Crisis de los Derechos a la Tierra y la Vivienda 2004-2006. Las Violaciones aumentan en Todo el Mundo

Habitat International Coalition
Red de los Derechos a la Tierra y la Vivienda

El presente informe se basa en estudios de casos provenientes desde diversas fuentes, todos ellos están incluidos en la base de datos de Housing and Land Rights Violation Database (VDB) http://www.hlrn.org/welcomeviolation.php. La red de los derechos a la tierra y la vivienda de HIC desarrolló la BDV para recoger datos estadísticos y cualitativos en cuatro categorías de violaciones: (1) desalojos forzosos, (2) demolición, (3) desposeimiento/confiscación y (4) consecuencias de la privatización de bienes públicos y servicios. Este trabajo ha sido realizado gracias a los esfuerzos y la colaboración del Secretariado General de HIC (https://staging.hic-net.org/indepth.asp?PID=61). Las contribuciones presentes y futuras para el monitoreo de estos casos se confían a la vigilancia de los miembros de HIC.

Mientras las violaciones del derecho humano a una vivienda adecuada (HRAH, sigla en inglés) pueden afectar a cualquiera de los elementos indivisibles de los derechos humanos, la VDB presenta una multitud de casos agrupados bajo tres categorías principales:

Desalojo Forzoso: Definido en derecho internacional como «el traslado permanente o temporal contra el deseo de los individuos, familias y/o comunidades, de los hogares y/o tierras que ocupan, sin la previsión o/y acceso a formas adecuadas de protección legal u otras”[1]. En su “Resolución de Desalojos Forzosos”, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU afirmó que las expulsiones forzosas constituyen una “violación flagrante de los derechos humanos.”[2] Pese a ello, este fenómeno se expande y crece afectando a millones de personas en todo el mundo. El estado sigue siendo el principal responsable de estas violaciones, sin embargo otros actores son señalados de manera creciente como responsables directos o indirectos de los desalojos forzosos, en algunos casos estando asociados con los mismos estados.

Desposeimiento/Confiscación de la tierra y la vivienda:
Demolición/Destrucción de la tierra y la vivienda:

Estas dos categorías se refieren a violaciones graves que no necesariamente incluyen el desalojo forzoso, pero implican la pérdida y/o destrucción de la vivienda y recursos relativos, incluyendo la tierra. En general, éstas abarcan la denegación arbitraria al acceso a la vivienda y la tierra, pero algunos casos particulares implican ya sea el traslado coercitivo y/o sin compensaciones de propietarios o arrendatarios en provecho de otros beneficiarios o, como alternativa, la utilización de bulldozers Caterpillar D-9 u otras armas letales con extrema violencia, agravando aún más estas violaciones.

Privatización de los bienes públicos y servicios: A primera vista quizás no son los principales hechos que van en contra de los derechos humanos. Sin embargo, las formas como son llevadas y las consecuencias que implican pueden crear una ruptura en los compromisos adquiridos por los tratados de derechos humanos. La privatización del agua y los recursos energéticos, además de las tierras, medio de vida comunidades enteras, tiene efectos aplastantes en las personas y comunidades de por sí vulnerables. El adecuado manejo de las tierras colectivas está sujeto, en todas partes, a la parcelización de tierras en terrenos privados con el fin de que sean compradas o vendidas más fácilmente. A menudo, estas políticas son implementadas sin el acuerdo de los afectados provocando el desposeimiento de la tierra y la vivienda, incremento en el costo de la vida, además de ocasionar desalojos forzosos y procesos de reinstalación. Las prácticas actuales muestran que la tendencia a una mayor privatización del parque de viviendas y/o de riquezas nacionales agrava la pobreza y va contra los esfuerzos putativos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Mientras que alguno de estos fenómenos perniciosos podría escapar individualmente a una definición más estrecha de “violación flagrante” a los derechos de la tierra y la vivienda, la BDV intenta agruparlos sin que por ello se pierda la posibilidad de analizar cada caso bajo sus múltiples dimensiones. También se garantiza que cada caso, aunque las violaciones sean múltiples, sea registrado estadísticamente una sola vez. Es por ello que las cifras por regiones que aparecen en el mapa del sitio web de la BDV corresponden al número real de hechos, aunque un hecho único puede contener más de un tipo de violación debiendo figurar bajo cada categoría.

