esumen ejecutivo
En 1989 Ciudad Alternativa inició un proceso con un grupo de familias que habitaba el edificio de la antigua incineradora de basura de la ciudad de Santo Domingo, quienes construyeron sus casuchas con materiales de desecho, en los distintos niveles del viejo edificio, incluyendo su sótano. El ambiente era oscuro y asfixiante, por lo que la gente de los alrededores los denominaban los «topos»
El ayuntamiento de la ciudad, propietario del inmueble, lo había donado a una congregación religiosa y el gobierno, siguiendo su política en materia de vivienda, pretendía desalojar a las familias sin reubicarlas en otro lugar.
En esta situación es que dichos moradores se acercan al Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), quien les recomienda a su vez solicitar apoyo y asesoría de Ciudad Alternativa.
En un primer momento, a través de bienes nacionales, entidad encargada de estos casos, El Gobierno ofrecía entregar a cada familia únicamente un cheque cuyo valor oscilaba entre los RD$300,00 y RD$500,00 (US$30,00 y US$50,00 a la tasa de cambio de entonces), para ser desalojadas del lugar, pero los moradores lo rechazarón.
Se inicia entonces un proceso de negociación, para conseguir una oferta satisfactoria. Los mismos moradores, con apoyo de COPADEBA y Ciudad Alternativa, realizan un censo de las familias que habitan el edificio, con el fin de precisar las informaciones sobre su situación. Es así como se determina que el número de familias es 108 y no más, como se pretendía en un censo realizado por Bienes Nacionales.
En las asambleas se formularon cuatro posibilidades de negociación con el estado:
1º. La remodelación del antiguo edificio de la incineradora, dándole condiciones de habitabilidad.
2º. Convertir el edificio abandonado, de una antigua destilería de ron, en edificios de apartamentos.
3º. La entrega de apartamentos en Guachupita, barrio vecino de la incineradora. Y
3º. La entrega de solares, para un proyecto de autoconstrucción de viviendas.
Después de múltiples visitas y confrontaciones, durante varios meses, los moradores lograron llegar un acuerdo con Bienes Nacionales, mediante el cual se les asignaría a cada familia un lote de Pantojas, un proyecto estatal en la periferia de la ciudad. El acuerdo incluía la entrega de materiales para la auto – construcción de 108 viviendas provisionales. La mano de obra la pondrían los moradores, y COPADEBA y Ciudad Alternativa prestarían sus servicios de asesoría para la construcción, administración de recursos y organización de los trabajos.
El proyecto se llevó a cabo en dos años, debido fundamentalmente al retraso en la entrega de los materiales necesarios por parte de Bienes Nacionales.
El mismo constituye en Santo Domingo, la primera experiencia de coordinación entre moradores, una organización popular y una ONG con el estado, para un proceso de este tipo.
Es una excepción en la política de desalojos del actual gobierno del Dr. Balaguer que, dentro de su política de renovación urbana, ha desalojado, tirándolas a la calle o a un solar, en el cual se arrojan todos los enseres de la familia junto a ella, demoliéndole su vivienda ese mismo día y sin permitirle construir su vivienda antes de ser llevada allí.
En ese sentido, esta experiencia nos deja una serie de lecciones para las políticas de vivienda, sobre todo a nivel local, entre las cuales destacan la necesidad de que el gobierno construya un entorno favorable para la inversión de la empresa privada en materia de vivienda y deje de participar directamente en su construcción; que el Gobierno junto a la sociedad, busque alternativas para subvencionar directamente a las familias más necesitadas y no a la vivienda misma.
Por igual, las ONGs requieren buscar alternativas cada vez más innovadoras de coordinación entre los diversos sectores involucrados en la cuestión de vivienda, para aportar a la creación no sólo de un entorno favorable a la solución del problema, sino además, favorable a su articulación con cambios más globales relacionados con el desarrollo de los sectores desfavorecidos y de las instituciones de la democracia.
Conclusiones
a) La experiencia del traslado de la incineradora a Pantojas, constituye una excepción y no una ruptura de la política oficial de desalojos.
Esta conclusión a que arribamos, que era una de nuestras hipótesis de trabajo, se confirma incluso con la continuación de la «política de desalojos» en el mismo proyecto de Pantojas. La generalidad de las familias que llegaron en calidad de desalojados al barrio, lo hicieron en condiciones de extrema precariedad, de acuerdo a los procedimientos de la política oficial de desalojos.
En ese sentido la experiencia de la Incineradora no tuvo impacto alguno en la política oficial del Gobierno, con relación a la vivienda. Si en algunos actores del estado, de manera individual y en algunos cambios que se señalan a continuación.
b) El proyecto incidió para el logro de un cambio significativo, en los antiguos moradores de la Cenicera.
