Principios directrices: No-regresividad / realización progresiva

El Artículo 2 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica la obligación del Estado Parte de asegurar el “logro progresivo” de los DESC. Esto se interpreta comúnmente para significar que el Estado Parte viola esta disposición si tolera o causa “regresión” en el disfrute del derecho. La jurisprudencia relevante ha establecido que, aún en situaciones de escasos recursos, el Estado debe hacer esfuerzos de buena fe, inclusive a través de la cooperación internacional, para avanzar—y no derogar—el disfrute de los DESC, incluyendo vivienda adecuada y sus elementos constitutivos.


Los Comités encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales aclaran que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos o los acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos.[1] La naturaleza obligatoria de un tratado se aclara más en la Conferencia de Viena sobre la Ley de Tratados (1969), que especifica en sus Artículos 27 y 46 que la invocación de una ley interna no es admisible como justificación para la no implementación de una obligación adquirida por medio de un tratado.[2] Para armonizar las obligaciones por tratado con la implementación local, las obligaciones de derechos humanos surgidas de los tratados y la jurisprudencia deben orientar la formulación de las políticas y los procesos de toma de decisión en los Estados legítimos. Por lo tanto, un proceso para realizar los derechos no debe retrocederse, sino debe asegurar la mejora continua de las condiciones de vida (Artículo 11).


Este principio absoluto de la “no regresión” ha sido reafirmado en los Principios Limburg sobre la Implementación del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1986) y los Lineamientos Maastricht (1997),[3] así como múltiples casos de jurisprudencia internacional a través de las funciones de monitoreo del Comité DESC.


Los muchos ejemplos de reformas económicas de la era de la globalización demuestran cómo el retiro del Estado de sus obligaciones de cumplir los DESC puede llevar a la privación. No obstante, el Estado tiene la obligación adquirida de asegurar que las políticas económicas no se vuelva más precaria e insegura para la tenencia, sea por modificaciones políticas domésticas o presiones de un actor externo como una institución financiera internacional. Para garantizar el “logro progresivo”, por lo tanto, es vital asegurar que el derecho humano a la vivienda adecuada forma parte del marco general para la política de desarrollo, sobre todo para orientar los acuerdos de cooperación internacional. Este proceso civilizador requiere mejor coordinación entre los cuerpos gubernamentales relevantes, tales como los ministerios de justicia, finanzas y relaciones exteriores. Esto no sólo por deber doméstico hacia los ciudadanos de parte de los Estados para asegurar que las asociaciones para el desarrollo contribuyen al “logro progresivo”, sino también como una obligación extraterritorial del Estado Parte bajo Artículo 2 del Pacto DESC.


El Comité DESC ha comentado también sobre las “obligaciones esenciales” de los Estados para implementar el derecho humano a la vivienda adecuada. Aclara que, no obstante para el estado de desarrollo del país, se deben implementar ciertos pasos de manera inmediata, además de los principios absolutos de la ley de derechos humanos. Estos pasos incluyen abstenerse de medidas que usurpan el derecho, a la vez de ejercitar de manera positiva prácticas que facilitan los procesos populares de grupos que buscan mejorar sus condiciones, de acuerdo con los elementos específicos presentados arriba.[4]


No regresividad / realización progresiva aplicada a la seguridad legal de la tenencia, libertad del desposeimiento


Las dependencias y agentes del Estado, así como los lineamientos en su política y legislación, deben garantizar que las disposiciones para la tenencia de la vivienda salvaguarden cada vez más la tenencia y garanticen el mejoramiento progresivo del derecho a la vivienda de toda persona que habite un hogar. Esto quiere decir que las nuevas leyes o políticas, así como la tendencia en el comportamiento y prácticas oficiales deben mejorarse y avanzar en dirección de una mayor justicia para todas y todos, al tiempo que protegen a la población más vulnerable o que es víctima de la pérdida o deterioro de cualquier derecho a la tenencia de la tierra o vivienda. Asimismo, significa que dichas partes deben desarrollar mayor capacidad para proporcionar alivio a todas y todos cuantos han perdido sus hogares o refugios.



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[1] Carta de la Presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).


[2] Articulo 27 (Internal law and observance of treaties): “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” Articulo 46 (Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados) dice: “1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”


[3] Texto disponible en http://ip.aaas.org/escrdocs.nsf/.


[4] “Como lo ha reconocido la Estrategia Mundial de Vivienda y otros análisis internacionales, muchas de las medidas requeridas para promover el derecho a la vivienda requieren sólo la abstención del gobierno de ciertas prácticas y un compromiso para facilitar la autoayuda de los grupos afectados. En la medida en que tales medidas se considera que van más allá del máximo de recursos disponibles para el Estado Parte, es adecuado que lo antes posible se haga una solicitud de cooperación internacional de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y los artículos 22 y 23 del Pacto, y que se informe al Comité de ello.” Observación General No. 4, párrafo 10.


Fuente: HLRN Juego de Herramientas, 2005