Mapa de la Crisis de los Derechos a la Vivienda y a la Tierra

El mapa de HIC sobre la crisis en la vivienda 2004-06 es un llamado a la acción. Provee de un análisis de aquellos datos recogidos explicando el a veces sorprendente contexto de las violaciones a los derechos a la tierra y la vivienda. Durante los dos últimos años, el proceso de reconstrucción post-tsunami ha generado enormes pérdidas en muchas personas, las que ya vivían un proceso de pauperización dada sus condiciones de vida y las expoliciones sucesivas. El mapa muestra en círculos puntillados la crisis del derecho a la vivienda y la tierra post-tsunami que afecta a comunidades vulnerables en todo el sudeste de Asia, así como en el sudeste de los Estados Unidos con los refugiados del Katrina.


Análisis Regionales desde la BDV, 2006

Europa

Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • Convención Europea sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (2000): Artículo 8(2), Artículo 1 del Protocolo nº 1, Artículo 2(1) del Protocolo nº 4;
  • Carta Constitucional de los Derechos Fundamentales de la Comunidad Económica Europea: Artículo 34.3;
  • Carta Constitucional Social Europea (1961, Enmendado 1996): Artículos 16, 19, 23, 30 y 31; Protocolo Adicional: Artículo 4;
  • Ratificaciones del Estado del ICESCR.

A pesar de que en Europa existe un cuadro bien desarrollado de normas que obligan a los estados a garantizar los derechos a la vivienda, además de los compromisos adquiridos por los estados europeos frente al ICESCR, los gobiernos han fallado a la hora de asegurar y sostener estándares adecuados para todos sus ciudadanos y residentes. En Europa, donde los derechos económicos y sociales rivalizan constitucionalmente con los compromisos de la CEE para desarrollar el mercado, las demoliciones y renovaciones de lujo expulsan a la gente de sus hogares adecuados debido a la segregación social (a pesar de las políticas de “integración social” de la Unión), la reducción de servicios sociales, discriminación racial, protección de inmigrantes y refugiados, incremento de la privatización y globalización del mercado de la vivienda, y al proceso de gentrificación.

Alemania ejemplifica bien estas nuevas tendencias en Europa al introducir su reforma al sistema de seguridad social “Hartz-IV” en el 2005. Esta política impone un nuevo tope en el costo de la asistencia a la vivienda, aún cuando Alemania enfrenta incrementos exorbitantes en el costo de la vivienda. Como consecuencia, 1-3 millones de desempleados potenciales, especialmente aquellos de largo periodo, se hallan bajo la presión de tener que dejar sus hogares porque no se pueden permitir pagar más el arriendo. Aunque el número de desalojos forzosos es limitado en Alemania, está demostrado que presiones legales y extra legales forzadas por el mercado y la política, con características menos violentas, pero no obstante, efectivas a la hora de forzar a sus habitantes a dejar sus viviendas y a formar parte del rango de los nuevos “refugiados del arriendo” en Europa.

La presión más grande es ejercida por “las conversiones de condominio” y otros tipos de propiedad sobre los arrendatarios de bajos ingresos. Desde el 2004, inversores internacionales como Fortress, Terra Firma, Morgan Stanley, Cerberus y otros, han adquirido aproximadamente 600.000 unidades de viviendas sociales valuadas en más de 40 billones de euros solamente en Alemania. Desde 1998, esta conversión representa un valor de mercado de más de 75 billones de euros. Hoy Alemania no tiene más de 3 millones de viviendas sociales bajo control público, 1 millón de las cuales se espera sean vendidas en los próximos cinco años. Actualmente, las asociaciones de inversión inmobiliaria (Real Estate Investment Trusts-REITs), representantes de la tendencia a la privatización y corporativización de la vivienda pública, son probablemente la causa más evidente de violaciones a los derechos a la vivienda en Europa

Los arrendatarios franceses también se enfrentan a una crisis similar de la vivienda. A pesar de que Francia invierte anualmente 20 billones de euros de los fondos públicos para apoyar al sector privado de la vivienda, millones de hogares franceses se esfuerzan por encontrar una vivienda adecuada y que puedan pagar. En el 2005, el mercado de la vivienda francés observó una pérdida estimada entre 500.000 y un millón de unidades de vivienda, incrementando los precios y poniendo otros obstáculos para los habitantes de bajos ingresos. Los arriendos franceses han aumentado en un 87% durante los últimos seis años, mientras que los arriendos regulados se aplican a menos de un 5% de las unidades de vivienda. La mitad de los 5.5 millones de hogares franceses beneficiarios de un subsidio de arriendo, deben recurrir al mercado para encontrar una vivienda. Tanto los patrones de inversión pública como privada han incentivado los arriendos inflacionarios, igualmente han afectado la naturaleza de los titulares de propiedad. Por primera vez, en el año 2005, las corporaciones adquirieron más viviendas que los particulares en Francia.