Sin embargo, a nivel de su cultura política, se requieren mayores niveles de ruptura e iniciativa, para enfrentar los retos que tienen pendientes, sobre todo en torno a la vivienda. Aunque hay que tener claro que estos cambios son a mediano y largo plazo.
Este grupo de familias es el único que ha logrado una reubicación con las condiciones descritas, en la ciudad. Los demás, que se han encontrado en situaciones más o menos similares, han sido expulsados o trasladados a otros lugares, con diversos grados de violencia y ausencia total de participación.
Hay que señalar que este proyecto, es el único de autoconstrucción de viviendas populares, en la experiencia dominicana, en el cual participan los moradores afectados, el Estado, una organización popular y una ONG, en coordinación mutua.
c) Pantojas demuestra que los pobres, de la cultura de la pobreza puden participar, más allá de la organización formal.
Eso los convierte en sujetos de participación. Y nos plantea un segundo problema sobre las posibilidades de participación democrática de la población no organizada, que es la mayoría del país. Este asunto podría ser un punto común de trabajo entre gobiernos locales, ONGs y organizaciones populares.
Pero también es un problema que cada una debe atender de manera particular y cuestionarse como ofrecer una participación democrática a esta población que no pertenece a ningún espacio formal? Este es un problema que trasciende los límites de nuestro país.
d) La claridad de los roles y objetivos es fundamental para entender el papel de los actores y establecer las coordinaciones necesarias para el éxito del proyecto.
En ocasiones el rol desempeñado por los actores no es el adecuado y debido a ello, ocurren conflictos en su relación. Un ejemplo sería el rol del Estado Dominicano en la actualidad, como productor de viviendas, papel que entra en con los intereses de la mayoría de la población y el rol que deberían jugar las empresas privadas de construcción.
Sin embargo la claridad de los objetivos, por parte de los moradores, la congregación beneficiada del edificio, la ONG y la organización popular, permitió que el proyecto lograra parte significativa de sus objetivos.
e) El desarrollo de las capacidades de participación, implica una inversión en los proyectos de vivienda que va más allá de la inversión en infraestructura.
Este desarrollo contribuye con el crecimiento del potencial democrático y los procesos de ciudadanización, de la población. De ahí que haya la necesidad de explicitar los costos de infraestructura y educativos., de manera diferente, en cada proyecto. Pero por igual, que los proyectos vinculados a la cuestión de vivienda, incluyan este componente y no se limiten a la infraestructura en sí.
f) Existe un modelo de Estado, centralizado, paternalista y constructor, que consubstancial con el desarrollo de un empresariado parasitario, cuya alianza obstruye el desarrollo del mercado de vivienda.
Esta complicidad entre Estado y un sector del empresariado, dificulta el desarrollo de un mercado de la vivienda que oferte precios competitivos a los demandantes. De ahí que sean tan altos los costos de alquiler y de construcción de viviendas en Santo Domingo.
Esta situación entra en crisis con la globalización de los mercados, que demanda de fuertes cambios en la estructura productiva y política interna. En ese sentido cabe plantearse la pregunta de que tipo de Estado promueven estos cambios?
A sabiendas de que el modelo de Estado vigente en América Latina es producto de un desarrollo del capitalismo mundial, específicamente de los Estados Unidos y de que los cambios en el sistema tienden a favorecer siempre en los países ricos contra los países pobres, no sería este nuevo modelo de estado, una renovación de las estructuras de explotación revistas de modernidad?
Y si es así, cuál es el papel a jugar por las organizaciones de la sociedad, en ese sentido? La respuesta se orienta en la necesidad de no reducir la modernización a un proceso económico y tecnológico. Y en ese sentido, enfatiza su dimensión política, que incluye una transformación y profundización de la democracia, haciéndola más participativa.
g) Un significativo factor de éxito para el proyecto, lo constituyó el acuerdo existente entre los beneficiarios de la edificación (las Hermanas Adoratrices) y los moradores de la misma, en torno a la necesidad de lograr una justa reubicación.
Este grupo es el único que ha logrado una reubicación con estas características en la historia dominicana. Los demás, que se han encontrado en condiciones más o menos similares, han sido expulsados o trasladados a otros lugares, con diversos grados de violencia y falta de participación.
Hay que señalar que este proyecto, es el único de autoconstrucción de viviendas populares, el cual participan Estado, una organización popular y una ONG; estos dos últimos pasaron a apoyar frente al primero este acuerdo.