El Programa experimental inició en 1989 y concluyó en diciembre de 1992, lapso en el que se atendió aproximadamente a 12000 familias con renta de 0 a 5 salarios mínimos, siendo estas familias distribuidas en 96 Asociaciones Comunitarias de Mutirão en diversos puntos de la periferia de la ciudad de Sao Paulo y afiliadas a la União dos Movimentos por Moradia, UMM.
Así como el Programa tuvo como innovación la participación popular en su elaboración, la distribución de recursos estuvo normada por un Foro Informal entre Gobiernos y OCB.
La experiencia redució los costos de construcción y viabilizó una producción de gran escala, presentándose como una fuerte alternativa de Política Habitacional; generó precedentes para otras iniciativas públicas en áreas sociales, proporcionando resultados altamente positivos en lo que se refiere a proyectos urbanísticos y tipologías habitacionales y controles de los recursos públicos de forma eficiente.
El Estado pasa a no tener más el papel de promotor, transfiriendo a la población que administra los proyectos con eficiencia cuando los procesos administrativos, constructivos y democratizando la ejecución de todo el Programa.
La Experiencia ayuda a consolidar las propuestas de las OCB’s y direcciona a los Movimientos de Moradía para los principios cooperativos y autogestionarios causando un impacto a nivel nacional con la formulación de un Proyecto de Ley para que la propuesta pueda expandirse a todo el país como alternativa habitacional y como programa de gestión de recursos.
Para la entrega de la Ley al Congreso Nacional la movilización popular fue bastante intensa consagrándose una lucha institucional para el cambio de rumbo por parte del Gobierno Federal en la Solución de la problemática de vivienda.
A partir de 1993 cambia el Gobierno Municipal y el programa se ve interrumpido por la Prefectura que invierte los recursos públicos hacia iniciativas privadas, significando que cerca de 8000 viviendas quedan inconclusas y que las organizaciones comunitarias no postulen al programa por los siguientes 4 años.
La UMM, como órgano federativo, buscó realizar debates y presionar al Gobierno Municipal, sin resultados para que modificaran la estrategia. Se propuso al Gobierno del Estado un programa similar, el cual fue anunciado en septiembre de 1995, pero que no fue ejecutado debido a la falta de voluntad política.
Esta experiencia, al ser la primera de su clase, presentó algunos obstáculos, principalmente administrativos debido a procesos extremadamente burocratizados, pero impulsó positivamente a un desarrollo tecnológico, político y comunitario en lo relativo a la definición de una política habitacional que atienda efectivamente las necesidades de la población de baja renta. También causó reflexión por parte de todos los agentes involucrados en cuanto al papel del Estado frente a las problemáticas sociales y aportó para que éste tenga un papel facilitador respecto de iniciativas populares.