Norteamérica (Canadá y Estados Unidos)

Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • Carta Constitucional de Organización de los Estados Americanos (1951);
  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948): Artículo 9, Artículo 23;
  • Protocolo de Buenos Aires (1968);
  • Protocolo de Washington (1994);
  • Declaración Americana de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente (2003);
  • Acta de la Constitución Canadiense, 1982: Sección 36 (1);
  • Ratificaciones del Estado del ICESCR (Canadá);
  • Ratificaciones del Estado del ICERD (Canadá, Estados Unidos).

En Norteamérica, una tendencia particularmente preocupante es el aumento real de la criminalización de los sin-techo en varias ciudades, pese a las disposiciones constitucionales y otras garantías legales, en lugar de formular políticas que se orienten a la raíz del problema. En los Estados Unidos, 3.5 millones de personas, de las cuales 1.35 millones son niños, son personas sin-techo. Casi uno de cada siete hogares está en riesgo, con 14.3 millones de ellos gastando más del 50% de sus ingresos sólo en vivienda[3]. En el 2005, una mayoría de 24 ciudades encuestadas mostraron un incremento del 6% en peticiones para refugios de emergencia, el 14% del total no obtuvo solución aún cuando el 32% de estas demandas son efectuadas por familias sin-techo. En ese mismo periodo, las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno nacional redujeron los subsidios de vivienda para las personas de bajos ingresos a partir el 2001, mientras que simultáneamente se acordaron reducciones de impuesto a los ciudadanos más adinerados[4]. La disponibilidad de viviendas públicas y privadas a bajo costo ha disminuido en 300.000 en todo el país en los últimos diez años. Para exacerbar la situación están los miles de refugiados del huracán Katrina que todavía están sin hogar, de los cuales, unas 300.000 personas de bajos ingresos, de las cuales 50.000 siguen viviendo en hoteles y moteles a la espera de viviendas alternativas.

A pesar de que Canadá es un estado de bienestar con uno de los PIB más altos de los países desarrollados, y con una población comparativamente pequeña, el problema de los sin-techo sigue existiendo. Al igual que en Europa, la falta de viviendas de bajo costo, la gentrificación, la disminución de los recursos destinados a viviendas sociales y la privatización de los bienes públicos y servicios conducen a un deterioro en las condiciones de vida. En la provincia de Ontario, 60.000 personas son desalojadas anualmente por no poder pagar los exorbitantes arriendos. En el 2004, el gobierno de Ontario sólo construyó 18 nuevos hogares asequibles para toda la provincia, mientras que las iniciativas de la sociedad civil y los movimientos cooperativos intentan dar solución al déficit habitacional[5].

En todo Norteamérica los indígenas siguen luchando por preservar sus tierras contra el proceso continuo de desposeimiento llevado a cabo por el gobierno y los privados[6]. Los indígenas que migran hacia las ciudades deben enfrentar una extrema marginalización y múltiples discriminaciones, aumentando el número de los sin-abrigo.


Asia

Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • Ratificaciones del Estado del ICESCR y el ICERD

En todo el continente, los gobiernos locales han llevado a cabo proyectos de refacción con el propósito y/o el efecto de desalojar y desposeer a los residentes urbanos más marginales en Asia. Por ejemplo, la operación de renovación de Mumbai (“Makeover Operation”) ha dejado 400.000 personas sin hogar, sin que sean relocalizadas o compensadas económicamente. Las violaciones de los derechos del hombre a una vivienda adecuada, bajo las formas de desalojos forzosos, desposeimiento de la tierra de las minorías étnicas, y bajo la forma de desplazamientos internos continúan en Asia: dalias (India), karen (Myanmar), roma (Kyrgystan), jumma (Bangladesh) y camboyanos rurales, así como la gente indígena del Tíbet ocupado. Además, la infraestructura y el desarrollo privado han inducido a desalojos forzados en China, India, Corea y Pakistán, sin mencionar la construcción de la presa de Narmada en India, la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Pekín, la autopista de Lyari en Pakistán, además del agrandamiento de las base militar estadounidense en Corea.

