MANIFIESTAN:
Que la Organización de Naciones Unidas conmemora en octubre de cada año, el Día del Hábitat, entendido éste como el conjunto de elementos que garantizan a todas las personas el Derecho a condiciones de habitabilidad dignas, incluida la vivienda . En Guatemala este derecho está establecido en la Constitución Política de la República.
Que para la conmemoración del 2007 el lema es «Una ciudad segura es una ciudad justa», definido así para hacer visibles las constantes amenazas a la seguridad en los espacios y viviendas en las que habitan la mayoría de las personas.
Esas amenazas se materializan en riesgo de:
1. Desalojos forzosos a población sin seguridad jurídica sobre su vivienda.
2. Destrucción, sufrimiento y pérdida de vidas, entre otros impactos sociales y territoriales causados por «fenómenos naturales».
3. Desprotección de los recursos naturales.
4. Miles de personas carecen de terreno donde construir vivienda o no cuentan con seguridad jurídica sobre la misma .
En Guatemala estas amenazas se agudizan por las profundas desigualdades sociales, la exclusión de las mayorías y la discriminación.
La falta de interés del Estado de Guatemala a través de los distintos gobiernos que han estado al frente se refleja en una institucionalidad débil, una pequeña asignación presupuestaria y la ausencia de propuestas transformadoras que enfrenten el problema.
De esta forma lejos de resolverse la problemática de vivienda en Guatemala se profundiza por una tendencia generalizada a privatizar el hábitat, la vivienda, los servicios y el espacio público, mismos que pierden su valor de uso y se convierten en mercancías.
Los procesos de reconstrucción post-desastres, como en el caso de la Tormenta Stan generan incertidumbre y frustración por la lentitud con que se llevan a cabo, la omisión en algunos casos los derechos de los pueblos indígenas y la pertinencia cultural en la planificación y desarrollo de los proyectos de vivienda.
A pesar de que cerca de millón y medio de familias carecen de vivienda o viven en condiciones no adecuadas e indignas, lo que se reconoce incluso en los considerandos de la actual Ley de vivienda, el presupuesto asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para atender la demanda y necesidad de la población es irrisorio frente a la magnitud del problema. A eso hay que añadir el clientelismo político y económico, la priorización de los intereses del mercado de la construcción y la no aprobación desde hace dos meses de subsidios por parte de la Junta Directiva de FOGUAVI.
La población desarraigada, desplazada y desmovilizada – Incorporada, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, enfrenta serios problemas para lograr el ejercicio de su derecho a la vivienda. Después de 10 años de la firma de esos Acuerdos existe una demanda de mas de 15,000 subsidios que no ha sido satisfecha.
Las personas asentadas en la línea férrea corren el riesgo de desalojos violentos sin que se garantice la legalización de tierras ni traslados dignos en los que se tenga en cuenta la cercanía de fuentes de empleo.
Los miles de grupos familiares que habitan en asentamientos, viven en situaciones precarias, en las que prevalecen el hacinamiento, baja calidad de materiales para la construcción y la inseguridad, entre otros.
A todo esto se suman los deslaves y otros desastres que causan pérdidas irreparables de vidas humanas, así como daños materiales. Todo esto genera un ambiente de descontento, y propicia tensión social y violencia.
La legislación actual para la vivienda impide un adecuado tratamiento a dicha problemática, por lo que es imprescindible cambiar la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos.
En el día del Hábitat y ante la gravedad del problema de la vivienda en Guatemala estamos profundamente preocupados por la poca atención, desconocimiento y superficialidad con que en los planes de gobierno de los dos candidatos a la presidencia tratan el tema.
Por lo anterior: DEMANDAMOS:
Que el Gobierno entrante aborde la problemática del hábitat seria y responsablemente desde el inicio de su gestión.
Que el Congreso de la República apruebe la propuesta de Ley de Vivienda y su ordenamiento Territorial, Equipamiento y Servicios, que de una forma consensuada por la sociedad civil y con el apoyo de la Universidad de San Carlos ha sido elaborada y que se presentará oportunamente al Congreso de la República.
Que las autoridades salientes cumplan con la responsabilidad de trasladar todo lo pendiente por resolver en las distintas instancias gubernamentales y a los nuevos funcionarios y que estos fortalezcan e impulsen los procesos que estén encaminados
Que antes del cambio de Gobierno se proponga, discuta y apruebe un presupuesto que permita a las nuevas autoridades de gobierno cumplir con los compromisos en vivienda pendientes.
A la población guatemalteca le pedimos mantener la movilización y accionar en la búsqueda de condiciones para el ejercicio del derecho a la vivienda, como un derecho humano fundamental, participando de la auditoria social, exigiendo la transparencia y el respeto a la institucionalidad de las nuevas autoridades y denunciando todo tipo de corrupción y clientelismo político y económico en la implementación de los planes de vivienda.




