a la vivienda adecuada, no están de acuerdo con el marco actual y con toda probabilidad violan tanto las disposiciones específicas a la igualdad de género en el Pacto, así como elementos esenciales de la Convención de Viena de 1969.[9][9]
Mientras la experiencia local de aplicación y lucha sigue ofreciendo especificidad sobre cómo realizar los derechos humanos, además de revelar una variedad de estrategias y definir derechos emergentes (como los derechos al agua, a la tierra y a la energía), la especificidad cultural no significa espacio para la derogación de derechos a algo menor a los principios absolutos y los elementos abordados en este Juego de Herramientas. Como afirman los argumentos morales y la autoridad legal, la vivienda adecuada es el derecho de todos y todas, en todo lugar.
Conclusión
Los principios absolutos presentados en los pasos de monitoreo de este Juego de Herramientas son los mismos explícitamente mencionados en los principales tratados de derechos humanos. Los “otros principios de aplicación” se infieren en los instrumentos de derechos humanos o se reconocen en la jurisprudencia internacional, sin restarles ninguna importancia.
Sin embargo, el Juego de Herramientas de la HLRN busca ir más allá de simplemente animar al monitor a mantener en mente estos principios adicionales. Más bien, el diseño del Juego de Herramientas incorpora de manera íntegra estos tres principios, sin distinguirlos como pasos adicionales en el proceso de monitoreo.
La indivisibilidad de derechos se encuentra ya presente en los 12 elementos, en tanto que los primeros ocho se derivan directamente de la Observación General No. 4 del Comité DESC específicamente sobre el derecho a la vivienda. Los “derechos congruentes” se derivan de derechos cuyas fuentes y conceptos surgen del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Refugiados y otros instrumentos. Es evidente que los elementos mismos del derecho a la vivienda encarnan el concepto de indivisibilidad en una forma práctica.
Las obligaciones esenciales mínimas aplicadas en el caso del derecho humano a la vivienda adecuada también son consecuentes con aquellos elementos enumerados en Observación General No. 4, e integrados en esta metodología (elementos A-H del derecho humano a la vivienda adecuada). Naturalmente, la especificidad local sobre la naturaleza y el nivel de esfuerzo requerido para realizar el derecho humano a la vivienda adecuada constituye precisamente tu contribución a través de tu esfuerzo de monitoreo, tu proceso crítico y tu planteamiento de soluciones a los problemas en la práctica.
La universalidad del derecho humano a la vivienda adecuada también es intrínseca a este Juego de Herramientas por diseño. Esto se manifiesta en el amplio rango de instrumentos internacionales y regionales garantizando el derecho, el cual está incorporado en el Paso 2 con la presentación de las Fuentes en derecho internacional y Fuentes populares.
La buena noticia es que, con estos principios integrados en el diseño del Juego de Herramientas, puedes aplicarlos de forma automática, y resultaría innecesaria y redundante crear tareas correspondientes adicionales. Al aplicar la metodología en este Juego de Herramientas para el Monitoreo del los Derechos a la Vivienda y la Tierra, estarás poniendo en práctica viva todos estos principios interrelacionados e interdependientes.
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[1] Al jurista francés Karel Vasak se le atribuye la primera propuesta sobre la división de los derechos humanos en tres generaciones, hecha durante su estadía en el Instituto Internacional sobre Derechos Humanos (Estrasburgo), en 1979. Su división adoptó el proclamo de la Revolución Francesa de Liberté, Égalité, Fraternité como categorías ordinales. Las tres generaciones se reflejan después en algunos de los rubros de la Carta Europea sobre Derechos Fundamentales.
Los derechos humanos de primera generación se relacionan con libertad. En el planteamiento de Vasak, estos se refieren fundamentalmente a los de naturaleza civil y política, y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Por lo tanto incluyen, inter alia, la libertad de expresión, el derecho a juicio justo, y libertad de credo, como consagrados en los Artículos 3–21 de la DUDH y ICCPR.
Los derechos humanos de segunda generación serían los relacionados a igualdad, supuestamente los derechos económicos, sociales y culturales. Esta teoría plantea a estos derechos como en esencia derechos positivos, o sea, acciones requeridas del Estado al beneficio de las personas bajo su jurisdicción, a diferencia de acciones de las cuales el Estado debe abstener—como los desalojos forzados—para realizar los derechos.
Los derechos humanos de tercera generación corresponden a fraternidad, o involucran la “solidaridad”. Abarcan los derechos colectivos o de grupo, como la autodeterminación, el desarrollo económico y social, la soberanía sobre los recursos naturales, y el derecho a participar en la herencia común de la humanidad. Vistos como tercera generación, esta teoría supone que estos derechos no son todavía obligatorios y son difícilmente legislados.
Otra explicación para el esquema de las tres generaciones de derechos se basa en las divisiones políticas de la Guerra Fría, donde occidente promovía supuestamente los de primera generación (derechos civiles y políticos), y Oriente los de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales). El llamado Tercer Mundo (o sea, de tercera prioridad en la jerarquía putativa), reclamaba los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, como en las luchas de descolonización de los años 70, incluyendo los procesos de descolonización aún sin conclusión hoy en día.
[2] Observación General No. 4: El derecho a la vivienda adecuada (1991), párrafo 9.
[3] Adoptado por Comité DESC en su quinta sesión (1990), E/1991/23.
[4] Ibid., párrafo 10.
[5] Ibid.
[6] Convención Viena sobre Ley de Tratados, firmada en Viena, 23 de mayo de 1969; entrado en vigor el 27 de enero de 1980, Artículo 27: «El derecho interno y la observancia de los tratados.» El Artículo también estipula que «Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” Artículo 46: «Disposiciones de legislación interna referentes a competencia para firmar tratados” establece que «1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.»
[7] Carta de la presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).
[8]Observación General No. 4, párrafo 11.
[9] La Convención de Viena establece en su Artículo 27 que «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado,» y artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.»
Fuente: HLRN Toolkit 2005