El periodo 2004-06 ha sido marcado por las consecuencias de los desastres naturales y aquellos producidos por el desarrollo. El tsunami de diciembre del 2004, que afectó a todo el litoral sur de Asia, mató a 230.000 personas y desplazó a 1.1 millones. Una investigación del Programa Regional del Sur de Asia de HLRN en Tamil Nadu (India) y Sri Lanka, ha constatado graves violaciones de los derechos a la tierra y la vivienda en las comunidades afectadas, realizadas por el gobierno y los proyectos de rehabilitación implementados por las agencias. La falta de coordinación entre las agencias, la supervisión ineficaz de las autoridades y la ausencia de un marco de los derechos humanos han llevado a un deterioro en las condiciones de vida y a un desposeimiento absoluto de las víctimas más pobres del tsunami. Esto incluye el olvido de las necesidades particulares de la población más vulnerable (por ejemplo, niños, migrantes y mujeres). Como consecuencia se hace necesario restablecer los medios de subsistencia, mientras el hambre, las malas condiciones de salud y la inseguridad continúan afectando a las víctimas del tsunami. Infelizmente, las viviendas provisorias y pobremente equipadas se han vuelto permanentes[7]. Por otro lado, las comunidades pesqueras que sufrieron el embate del tsunami son ahora sometidas a expulsiones forzadas y han perdido su derecho ancestral de acceso a las tierras de la costa.

Los proyectos de presas han empobrecido y desposeído a muchos en el mundo en vías de desarrollo. En casi toda Asia, los proyectos de presas continúan a pesar de las funestas consecuencias y del grave costo humano y medioambiental. El proyecto de presa en el valle de Narmada en India es el más impopular. Cuando esté finalizado habrá desplazado a más de 1.5 millones de los hindúes más pobres, sin contar con la destrucción medioambiental que habrá ocasionado y los estragos a la pesca de río abajo. Por otra parte, aumenta el riesgo de terremotos, bosques sumergidos, propagación de enfermedades por picaduras de insectos y las amenazas a los frágiles ecosistemas. Sólo en el 2006, la edificación de la presa de Sardar Sarovar ha desposeído y desplazado a 35.000 familias (175.000 personas). Pese a la ordenanza de la Corte de reinstalación, las autoridades sólo han restablecido menos del 10% de las personas desplazadas por el proyecto.

Oceanía

Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • Ratificaciones de los Estados del Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (CESCR) y de la Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación Racial (CERD)


Los casos presentados en la Base de Datos de Violaciones de HLRN reflejan la marginalización permanente del pueblo autóctono de la región, y la necesidad imperativa de proteger a sus habitantes contra los desalojos forzosos (por ejemplo, en Australia). En toda Oceanía las mujeres se enfrentan a obstáculos para ejercer la igualdad de su derecho de ocupación, incluido el de la transmisión y la plena propiedad. La perspectiva de género de los derechos a la tierra y a la vivienda en las sociedades tradicionales insulares ha sido destacada en la consulta regional con los Relatores Especiales de la ONU sobre vivienda adecuada, en octubre del 2003, así como en la reciente movilización de mujeres contra la violencia que resulta del conflicto por la tierra[8]. Aún cuando la sociedad civil en Oceanía realiza numerosos intercambios con otras regiones, los obstáculos logísticos impiden frecuentemente la necesaria interacción entre redes y el intercambio de informaciones.


Latinoamérica y El Caribe


Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • Carta Constitucional de la Organización de Estados Americanos (1951) y Protocolos de Buenos Aires (1967) y Washington (1992);
  • Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) y Protocolo de San Salvador (1988);
  • Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre (1948): Artículo 9, Artículo 23;
  • Declaración Americana de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente (2003);
  • Ratificaciones del Estado del ICESCR y del ICERD.

