El
propósito de este informe es analizar la situación de emergencia habitacional
existente en España en término de derechos humanos. En concreto, se estudia la
regulación de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos a partir de los
compromisos jurídicos adquiridos por el Estado y el impacto concreto que supone
para las familias afectadas.
La
investigación está organizada en una introducción y dos grandes bloques. La
introducción describe los principales rasgos de la política urbanística y de
vivienda que han conducido a la actual situación de emergencia habitacional.
El
primero de los bloques, por su parte, se abre con un análisis de la función del
derecho a una vivienda digna y adecuada y de la prohibición de desalojos
arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional
de los derechos humanos y en la Unión Europea. Seguidamente, se describen las
líneas básicas de las políticas que los han concretado, tanto en el ámbito
estatal como autonómico. En este apartado se incluyen algunas respuestas
impulsadas desde las administraciones públicas con motivo de la crisis habitacional
y recomendaciones concretas en la materia dirigidas al Estado español por parte
de distintos organismos estatales e internacionales.
El
segundo bloque pretende paliar la ausencia de datos oficiales sobre el perfil
de las personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria y de la
actitud de las diferentes entidades financieras ante esta problemática.
Con
ese propósito, se exponen los resultados de 11.000 encuestas que reflejan el
impacto concreto de la emergencia habitacional en las familias y de cuatro
entrevistas en profundidad a personas vinculadas a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH).
El
Informe se cierra con un tercer bloque de conclusiones y de recomendaciones
dirigidas a los poderes públicos.
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