Los conflictos por la tierra han sido las causas principales de violaciones a los derechos a la vivienda en Latinoamérica y El Caribe, afectando tanto a comunidades indígenas como locales. Frecuentemente, como en el caso de Para, las comunidades brasileñas son sumariamente expulsadas por un demandante de tierra por correspondencia, pese a las medidas constitucionales que protegen la “función social” de la tierra, o por el estado y las sociedades privadas anónimas para empresas de desarrollo. Muchos estados de esta región, incluyendo Brasil y Ecuador, tienen leyes que habilitan a los ocupantes de tierras a reclamar sus derechos sobre éstas, pero el proceso es ineficiente y puede fallar a la hora de proteger a las comunidades de una expulsión inminente. Las comunidades de Atenco, Chiapas y La Parota en México luchan por su derecho a ocupar sus tierras y vivir en sus comunidades.

Por otra parte, los conflictos armados todavía son una causa de violación de los derechos a la vivienda y a la tierra en la región, mientras que grupos armados en Colombia siguen causando desplazamientos violentos al realizar desalojos forzosos. La refacción de las ciudades y la privatización de las tierras públicas han llevado a limpiar las poblaciones más miserables y a despoblar villas, afectando a las comunidades urbanas, rurales e indígenas en todo el continente.


Oriente Medio y Norte de África


Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • La Declaración de Rabat (1995);
  • La Declaración de Manama (2000);
  • La Carta Árabe Constitucional sobre los Derechos Humanos (2004): Artículos, 1, 2, 26, 31, 34, 37 y 38 (no vigente)
  • Ratificaciones del Estado del ICESCR y el ICERD.

El conflicto, la ocupación, la guerra y la privatización son las principales causas de violaciones en la región de MENA (Middle East North Africa). La colonización y la ocupación permanente de Palestina por Israel representa el caso más notable de violación, manteniendo la población de refugiados más grande del mundo (5.5 millones de palestinos). La demolición de viviendas palestinas por parte de Israel es un hecho cotidiano, a pesar de que es una violación flagrante de las prohibiciones legales e internacionales de los derechos humanos. Desde finales del 2000, Israel ha demolido más de 6.000 hogares palestinos en Gaza y en Cisjordania.

Además de este ataque y de la constante implantación de asentamientos judíos por toda Palestina, la construcción del muro de separación entre Cisjordania y Jerusalén continúa desposeyendo a los palestinos de una forma colectiva e individual. En el 2004, la Corte Internacional de Justicia estatuyó que fuera de las fronteras de Israel y, por lo tanto de su jurisdicción, el muro, su régimen asociado y los asentamientos israelíes son ilegales.

De la misma manera, en el 2004 la Asamblea General reclamó al Secretario General de Naciones Unidas el establecimiento de un registro de los daños inherentes al Muro, así como las correspondientes reparaciones y la obligación de Israel de quitar el muro. Mientras el número de gente desplazada por el muro sigue aumentando, no existe un registro ni siquiera un proyecto, de acuerdo a las resoluciones de la AG.

Por otra parte, los estados miembros de las Naciones Unidas y otras partes no se enfrentan a ninguna sanción cuando no cumplen con sus obligaciones públicas legales: 1. no reconocer el muro o su régimen asociado; 2. no prestar ayuda o asistencia y permitir el mantenimiento de esta situación; y 3. asegurar la obediencia de Israel a las leyes humanitarias internacionales.

La injustificada destrucción de la propiedad civil, de las tierras y de la infraestructura en la invasión al Líbano en julio del 2006, desplazó a 974.184 personas, 256.184 de las cuales permanecen desplazadas y más de 3.000 se hallan sin techo. Las fuerzas israelíes han dañado seriamente o destruido entre 15.000 y 30.000 viviendas, con un 60% de las ciudades fronterizas destruidas (incluyendo Bint Jubayl y Khiam). Como represalia Hizbullah lanzó cerca de 900 misiles golpeando áreas construidas de Israel y causando daño a 12.000 edificios, especialmente en Kiryat Shemona, Nahariya y Safad.

La ocupación Estados Unidos en Irak ha encendido la chispa de la violencia sectaria, engendrado una nueva categoría de más de 80.000 nuevos desplazados iraquíes[9]. Las operaciones militares, incluyendo los bombardeos aéreos llevados a cabo por fuerzas multinacionales conducidas por los Estados Unidos han provocado la huída de cientos de miles de personas de sus hogares en el periodo revisado (por lo menos 238.000 por el 2004). Además de los desplazamientos, la falta de compensaciones, la ausencia de planes de reconstrucción y la inseguridad permanente representan un obstáculo para cualquier perspectiva de retorno de los desplazados. En el 2004, una comisión de indemnizaciones de la propiedad iraquí comenzó a funcionar para proveer soluciones, pero sólo para los desplazados iraquíes anteriores al 2003, la mayoría de ellos kurdos.

Otros casos presentados en la Base de Datos presentan situaciones de violación que han sido menos favorecidas por la publicidad. Los gobiernos de la región todavía practican el desplazamiento -o lo han comenzado a hacer recientemente- como medio de control social, discriminación institucionalizada, castigo colectivo y/o en nombre de un supuesto desarrollo. Aproximadamente un cuarto de los granjeros egipcios y sus familias (cerca de 6.5 millones de personas) han sido expoliados y se encuentran en la miseria gracias a 10 años de privatización de la tierra impuesta por la Ley 96. La difícil situación de las comunidades pastoriles que luchan por el acceso a los recursos naturales (tierra y agua) son similares de una frontera a otra. Cuando esto lleva a un conflicto trágico, como en Darfur, deberíamos aprender una lección de reconciliación, incluso más allá de las regiones.


África

Normas relativas al derecho a la tierra y la vivienda:

  • La Carta Constitucional Africana sobre los Derechos de los Humanos y las Personas (1986): Artículos 14, 16;
  • Convención sobre el Derecho a la Organización y al Trato Colectivo (1998);
  • Addis Ababa sobre los Refugiados y los Desplazamientos de Población Forzados en África (1994);
  • Nuevas Asociaciones para el Desarrollo de África (2001);
  • Ratificación del Estado del ICESCR y el ICERD.

Durante el periodo 2004-06, el embellecimiento de las ciudades y otros planes de desarrollo, que favorecen a los ciudadanos más ricos, han causado considerables violaciones de los derechos a la vivienda en el África anglófona, francófona y lusa. Éstos han tenido como consecuencia que las autoridades dirijan desalojos forzosos de los habitantes más pobres, en muchos casos sin previa concertación, notificación, compensación o recolocación. Las autoridades comprometidas por el estado y sus asociados internacionales deben reparaciones a millones de afectados en toda África.

Dos de las prácticas más odiosas han ocurrido en Zimbabwe y Nigeria durante este periodo, ocasionando un proceso de empobrecimiento permanente para las víctimas. El alcalde Sekesai Makwavara de Harare apodó la política de Zimbabwe como “Operación Murambatsvina” (“echar fuera la basura”), la cual procedió al desalojo y desposeimiento de 700.000 zimbabwenses.

En Abuja, Nigeria, los desalojos masivos se iniciaron a gran escala en el 2003 con nueve de un total de 49 comunidades ya desalojadas y marcadas como ganado. El gobierno nigeriano justificó sus actos aludiendo al Master Plan de Abuja, el cual busca “embellecer” el territorio de la capital federal. En esta gran y sistemática violación del derecho del hombre a una vivienda adecuada, el gobierno nigeriano según algunas fuentes creó unos 800.000 sin-techo.

Los estados occidentales y las Naciones Unidas han condenado abiertamente las prácticas en Zimbabwe. Muchos otros estados se mantuvieron en silencio. Cuando prácticas similares tuvieron lugar en Angola, Nigeria y otros estados de África, los estados occidentales y los no occidentales y las Naciones Unidas objetaron. Sin una perspectiva global y dado que el comportamiento extraterritorial de los estados carece de coherencia en materia de derechos humanos, nos enfrentamos a un sistema que incentiva a los perpetradores y debilita la protección para todos.

La conservación y la degradación del medio ambiente probaron ser una causa importante de violaciones en África. Kenya, Etiopía, Ghana y Tanzania han realizados expulsiones en nombre de la conservación del medio ambiente. Las comunidades autóctonas y tribales estaban entre los más afectados. En Etiopía, los Mursi fueron desalojados de sus tierras ancestrales del Parque Nacional Omo en nombre de la conservación. Las comunidades expulsadas pierden sus terrenos agrícolas y de pasto, esenciales para su subsistencia e identidad cultural.

Durante este periodo, el alto el fuego y los acuerdos de paz han sofocado algunos conflictos armados que han desarraigado a millones de africanos. El fin del conflicto civil abierto entre el sur de Sudán y Uganda ha hecho surgir una nueva perspectiva de retorno para más de seis millones de civiles desplazados.


Conclusión


Las violaciones de los derechos humanos a una vivienda adecuada han ocurrido en todas las regiones del mundo, a pesar de que muchos estados forman parte del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales y/o de otras obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. Numerosos factores son responsables de esas violaciones como lo demuestra este informe. Las violaciones implican desalojos forzosos, expoliación; la destrucción y privatización continúan siendo las causas más prominentes de violación que privan a la gente de sus derechos a la vivienda y acentúan la pobreza en todo el planeta. Remediar esta crisis exige la colaboración internacional en la defensa y aplicación de los derechos del hombre para una vivienda adecuada en los casos de:

  • privatización de la vivienda;
  • desarrollo de presas y otros proyectos de desarrollo a gran escala;
  • embellecimiento de las ciudades y gentrificación;
  • retorno y medidas de reparación para los refugiados y las personas desplazadas;
  • Asegurar la supervivencia de personas rurales e indígenas en sus tierras;
  • Rehabilitación post-desastre que se funde en los derechos humanos y que aseguren una vivienda adecuada.

La visualización de los casos registrados en el Mapa de alertas rojas del derecho a la vivienda de HIC y en la Base de Datos de Violaciones de HIC-HLRN entregan modelos a escala nacional, regional y global. La documentación reunida por los defensores de los derechos humanos a una vivienda adecuada indica la necesidad de un monitoreo profundo, particularmente a la hora de determinar las pérdidas económicas que demuestran cómo-y cuánto-las violaciones agravan la pobreza. Sin embargo, la Base de Datos contiene algunos casos como el de los desplazados por la presa de Merowe (Sudán) y la histórica expulsión de los refugiados palestinos (1948) que ejemplifican cómo el registro de valores puede contribuir a una evaluación adecuada de las consecuencias materiales, responsabilidades y medidas de reparación que se necesitan para restaurar los derechos. Además se proporciona a los usuarios un campo para que éstos propongan soluciones. La Base de Datos pone el acento en la acción de la sociedad civil, en las transformaciones necesarias y en una solución a problema.

A pesar de que las herramientas presentadas retratan importantes tendencias y patrones globales, no se marca más que el inicio de un proceso para evaluar globalmente las violaciones. Con la Base de Datos de las Violaciones y las iniciativas analíticas como el Mapa 2004-2006 de alertas rojas del derecho a la vivienda, e igualmente gracias a la recolección de datos por el trabajo en red, podremos valorar el progreso hacia la implementación de los derechos humanos para una vivienda adecuada de acuerdo a los ODM, así como con las obligaciones de los tratados y también de nuestra red normativa común.


Para más información, ir a las páginas web de HIC:

hic-net.org / www.hlrn.org / www.hic-sarp.org / www.hic-mena.org




Notas:

[1] Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario General 7, Art.3

[2] Comisión de los Derechos Humanos, Resolución 1993/77, 1; ver además Sub Comisión de la ONU para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Resolución 1998/9 sobre los desalojos forzados, E7CN. 4/SUB.2/RES/1998/9 (20 agosto 1998).

[3] National Coalition for the Homeless, “Report accuses US cities of criminalizing the homeless” en http://www.citymayors.com/society/homelessusa2.html

[4] Ver la Carta Abierta de HIC-HLRN al Presidente George W. Bush (Open Letter to President George W. Bush on Defending), Sección 8 Programa Documento, 4 octubre, 2004 en http://www.hlrn.org/casesfiles/OLtoPresidentBush041004.pdf .

[5] Shapcott, Michael, “Another Year of Housing Failures» en http://www.michaelshapcott.ca/issueshousing.asp

[6] Ver la base de datos de Violaciones de HLRN en http://www.hlrn.org/violation/Caledonia%20History.doc

[7] Comunicado de prensa, “Human Rights of Tsunami Survivors in Tamil Nadu and Sri Lanka Being Violated”, 6 de septiembre, 2005, en: http://www.hic-sarp.org/news_show_user.php?id=39

[8] Amnesty International, “Solomon Islands: Women confronting violence,” puede consultarlo en: http://www.amnestyusa.org/news/document.do?id=F93CD24BC43C122680256F180052B97A

[9] Internal Displacement Monitoring Center, Iraq: sectarian violence, military operations spark new displacement, as humanitarian access deteriorates, 23 Mai 2006.